WASHINGTON.- La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles una resolución que condena la violencia del Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, donde la opositora Alianza Cívica llamó a la población a realizar marchas y protestas para conmemorar el jueves los "100 días de resistencia cívica".

La resolución legislativa norteamericana fue patrocinada entre otros por los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo y el demócrata Albio Sires, conocidos legisladores hispanos.

El texto "condena la violencia, persecución, intimidación y asesinatos de manifestantes pacíficos por parte del Gobierno de Nicaragua" y llama a Estados Unidos a seguir condenando las "atrocidades" en el país centroamericano.

Pide además "identificar a aquellos cuya implicación en esta violencia los cualifique para la imposición de sanciones" bajo la Ley Global Magnitsky, que permite al Gobierno norteamericano sancionar a acusados de violar los derechos humanos.

Esta ley fue la utilizada por la administración Trump para imponer el pasado 5 de julio las primeras sanciones en el marco de la actual crisis contra tres funcionarios del círculo de confianza de Ortega y su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo.

La crisis en Nicaragua estalló el 18 de abril y a la fecha ha dejado más de 350 muertos y unos 2.000 heridos, así como cientos de detenidos y desaparecidos, de acuerdo con ONG de derechos humanos. El Gobierno sólo registra 56 muertes.

Mientras, en Managua, la opositora Alianza Cívica llamó a la población a participar en una "jornada de resistencia" nacional mañana jueves, que incluirá marchas, mítines y encuentros artísticos bajo el lema "100 días sembrando libertad", en alusión a las protestas que estallaron el 18 abril pasado.

"Estamos más seguros que nunca que conquistaremos una Nicaragua libre, justa y democrática", indicó un texto leído por estudiantes, empresarios y profesionales miembros de la coalición.

En tanto, el conocido sociólogo y economista Oscar René Vargas denunció que existe una orden de captura en su contra, por lo que decidió abandonar su domicilio para evitar ser arrestado.

Vargas, de 70 años, declaró a dpa que allegados le avisaron de la presunta orden de arresto, aunque no ha recibido un aviso oficial. En los últimos días, el sociólogo hizo comentarios sobre la situación política en programas de televisión independientes.

También el secretario ejecutivo de la ONG Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, denunció que él y su familia han recibido amenazas de muerte anónimas.

Julio Montenegro, asesor legal de la CPDH, acusó a la Policía de aplicar torturas a opositores que han sido detenidos por participar en protestas, entre ellos a los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos el pasado 13 de julio.

"Tenemos fotografías, videos y las versiones de personas dentro (de la Cárcel Modelo, al norte de Managua) y se nos dijo que Mairena estaba golpeado, renqueando, en malas condiciones de salud", dijo.

Los campesinos fueron llevados el 17 de julio a audiencia judicial preliminar, sin abogado defensor, donde se les acusó por asesinato, terrorismo y crimen organizado. Mairena es representante de la Alianza Cívica en el diálogo nacional, actualmente en suspenso.

Según Montenegro, ya entonces Mairena y Mena habían sido "golpeados y torturados" por un policía identificado como "Carlos el Chacal". Nadie en el juzgado observó heridas o moretones en sus brazos porque "el sistema que se emplea es para no dejar marcas", comentó.

Dijo que la CPDH estudia más de 80 casos de lo que considera prisioneros políticos, entre ellos estudiantes, campesinos y ciudadanos en general, detenidos "de manera ilegal" por paramilitares, pues sólo la Policía puede realizar arrestos.

El Gobierno no ha informado cuántos opositores están actualmente en prisión ni cuántos han sido enjuiciados. Esta semana, la ONG Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH) denunció la captura de 758 personas en dos días.

Por su parte, el Instituto de Medicina Legal (IML), adscrito al Poder Judicial, confirmó hoy que una estudiante brasileña fallecida el martes en el país murió por un disparo de arma de fuego.

El IML realizó una autopsia al cuerpo de la joven y determinó que falleció por una "herida por proyectil de arma de fuego en tórax y abdomen", informó el canal privado 100% Noticias, que publicó el documento.

La sudamericana fue baleada la medianoche (local) del lunes por desconocidos en la entrada del barrio Monserrat de Managua y murió en la madrugada del martes en un hospital capitalino.

Gonzalo Carrión, asesor legal del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh, independiente), dijo que la joven fue atacada en una zona protegida por paramilitares que resguardan las casas de varios funcionarios del gobierno, entre ellos Francisco López, vicegerente de la petrolera venezolana-nicaragüense Albanisa.

El Gobierno de Brasil exigió el martes a Nicaragua una investigación exhaustiva de lo ocurrido y convocó a su embajador en Managua y a la embajadora nicaragüense en Brasilia.

Desde hace más de dos meses, tras el estallido de protestas sociales contra el presidente Ortega, fuerzas paramilitares han sido desplegadas para actuar contra manifestantes opositores.

El Gobierno ha negado que dirija o maneje a esos grupos irregulares, pese a que éstos actúan a menudo en conjunto con la Policía Nacional, según consta en numerosos videos y fotografías.

FUENTE: Gabriela Selser / dpa

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