CARACAS.- Texas implementará en pocos días una nueva legislación que obliga a los alguaciles de los condados a colaborar formalmente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que ha reavivado el debate nacional sobre seguridad pública y derechos civiles.
A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor en Texas el Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8), una normativa que exige a los alguaciles de los condados que operan cárceles —o que contratan servicios privados para su administración— firmar acuerdos de cooperación con el ICE bajo el programa federal 287(g), que consiste en reforzar la colaboración con socios del orden público estatales y locales.
De acuerdo con el texto legal, “el alguacil de cada condado que opere una cárcel o contrate a un proveedor privado para operar una cárcel deberá solicitar y firmar un acuerdo de aplicación de la ley de inmigración”, lo que permitirá a funcionarios locales hacer cumplir ciertas disposiciones de la ley federal migratoria bajo supervisión de ICE.
La ley también contempla la entrega de subvenciones estatales para facilitar la implementación del programa, con montos que oscilan entre 80,000 y 140,000 dólares, según la población del condado. Los condados con menos de 100.000 habitantes recibirán 80.000 dólares, mientras que aquellos con más de un millón de residentes podrán acceder al monto máximo.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) surge de la Sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que autoriza al ICE a delegar funciones migratorias específicas a agencias policiales estatales y locales. El programa fue suspendido en 2012 tras investigaciones por detenciones ilegales y redadas indiscriminadas, pero ha sido reactivado durante la administración del presidente Donald Trump, según detalla el propio ICE.
“El Programa 287(g) le permite a ICE mejorar la colaboración con socios del orden público estatales y locales para proteger el país mediante el arresto y remoción de extranjeros que socavan la seguridad de las comunidades”, señaló la agencia federal en un comunicado.
El programa contempla varios modelos de aplicación, entre ellos el Jail Enforcement Model (Modelo de cumplimiento de la ley en la cárcel), enfocado en identificar a inmigrantes detenidos con antecedentes o cargos criminales; el Task Force Model (Modelo de grupo de trabajo), que permite a oficiales locales ejercer autoridad migratoria limitada durante patrullajes; el Warrant Service Officer (Oficial de servicio de orden), que autoriza la ejecución de órdenes administrativas de ICE en cárceles locales; y un modelo específico para jurisdicciones tribales.
Amplia presencia a nivel nacional
Según datos oficiales del ICE, al 28 de diciembre de 2025 existen 1,255 Memorandos de Acuerdo 287(g) activos en 40 estados del país. Estos incluyen acuerdos con más de 140 agencias bajo el modelo carcelario, más de 440 bajo el modelo de órdenes administrativas y 669 agencias bajo el esquema de fuerzas de tarea.
Con la entrada en vigor de la SB-8, Texas se suma de forma más activa a esta red de cooperación migratoria, en un contexto de creciente polarización política sobre inmigración y control fronterizo en Estados Unidos.
FUENTE: Con Información de AS USA Latino