El presidente tiene poder legal para buscar una administración eficaz, pero aceptar demandas que buscan torpedear puede constituir abuso judicial, según experto
El presidente Trump firmó las primeras medidas ejecutivas el 20 de enero.
AFP/ArchivoMIAMI.- El presidente Donald Trump ha dictado en poco más de un mes de su segundo mandato cientos de medidas destinadas a reducir la burocracia, sanear el manejo de aportes de los contribuyentes, erradicar la corrupción y brindar seguridad, en lo que se ha considerado un giro radical de la política de EEUU.
Sin embargo, en las últimas semanas, al menos cinco de sus órdenes ejecutivas de mayor impacto, que revierten drásticamente a las de su antecesor, Joe Biden, han sido frenadas o a punto de ser suspendidas por los jueces, en apenas 21 días.
La situación pone bajo escrutinio la actuación de la justicia estadounidense en demandas que comprometen la autoridad constitucional del presidente, para administrar departamentos de su gobierno y prevenir el malgasto de los recursos federales.
“Lo que tiene que ver una corte es si la demanda tiene mérito legal o si es una demanda que busca entorpecer el proceso y la ejecución de los deberes ejecutivos del presidente, lo cual significaría un mal uso y un abuso del poder Judicial”, afirma el abogado Nelson Rodríguez Varela, experto en materia constitucional. “En eso estamos ahora”.
Este martes, la jueza federal de distrito Tanya Chutkan negó la solicitud hecha por 14 estados de bloquear a Elon Musk y al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés) el acceso a los sistemas de datos del gobierno o su participación en despidos de trabajadores.
En la demanda contra la autoridad del DOGE, para acceder a la información oficial, la jueza consideró que, aunque “existen dudas legítimas” sobre la autoridad de Musk, no hay pruebas de daño legal grave que justifiquen una orden de restricción temporal.
Los fiscales de los estados habían alegado que las acciones de DOGE solo pueden ser ejecutadas por un funcionario postulado y confirmado por el Senado, según la Constitución.
Pero no todas las demandas formuladas contra las órdenes ejecutivas de Trump hasta ahora han tenido la misma suerte.
En medio de fuertes críticas, las órdenes ejecutivas firmadas por el presidente se aprecian indispensables.
Con un déficit de 2 billones de dólares y un desbalance sensible en la economía, la reducción de gastos federales no podía esperar. “No es un asunto opcional, es esencial”, dijo Elon Musk, quien desde este martes es Empleado Especial de la Casa Blanca, según un comunicado presidencial, luego de sus últimas actuaciones polémicas frente al DOGE.
Por otra parte, Trump, el mismo día que asumió la presidencia, el 20 de enero, firmó sus primeras órdenes ejecutivas para frenar la inmigración irregular, uno de los principales problemas de EEUU.
Según reportes oficiales recientes, 11 millones de personas indocumentadas viven en EEUU y muchas de ellas ingresaron al territorio por la frontera con México, alentadas por organizaciones criminales que se lograron colar.
Trump se propone, según dijo, devolver la seguridad a los estadounidenses y neutralizar organizaciones criminales trasnacional como el Tren de Aragua, de Venezuela, y carteles del narcotráfico de México, particularmente, a los que catalogó de organizaciones terroristas ante sus negocios con fentanilo.
¿Pero, tienen sus decretos presidenciales fundamento legal?
El presidente Trump tiene la facultad que le confiere el artículo 2, sección 2 de la Constitución para tomar decisiones y prevenir el fraude, hallar el motivo de malgastos de administraciones anteriores y tratar de buscar un gobierno más eficiente y eficaz, asegura Rodríguez Varela.
También, explica, las órdenes ejecutivas pueden ser revisadas por el poder Judicial, como es lo natural en sistemas democráticos.
“Estas pueden ser conocidas por las cortes si se presentan demandas que sean justiciables, serias y con argumentos apropiados. Parte de lo que se trata primero es conseguir que las cortes, de forma preliminar, puedan detener la ejecución de lo que establecen las órdenes ejecutivas”, precisa.
No es tan sencillo demandar.
“Esto es un estándar muy difícil de alcanzar, porque el accionante debe demostrar dos cosas importantes: una, los daños irreparables causados a los demandantes; y dos, que la demanda tenga posibilidad de prosperar una vez que la corte examine los méritos en una audiencia evidenciaría”, explica el experto, al basarse en la ley norteamericana.
“Lo que buscan con esto es que la corte, en forma preliminar, detenga la ejecución de la orden ejecutiva, pero para eso tienen que llegar a un nivel muy alto”, señala.
Sin embargo, advierte que, aunque a la corte le asiste el poder legal para revisar una demanda, el tiempo que transcurre para que una orden se ejecute de manera efectiva “es esencial”, por lo que es importante actuar con probidad.
“Pienso que el presidente actúa dentro de su autoridad, tiene facultad legal para detener el malgasto en función del bienestar del país, conforme a lo que establezca el Congreso, pero “utilizar las cortes para impedir la ejecución de una orden que el presidente tiene la autoridad de dictar es un mal uso y abuso del poder Judicial”, expresa.
Hasta la fecha, unas cinco órdenes ejecutivas de Trump que buscan hacer la administración más eficiente han sido suspendidas por los jueces y habrá que esperar las resoluciones definitivas:
1. La petición de renuncia de empleados públicos. El 10 de febrero, el juez federal de Boston, George O’Toole, suspendió el programa de Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés) de Trump que plantea la renuncia de miles de empleados federales a cambio de indemnizaciones hasta septiembre.
2. Acceso de Elon Musk a declaraciones de impuestos. El juez federal de distrito, Paul Engelmayer, ordenó el 8 de febrero bloquear en forma temporal la orden que permitía a Musk y a su equipo ingresar al sistema de pagos del Departamento del Tesoro, relativa a declaraciones de impuestos y seguridad social, entre otros. Consideró que había “riesgo” con “posibles” daños irreparables, según se informó. La administración Trump considera que hubo “extralimitación judicial”.
3. Recorte del personal de la USAID. El juez de distrito Carl Nichols ordenó el 8 de febrero suspender la medida sobre reducción de personal en todo el mundo. “Nichols insistió en que la Administración Trump no tiene la capacidad legal de poner a ningún empleado de USAID en licencia administrativa”, de acuerdo con reportes. Además, la ayuda a escala global de USAID ascendió 44,000 millones de dólares hasta 2023, último periodo de informes y Trump busca corregir “los despilfarros”.
4. Restringir el derecho a la ciudadanía por nacimiento. El juez federal de Seattle, John Coughenour, suspendió el 23 de enero la orden de restringir la ciudadanía por nacimiento en EEUU, por considerarla “flagrantemente inconstitucional”. A esta demanda se sumaron otras de 22 estados.
5. Traslado de migrantes irregulares a Guantánamo. Un juez federal bloqueó en forma temporal, el 10 de febrero, el traslado de tres migrantes venezolanos detenidos por el Centro de Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Nuevo México, a la base militar en Cuba. Se alegó que los tres detenidos tenían solicitudes de asilo pendientes.
La administración Trump ha afirmado que el primer grupo de venezolanos trasladado a Guantánamo está integrado por miembros del Tren de Aragua.
“Guantánamo es base militar y la parte castrense del gobierno norteamericano puede asistir al gobierno federal a ejercer el cumplimiento de medidas inmigratorias. Hasta qué punto, cuánto tiempo y de qué manera puede mantenerse a una persona presa allí, es lo que está por verse. La idea de hacer esto es proteger a EEUU de estas personas”, afirma Rodríguez Varela.
FUENTE: Entrevista a Nelson Rodríguez Varela, abogado constitucionalista
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