La Asamblea de la Resistencia Cubana reitera acusación de que el régimen de La Habana sería cómplice en el reclutamiento masivo de jóvenes mediante engaños
Ernesto Michel Pérez Alvelaes.
CORTESÍA ARCMIAMI. - La captura de un tercer mercenario cubano en Ucrania por parte de las fuerzas armadas de ese país intensificó el escándalo sobre el reclutamiento de ciudadanos de la isla para combatir junto al ejército ruso.
Este hecho se produce mientras una audiencia en el Congreso de Estados Unidos reveló que cerca de 20.000 cubanos han sido enrolados por Moscú en su ataque al territorio ucraniano.
La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), que ha liderado las denuncias, y su secretario nacional, Orlando Gutiérrez-Boronat, acusaron al régimen cubano de complicidad en una operación que convierte a jóvenes en "carne de cañón".
Las fuerzas ucranianas identificaron al tercer cubano capturado como Ernesto Michel Pérez Alvelaes, de 26 años, originario de Trinidad, Sancti Spíritus.
Según la ARC, que dijo reportar el caso con autorización de las autoridades ucranianas, Pérez Alvelaes trabajaba como obrero en Moscú cuando fue reclutado el 1 de agosto con la promesa de realizar labores de reconstrucción. Sin embargo, fue enviado al frente de batalla.
El joven se entregó a las autoridades de Ucrania tras presenciar la muerte de al menos diez compatriotas. "Me dijeron que iba a trabajar en la construcción, pero era mentira", declaró.
Este caso sale a la luz poco después de que en una sesión informativa virtual convocada por congresistas estadounidenses, la inteligencia militar ucraniana afirmó que han identificado a unos 20.000 cubanos reclutados por Rusia.
Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia militar de Ucrania, aseguró que tienen verificados a más de mil con nombre y contrato. Según estos informes, Cuba se ha convertido en el segundo proveedor de mercenarios para Rusia, solo después de Corea del Norte.
La ARC ha sido protagonista en la denuncia de esta situación desde 2023. Gutiérrez-Boronat acusó a la "dictadura Castro comunista" de explotar al pueblo cubano "enviando jóvenes a morir al servicio de Rusia en un conflicto que no representa los intereses de la nación cubana".
Asimismo, la ARC sostuvo que el régimen cubano recibe bonificaciones por cada cubano que se une a las filas rusas, de manera similar a como lo hace con las misiones médicas.
En julio del año pasado, el propio Gutiérrez-Boronat entrevistó en un penal ucraniano a Frank Darío Jarrosay Manfugás, un maestro de geografía y matemáticas de 35 años, natural de Guantánamo, quien aseguró haber sido enrolado en las filas rusas bajo engaño.
"Cuando vine aquí me sorprendió la guerra. Me dijeron ponte el uniforme, ve aquí y dale para adelante". De acuerdo con su relato en video, las promesas de “trabajo en construcción” se desvanecieron inmediatamente al llegar a territorio ruso.
En una reciente rueda de prensa en Miami, donde participó de forma virtual el parlamentario ucraniano Maryan Zablotskyy, se denunció que entre 200 y 300 cubanos han muerto en combate. Zablotskyy señaló que un 40% de los reclutados son parte del aparato militar de la dictadura cubana.
Las investigaciones muestran que el patrón de reclutamiento se basa en el engaño. A los cubanos, muchos de ellos jóvenes, se les ofrecen salarios de entre 2.000 y 2.500 dólares mensuales para trabajos de construcción o seguridad en Rusia. Una vez en territorio ruso, son enviados a bases militares y posteriormente al frente de guerra sin la preparación adecuada.
Legisladores estadounidenses y autoridades ucranianas coincidieron en que sería "imposible" el reclutamiento de mercenarios sin la complicidad del gobierno de La Habana, que facilita los traslados y la logística.
Durante la audiencia en el Congreso de EEUU se presentaron documentos que incluyen cartas de familiares de reclutas desaparecidos y se mencionó el caso de la primera mujer cubana con un contrato para unirse a las fuerzas rusas.
La postura oficial del régimen de la isla ha sido ambigua. Mientras que en septiembre de 2023 anunciaron la detención de 17 personas vinculadas a una red de tráfico, las declaraciones de sus funcionarios han sido contradictorias.
El vicecanciller Carlos Fernández de Cossío negó la implicación del gobierno, pero el embajador en Moscú, Julio Antonio Garmendia Peña, declaró que no se oponían a que los cubanos firmaran contratos con el ejército ruso.
Ante estas revelaciones, los congresistas cubanoamericanos María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez acusaron al régimen de La Habana de lucrar con el envío de sus ciudadanos a la guerra.
Autoridades y legisladores ucranianos han solicitado que se impongan sanciones económicas a Cuba y que sea designada como un estado promotor del terrorismo por su rol en el conflicto.
Descarga LA APP