Angélica Pacheco evita el juicio al declararse culpable de un cargo menor, luego de que la fiscalía no pudiera sostener la acusación inicial por fraude millonario
Angélica Pacheco, exconcejal de Hialeah, sale de la Corte Federal tras firmar el acuerdo.
CESAR MENENDEZ DLA MIAMI. – Asediada por la presión de la fiscalía, tras casi 18 meses intentando demostrar su inocencia, la exconcejala de Hialeah Angélica Pacheco optó por poner fin a una batalla judicial que, aun ganándola, solo le garantizaba —según su defensa— una victoria pírrica, y aceptó un acuerdo de culpabilidad con el objetivo de recuperar la paz personal y familiar.
Según el acuerdo alcanzado, tras la declaración de culpabilidad, la acusación federal contra Pacheco queda desestimada. No obstante, la exfuncionaria deberá responder por un nuevo cargo de declaración falsa, relacionado con haber asistido a otra persona en la presentación de una solicitud de condonación de un préstamo del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP) que contenía cifras inexactas de nómina, lo que conlleva el pago de 54.000 dólares, según documentos del caso.
Según la sentencia, que fruto de este acuerdo se dictará a más tardar en abril, Pacheco, de 39 años, deberá cumplir un año de libertad condicional y en este período de tiempo no podrá ocupar un cargo público.
DIARIO LAS AMÉRICAS tuvo acceso a documentos judiciales vinculados con la estrategia de la defensa, que describen un caso que pasó de una acusación de gran escala a una resolución mínima en términos penales.
En junio de 2024, Pacheco fue destituida de su cargo como concejala de Hialeah por el gobernador Ron DeSantis, luego de entregarse al FBI tras ser acusada de fraude millonario al sistema de salud.
“Esta decisión ocurre después de que la Sra. Pacheco fuera acusada y arrestada bajo cargos federales que señalan que facturó fraudulentamente a compañías aseguradoras privadas, millones de dólares por servicios médicos no realizados a través de un centro de tratamiento de adicciones”, afirmó entonces el alcalde Esteban Bovo en un documento oficial, en el que también expresó su decepción y manifestó su deseo de pasar la página de lo que calificó como “un capítulo oscuro para la ciudad”.
La acusación federal original sostuvo que, entre 2017 y 2020, en la clínica Florida Life Recovery and Rehabilitation LLC se habría operado un esquema de fraude sanitario y fraude electrónico por cerca de 19 millones de dólares, basado en la facturación indebida de tratamientos para adicciones y otras prácticas presuntamente irregulares.
Según la fiscalía, Pacheco habría sido la beneficiaria real de Florida Life y la responsable efectiva de su operación, aun sin figurar como propietaria formal, al considerar que su esposo actuaba solo como testaferro, porque este último no hablaba inglés.
El expediente incluyó ocho cargos, entre ellos conspiración para defraudar aseguradoras privadas, cinco cargos de fraude al sistema de salud —con 15,4 millones de dólares reclamados y más de 4,2 millones efectivamente pagados— y dos cargos de fraude electrónico vinculados a préstamos federales por COVID-19: un PPP de 86.326 dólares y un préstamo EIDL cercano a 150.000 dólares. A ello se sumaron alegaciones de sobornos a pacientes, uso indebido de medicamentos y desvío de fondos.
El acta del gran jurado afirmó que Pacheco, enfermera de profesión, y otros coacusados establecieron y controlaron Florida Life con fines delictivos.
En el momento de los hechos, Florida Life operaba como un centro de tratamiento de abuso de sustancias en Miami-Dade, ofreciendo servicios de hospitalización parcial (PHP) y terapias ambulatorias (IOP y OP) a no más de diez pacientes a la vez.
La acusación también sostuvo que, con el objetivo de atraer y retener pacientes, se ofrecieron sobornos y pagos en forma de dinero, tarjetas de regalo, vuelos gratuitos y otros incentivos, además del intercambio de pacientes con otros centros para maximizar la facturación a aseguradoras privadas.
Según el acta, Pacheco y sus socios, con el objetivo de mantener a los pacientes tranquilos y asegurarse de que siguieran asistiendo a su clínica, prescribieron y les administraron medicamentos de manera inapropiada, incluidas sustancias controladas.
El origen del caso fue una investigación contra José Santeiro, un médico que era director de Florida Life, de forma simultánea con otras clínicas del sur de Florida como Compass Detox y WAR Network. Esas dos clínicas fueron investigadas durante años y terminaron en juicios por fraude en 2021 y 2022. Florida Life fue investigada en ese mismo periodo; sin embargo, Santeiro ni ninguna otra persona vinculada a esa clínica fue juzgada o acusada por delitos relacionados con Florida Life.
Los 19 millones de dólares del supuesto fraude sanitario atribuido inicialmente a Pacheco se diluyeron a lo largo del proceso judicial hasta quedar reducidos a cero cargos de fraude sanitario.
Documentos revisados por DIARIO LAS AMÉRICAS confirman que cinco cargos de fraude sanitario y el de conspiración criminal fueron desestimados, luego de que el gobierno no lograra demostrar un esquema sistemático, un patrón delictivo ni un beneficio económico ilícito.
Según los expedientes, los hechos citados por la fiscalía se limitaron a episodios puntuales, como un error de facturación correspondiente a un día en que una paciente estaba hospitalizada y ese día se cobró por ella —aunque constaba su ausencia en el expediente clínico—, dos sesiones no documentadas por un terapeuta retirado que cubrió turnos de forma excepcional y errores de cobro en días de ingreso o salida de pacientes.
“No hubo continuidad, ni repetición, ni intención fraudulenta”, sostuvieron fuentes cercanas al caso, al subrayar que ningún paciente declaró haber sido sobornado o engañado y que ningún testigo señaló a Pacheco como directora de un plan criminal.
Ese colapso procesal derivó en un acuerdo de culpabilidad limitado a un solo cargo menor, vinculado a la asistencia en la presentación de una declaración falsa relacionada con un préstamo PPP, sin que se acreditara fraude sanitario ni enriquecimiento personal.
Pese al colapso de los cargos más graves, Pacheco aceptó el acuerdo de culpabilidad para poner fin a un proceso que, según su defensa, no ofrecía un cierre real ni inmediato. Fuentes cercanas al caso explicaron que, aun obteniendo una absolución en un eventual juicio por fraude sanitario, la fiscalía podía mantener abiertas otras líneas procesales o promover nuevas imputaciones, prolongando indefinidamente la incertidumbre personal, familiar y profesional de la exconcejala.
Ante el desgaste emocional, el impacto en su salud y el riesgo imprevisible de un jurado, la defensa consideró razonable aceptar un cargo menor, no carcelario, que garantizara el fin del proceso penal, un año de probatoria y la posibilidad de retomar su vida.
Según las fuentes consultadas, la decisión de Pacheco no fue jurídica sino humana. Tras meses de presión, hospitalizaciones y el impacto en su familia, optó por cerrar el capítulo. “Quería paz”, repitió a su entorno, convencida —según esas mismas fuentes— de que no existió fraude por 19 millones de dólares y de que el propio gobierno no pudo probarlo.
“Tomé una decisión madura al considerar que no todas las batallas se pueden ganar, mucho menos cuando te enfrentas a una institución con poder y alcance ilimitado”, declaró Pacheco a este diario.
La defensa de oficio de Pacheco sostuvo, desde sus primeros escritos ante el tribunal, que se trató de un caso que nunca debió presentarse, al no existir evidencia suficiente para sostener un juicio por fraude sanitario. En esas mociones iniciales, los abogados señalaron que la acusación fue obtenida sin notificación previa a la acusada, sin que tuviera conocimiento ni oportunidad de responder, y que la imputación se apoyó principalmente en el testimonio de un agente del FBI recién incorporado, quien le atribuyó un rol de propietaria de la clínica Florida Life sin respaldo documental.
La defensa subrayó además que la acusación se presentó casi cuatro años después del cierre de la clínica vinculada al doctor Santeiro y de concluida la investigación de Florida Life, coincidiendo con su elección como concejala, lo que dio lugar a alegatos formales de procesamiento selectivo y vindicativo.
En ese contexto, los abogados remarcaron que Pacheco fue la única persona vinculada a Florida Life acusada y, coincidentemente, la única que incursionó en política y se convirtió en una voz de oposición frontal dentro del Concejo de Hialeah frente al entonces alcalde Esteban Bovo; y que, tras anunciarse los cargos y ser arrestada, el gobernador Ron DeSantis la despojó del cargo mediante una orden ejecutiva.
El proceso fue impulsado por la Fiscalía federal del Distrito Sur de Florida, bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La fiscalía se opuso inicialmente a las mociones de desestimación, pero terminó aceptando un acuerdo que reduce el caso a su expresión mínima penal.
Tras firmar el acuerdo, Pacheco agradeció a los abogados de la Oficina del Defensor Público Federal en Miami que la representaron en este proceso legal: Kate Mollison, Christian Dunham y Evan Kuhl.
Un escaño vacante
El desenlace del proceso judicial tuvo consecuencias directas en la política local. En su última reunión, el Concejo de Hialeah acordó retrasar la elección de la vacante del escaño del Grupo II a la espera del resultado del juicio contra Pacheco.
Al declararse culpable, el Concejo de Hialeah optó por nombrar a Luis González para ocupar el puesto vacío desde la renuncia del concejal Jesús Tundidor, ocurrida el pasado 12 de enero.
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