MIAMI.— El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció una propuesta legislativa destinada a combatir las llamadas automáticas, los mensajes de texto no solicitados y las estafas telefónicas que utilizan inteligencia artificial para engañar a los consumidores.
La iniciativa, denominada Ley de Comunicaciones Antispam de Florida, otorgaría a la fiscalía general autoridad para investigar directamente estas operaciones y solicitar su desarticulación.
Uthmeier presentó el proyecto durante un acto celebrado en el centro comunitario Southwest Focal Point, en Pembroke Pines, con especial énfasis en los fraudes dirigidos contra adultos mayores.
Entre las prácticas señaladas figuran la falsificación del número que aparece en el identificador de llamadas, el envío masivo de mensajes desde “granjas telefónicas” y la utilización de voces artificiales para hacerse pasar por familiares, policías, funcionarios públicos o representantes de instituciones financieras.
La propuesta también pretende convertir determinadas comunicaciones fraudulentas, actualmente procesadas en algunos casos como delitos menores, en delitos graves que podrían acarrear penas obligatorias de prisión.
El fiscal general defendió sanciones más severas cuando los responsables suplanten a organismos gubernamentales o utilicen herramientas tecnológicas sofisticadas para alcanzar simultáneamente a miles de personas.
Engaños cada vez más convincentes
Las autoridades destacaron modalidades que incluyen avisos falsos sobre órdenes de arresto, citaciones por incumplir el servicio de jurado, supuestas deudas tributarias y cobros de peajes inexistentes. En otros casos, los delincuentes se presentan como técnicos de compañías reconocidas y solicitan acceso remoto a computadoras o teléfonos.
La inteligencia artificial agrega una dificultad adicional: permite imitar la voz de una persona conocida y fabricar una emergencia familiar creíble. El estafador puede afirmar que un hijo o nieto sufrió un accidente, fue detenido o necesita dinero de inmediato.
Uthmeier indicó que los fiscales estatales recuperaron alrededor de $10 millones para víctimas durante el último año, aunque sostuvo que las autoridades necesitan más herramientas para investigar las redes antes de que desaparezcan o trasladen sus operaciones.
El paquete también contemplaría obligaciones para que las empresas telefónicas autentiquen la identificación de llamadas, interrumpan campañas fraudulentas conocidas y atiendan con mayor rapidez las solicitudes de dejar de recibir mensajes.
Todavía no es ley
El anuncio constituye una propuesta y no modifica de inmediato la legislación vigente. Sus disposiciones definitivas, las penas y el alcance de las nuevas facultades dependerán del texto que se presente y de la discusión en la próxima sesión legislativa.
Entretanto, las autoridades aconsejan terminar cualquier comunicación sospechosa y contactar directamente a la institución mencionada mediante su número oficial. Una agencia policial normalmente no avisa por teléfono que ejecutará una orden de arresto, mientras el Servicio de Impuestos Internos suele iniciar sus comunicaciones mediante correspondencia postal.
También recomiendan desconfiar de toda exigencia de pago inmediato mediante tarjetas de regalo, criptomonedas o transferencias. Ante una supuesta emergencia familiar, lo más seguro es colgar y verificar la situación llamando personalmente al pariente involucrado.