Medicaid
Comenzamos con la proposición SJR 276 Medicaid Coverage, o cobertura de Medicaid, que pide atención médica para personas menores de 65 años, cuyos ingresos no superen el 138% del llamado ‘límite de pobreza’ que estipula el Gobierno federal. O sea, no más de 17.610 dólares al año actualmente.
“La atención médica es un derecho, no un privilegio, y las familias de Florida merecen la tranquilidad de saber que una visita al hospital no les causará problemas financieros”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICA la senadora estatal demócrata, que representa el distrito 40 que está localizado en el sur de Florida.
“Creo en la expansión de Medicaid en nuestro estado porque especialmente ahora, durante una pandemia mundial, muchas familias tienen que decidir entre pagar una factura médica o llevar comida a casa”, subrayó.
Y añadió: “Con esta ley podríamos eliminar la infame brecha de cobertura para más de 850.000 residentes en el Estado del Sol”.
En efecto, Medicaid es la principal fuente de asistencia médica para personas de bajos recursos o discapacitadas, que acuden al Estado para hacerle frente a sus necesidades sanitarias.
Según datos proporcionados por la autoridad estatal, unos 4.4 millones de residentes en Florida cuentan con Medicaid y la media a pagar por cada beneficiario asciende a unos 5.000 dólares al año.
Por ello, se anticipa una fuerte objeción a esta propuesta de ley, que de ser aprobada tendría que contar con el gasto adicional de unos 4.000 millones de dólares (4 billion dollars).
Drones
La SB 44 Drones, que es presentada por el senador republicano Tom A. Wright, de la costa centro este de Florida, plantea que “una persona, autoridad o subdivisión política no debe emplear este tipo de equipo para tomar imágenes de propiedades privadas … sin la autorización por escrito”.
“Me parece muy bien. Es obvio”, opinó el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, quien presta atención al proceso legislativo estatal en Tallahassee cada año.
El letrado destacó que esta ley, si fuese aprobada, afectaría la práctica de “tomar imágenes aéreas por parte de municipalidades para detectar construcciones ilegales”, y que no descarta “la posibilidad de que la toma de imágenes desde satélites”, por parte de empresas tecnológicas, como Google, “sea igualmente cuestionada”.
Récord público
El proyecto de ley SB 400 Public Record, que atiende el siempre controversial tema de los récords públicos, fue modificado. En principio, prohibía a cualquier oficina pública que reciba una solicitud de información en ese apartado presentar “un alivio declaratorio contra el solicitante”, en cuyo alegato se mencionaba “una fecha de vigencia”, lo que se podría afectar la divulgación de esos récords.
Hoy la propuesta, que es presentada por el senador republicano Ray Rodrigues, de la zona de Fort Myers, simplemente plantea que cualquier oficina pública que reciba una solicitud de información en ese apartado no puede responder con una acción judicial contra la solicitud.
“Ninguna agencia gubernamental debe negar información, como fue establecido en principio en la ley estatal en 1909”, expresó el abogado Martínez, quien alabó la gestión del periódico Sun Sentinel, al demandar al gobernador Ron DeSantis por “demorar la publicación de los informes mensuales del equipo federal sobre la pandemia de coronavirus en Florida”.
Al final, el Gobierno estatal tuvo que acceder a tener que publicar los informes, a más tardar dos días después de recibirlo, y pagar 7.500 dólares por honorarios del representante legal.
Menos gobierno
El asunto sobre cómo lidiar con pandemias y daños colaterales estará presente en esta legislatura de múltiples maneras y una de ellas es la propuesta SB72 Liability for Damages Relating to COVID-19, o responsabilidad civil por daños relacionados con el virus, con carácter retroactivo.
Esta ley, si es aprobada, pide “proporcionar requisitos para establecer una acción civil basada en una reclamación relacionada con COVID-19”.
“Hay que tener en cuenta cada una de las 174 líneas que conforman esta propuesta”, manifestó el abogado Martínez.
“Creo que, además de dictar y limitar qué puede ser reclamado por personas y entidades comerciales, el contexto de la ley podría ‘oficializar’ peligrosamente la orden restrictiva del gobernador hacia gobiernos regionales para establecer medidas sanitarias, que limiten el cierre o afecten negocios y conlleven a la pérdida de empleos”.
Pena de muerte
Según varios sondeos realizados en Florida, más del 60% de las personas encuestas no respaldan la pena de muerte por considerarla ‘un acto de homicidio’ y el senador Gary Farmer y el representante Joe Geller, ambos demócratas, vuelven a proponer eliminar este castigo del código penal de Florida.
Es la propuesta SB 568 Death Penalty que probablemente, tal como sucedió en ocasiones anteriores, sea rechazada por la Cámara Baja y el Senado estatal, que cuenta con mayoría republicana y se opone a la prohibición.
Los grupos de trabajo ya tienen en cuenta estos proyectos de leyes, mientras legisladores se preparan para comenzar la sesión legislativa el 2 de marzo.
Presupuesto
No obstante, la gran batalla del Congreso estatal tendrá lugar cuando el presupuesto sea discutido, en medio de la crisis económica que ha provocado la pandemia de coronavirus.
Balancear el presupuesto, sin afectar servicios públicos, será la mayor tarea, cuando se registra una pérdida sustancial de 3.000 millones de dólares, lo que en inglés llamamos 3 billion dollars, sin contar los multimillonarios gastos adicionales asociados con la pandemia.
