Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A

La dispuesta legal presentada hoy por la oficina del abogado de inmigración Mark Prada, corresponde a dos mujeres cubanas, quienes cuestionan la manera en que fueron procesadas al llegar al país. La defensa sostiene que nunca debieron recibir el I-220A, sino un parole, que es la figura migratoria que abre el camino a la conocida Ley de Ajuste Cubano, establecida en 1966, la cual al año y un día de haber ingresado a territorio estadounidense confiere un estatus legal: la residencia permanente a los nacionales de la isla.

La clasificación de las antillanas, según alegan los abogados defensores, no solo fue errónea, sino que colocó a miles de sus coterráneos en un limbo jurídico que les bloquea cualquier posibilidad para obtener su green card ya que el I-220A no concede admisión; únicamente ordena presentarse ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), mientras continúan su proceso.

¿Por qué es tan importante esta audiencia?

El 11 Circuito analiza si la base del conflicto se debió a un error administrativo que dejó a un grupo numeroso sin posibilidad de regularizar su estatus. La representación de Mark Prada sostiene que el procesamiento fue inconsistente: algunos oficiales de la Protección Aduanera y Fronteriza (CBP) aplicaron criterios distintos y muchas personas recibieron la credencial incorrecta sin explicación ni oportunidad de revisión. Incluso señalan que mientras a unos se les permitió entrar con parole, a otros se les asignaron diferentes condiciones migratorias, lo cual presuntamente podría generar un trato desigual.

La vista de hoy busca que el tribunal reconsidere esa conclusión, al menos en los casos donde existió evidencia de procesamiento inapropiado o categorías equivocadas.

Un fallo favorable no solo beneficiaría a las demandantes; también podría convertirse en el precedente que necesitan decenas de miles de indocumentados de nacionalidad cubana en todo EEUU para regularizar su condición actual.

Este no es el único caso pendiente

Paralelo a este estos expedientes, otros litigios avanzan por la misma vía. Uno de los más relevantes es el promovido por la oficina y el equipo de trabajo del reconocido abogado Eduardo Soto, quien representa a 23 solicitantes en una situación similar. La demanda busca que la corte en el sur de Florida reconozca que el formulario I-220A fue utilizado de manera incorrecta y que estos casos puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano.

Tras un avance reciente en ese proceso, Diario Las Américas contactó a su bufete para conocer la fecha de la próxima cita judicial. Informaron que todavía están a la espera de ser convocados, por lo que el procedimiento continúa en curso.

Aunque la comparecencia se realizó fuera del estado de la Florida, el interés en la comunidad cubana en toda la nación es elevado. En Miami —donde cifras oficiales indican que reside la mayor parte de los beneficiarios potenciales— se ha generado gran atención y expectativa. Los profesionales del derecho, activistas e inmigrantes siguen cada paso del procedimiento con la esperanza de que, exista una definición clara sobre el futuro de quienes recibieron un I-220A.

El fallo aún podría tardar semanas o meses, pero esta actualización abre una ventana importante: la posibilidad de que el juez reconozca a quienes fueron identificados bajo un registro que nunca debió utilizarse para determinar su derecho a residir legalmente, permitiéndoles retomar sus vidas sin el miedo constante de tener que regresar a la dictadura de la cual huyeron.

Para muchos, aunque no es la primera señal de que podría corregirse esta decisión gubernamental que dividió familias y frenó la vida de quienes llevan años esperando una respuesta, representa otro paso significativo en la búsqueda de claridad y justicia.