MIAMI.- Un grupo de cubanos exiliados presentó este jueves en Miami un documento titulado Código de Derechos y Libertades [de Cuba], con la salvedad de que no reconocen los cambios a la Constitución que el régimen de la isla llevó ante el Parlamento y que someterá a consulta popular, lo cual, a su vez, ha generado una profunda polémica en el exilio.
Según el periodista y exprisionero político cubano Juan Manuel Cao, que es uno de los promotores del texto que busca reivindicar los “derechos y libertades” de la población de esa nación insular, “no se trata de que estemos proponiendo otra Constitución, sino un compendio de normas que deben prevalecer en cualquier sociedad democrática, y que sirven para educar a la comunidad”.
En palabras de Cao, quien conduce noticieros y un espacio de opinión en América TeVe, el documento “al que se han sumado organizaciones de Cuba y el exilio”, que a su juicio constituyen “una sola oposición”, busca preservar el respeto a los derechos humanos que, desde la óptica de disidentes y analistas políticos, seguirían conculcándose con el proyecto de Constitución promovido por la dictadura castrista.
El texto que “renueva” la Constitución cubana de 1976, bajo el argumento de que la isla ya no forma parte de un bloque de Estados comunistas, y como un mecanismo para “impulsar” algunas medidas de “apertura económica” agenciadas por Raúl Castro, pasará a consulta popular entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre antes de que vuelva al Parlamento a finales de año.
Entre otros asuntos, la Carta Magna que regiría en Cuba establece el reconocimiento de la propiedad privada, autoriza la contratación de personal en negocios privados y abre el espacio para el matrimonio entre personas del mismo sexo, al tiempo que mantiene la preminencia del Partido Comunista de Cuba como la organización que “guía” a la sociedad y con predominio de la empresa estatal socialista.
Por su parte, la opositora Rosa María Payá afirmó que “ese supuesto referéndum no cumple con las garantías procesales porque no hay observación electoral independiente, no hay presencia de la comunidad internacional, no hay acceso al padrón electoral, no podemos hacer un conteo paralelo, no hay libertad de expresión y no hay posibilidad de hacer campaña”.
Payá, que lidera el proyecto Cuba Decide, que propone la realización de un plebiscito vinculante que conduzca a la democracia, dijo que “esta iniciativa [el Código de Derechos y Libertades] coincide con la visión de país que queremos provocar, porque este intento de perpetuarse en el poder de la familia Castro y del grupo de generales responde, entre otras cosas, a nuestro reclamo de que sean los cubanos los que decidan su futuro”.
Agregó que “esta será una iniciativa de la mayoría y de toda la oposición, y de muchos ciudadanos cubanos que ya han empezado a promoverlo a través de correos electrónicos y las redes sociales”.
Más adelante, sostuvo: “La nueva Constitución del régimen es un fraude, una trampa, y no la reconocemos por ser ilegítima, y la comunidad internacional no debería prestarse a este juego”.
La artista y activista cubana Lia Villares, quien se encuentra por estos días en Miami, será una de las encargadas de elaborar cápsulas audiovisuales para hacer "de más fácil comprensión" el código, con el lema "Que no te los quiten, que no te los arrebaten".
Entretanto, el opositor Frank Calzón, directivo del Centro para una Cuba Libre, indicó que mientras "se permite a los homosexuales que escojan a su pareja libremente [tal como lo incluiría la nueva Constitución], los cubanos deberían poder escoger también a su Gobierno o tener un periódico que no esté controlado por el régimen".
Lia Villares
La artista y opositora cubana Lia Villares.
ÁLVARO MATA
El código
Entre otros aspectos, el código propuesto por el exilio versa sobre los derechos a la vida, a la dignidad humana, de asilo, patrio, de Habeas Corpus, a un juicio justo, a la presunción de inocencia, a la propiedad, a la propiedad intelectual, de herencia, a la privacidad, de participación política, de huelga, a la educación y a la asistencia técnica.
En su sección segunda, el texto se refiere a las libertades de pensamiento, de expresión, de asociación, de culto, laboral, sindical, empresarial y comercial, y resalta que “todos los cubanos tenemos todos los derechos y libertades proclamados en ese código, sin distinción o discriminación alguna”.
Dice, además, “que nada en el siguiente código puede interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para suprimir o intentar suprimir los derechos civiles y políticos consignados en este código”.
En su epílogo, contempla un llamado a la comunidad internacional para que "nos apoye en este empeño" y que "se le exija al dictadura de Cuba que cese la violación masiva de nuestros derechos civiles y políticos y de los derechos humanos en general".
No hay esperanzas
De otra parte, una encuesta realizada en la isla caribeña por el Grupo de Estudio de las Dinámicas Sociales-CUBA, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos mostró que el 82% de los cubanos no tiene esperanza de que la situación cambie en esa nación con una nueva Constitución.
De acuerdo con el estudio, solo el 17,66 % de los cubanos considera que la Carta Magna que impulsa el régimen traerá mejoras para sus vidas. Sin embargo, entre los menores de 30 años consultados, la cifra se sitúa en el 14,11%, mientras que el 47,13% no sabe si mejorará y el 35,22% no lo cree posible.
La mayoría de los encuestados, el 57,80%, considera que debería eliminarse el papel rector del Partido Comunista de Cuba, y el 62,32% estima que la nueva Constitución debería permitir el multipartidismo.
