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MIAMI.-El año 2017 arrancó con dos noticias explosivas por parte del alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez: la imposibilidad de financiar las seis rutas del Smart Plan (habría recursos financieros para poner a rodar modernos autobuses por rutas ya establecidas) y, en el plano migratorio, tomar medidas para evitar que el Gobierno federal señalara al Condado como una “jurisdicción santuario”.

En una entrevista para DIARIO LAS AMÉRICAS a principios de este año, el presidente de la Comisión de Miami-Dade, Esteban Bovo, señaló que ese proyecto de transporte masivo y rápido no estaba muerto y que para finales de 2017 habría cerca de 1.000 millones de dólares para invertirlos por lo menos en una de las rutas proyectadas.

Al final, hubo algunos avances en el difícil tema de resolver la crónica congestión vehicular.

Metrorail
El nuevo vagón del Metrorail comenzó a funcionar a finales de noviembre.
El nuevo vagón del Metrorail comenzó a funcionar a finales de noviembre.

El pasado 30 de noviembre se pusieron en funcionamiento los primeros cuatro vagones (en total son 136) que reemplazarán la vieja flotilla de un tren que rueda desde 1984. De acuerdo con Alice Bravo, la directora del departamento de Transporte de Miami-Dade, para finales de 2019 se habrá renovado por completo el Metrorail.

Además, comenzó la construcción de un sitio de parqueo para 500 automóviles, localizado en la calle 12 del noroeste. Esto servirá para que los usuarios del corredor de autobuses de la autopista 836, o Dolphin Expressway, que van hasta el downtown, puedan dejar sus carros durante el día.

Un factor que generó protestas y conflictos entre la administración condal y el sindicato de transporte, fue el anuncio de la privatización de 10 rutas de autobuses y la cancelación de otras tres.

Tal medida se justificó por la reducción de los usuarios de ese servicio y para ahorrar costos. Además, también se redujeron las frecuencias del Metrorail por la misma razón.

De acuerdo con las autoridades del Condado, al bajar el precio de la gasolina, que se mantuvo barata hasta el momento en el que el huracán Harvey afectó las refinerías de Texas e Irma golpeó a la Florida, hay gente que prefiere comprar un auto en lugar de seguir usando el transporte público.

Una encuesta realizada entre el 13 y el 19 de marzo reveló que el transporte, ciertamente, es el tema más sensible y que marca, de manera negativa, la administración de Giménez.

El 75% de los votantes creía que el tráfico cada vez es peor en Miami-Dade. Y los encuestados prefirieron la expansión del transporte público (54%) a la mejora de las vías (28%). Un 60% de los latinos no cubanos defendió la primera opción.

En cuanto al impuesto del medio centavo, las opiniones en Miami-Dade estuvieron divididas. El 48% lo apoyó y el 50% lo rechazó. Los que menos lo apoyaron son los cubanos (32%) y los republicanos (28%). Los blancos no hispanos (67%), los afroamericanos (60%) y los demócratas (78%) defendieron la contribución tributaria, decidida por los votantes en 2002, para desarrollar el transporte en el condado.

La mayoría de los encuestados (78%) rechazó la fórmula de instalar más peajes para financiar la mejora de las vías. Al mismo tiempo, los votantes estarían más dispuestos (48%) a que se incrementara en medio centavo el impuesto a las ventas para mejorar el estado de las calles y autopistas de Miami-Dade.

CARLOS GIMENEZ JUAN PEREZ
<div>El alcalde Carlos Giménez conversa con el director de la Policía condal, Juan Pérez, durante un receso en la audiencia de la Comisión de Miami-Dade.</div>
El alcalde Carlos Giménez conversa con el director de la Policía condal, Juan Pérez, durante un receso en la audiencia de la Comisión de Miami-Dade.

“Alcalde antiinmigrante”

Esa fue la acusación contra Giménez, por parte de organizaciones pro inmigrante, cuando el 26 de enero emitió una directiva en la que echaba para atrás una política en la que el Condado se negaba a obedecer los pedido de ICE (policía de inmigración), a costa de millones de dólares del dinero de los contribuyentes.

En febrero la Comisión desmontó lo que había decidido en 2013 (cobrarle al Gobierno federal por las retenciones de indocumentados más allá del tiempo legal) y en una resolución, patrocinada por la comisionada Sally Heyman, le pidió al alcalde que se asegurara de que el Condado sí estaba colaborando con el Gobierno federal en relación con los pedidos de ICE (“detainers”).

Meses más tarde, el Departamento de Justicia certificó que Miami-Dade cumplía con las leyes federales en el tema migratorio.

Durante todo el año 2017 la reacción de la comunidad indocumentada e inmigrante se hizo sentir en repetidas protestas y manifestaciones.

En varias apariciones públicas Giménez reafirmó que los únicos que serían detenidos por la Policía serían aquellos indocumentados que hubieran cometido algún delito y, por lo tanto, aparecieran en las bases de datos federales. También recalcó que las autoridades policíacas de Miami-Dade no eran agentes de inmigración y que no iban a pedir documentos ni estatus migratorio a los habitantes.

Ninguna escuela con F

El 28 de junio el superintendente del distrito escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, anunció que ninguna escuela en su jurisdicción tenía calificación F.

Y como es su costumbre, tras el anuncio reveló varias cifras impactantes. Según el superintendente, en Miami-Dade el 66% de los colegios calificaron A o B. “Pero lo más importante es que el condado mantiene el 39% de sus escuelas con A, eso es 9% por encima del promedio del estado de la Florida y mucho más alto que el promedio de todos los centros urbanos del Estado”.

También se refirió a los niveles de graduación, que se mantienen históricamente altos, a un nivel del 84%. “Tengo que decir que el fracaso ha sido eliminado y hemos impuesto un record de alto desempeño en el Estado”, indicó Carvalho.

Al tiempo de esa buena noticia, se daba una no muy halagüeña: el nombramiento de un comité especial para estudiar la epidemia de opiáceos, que golpeó también al condado Miami-Dade.

También las cifras revelaron que el VIH-SIDA impactó de manera sustancial a Miami-Dade.

Key Biscayne

Dos temas cerraron el intenso año 2017. La discusión sobre el restablecimiento del salario del alcalde –que en la actualidad es de 150.000, muy por debajo de lo que ganaba su antecesor, Carlos Álvarez, - y que la Comisión dejó en suspenso por tener un alto costo político.

Para ciertos medios de comunicación se trató de que Giménez estaba buscando “que le subieran el sueldo” a niveles incluso más altos que posiciones como la del alcalde de Nueva York o el gobernador de Pennsylvania o la Florida.

Por lo tanto, la respuesta del público no se hizo esperar y varios de los comisionados recibieron llamadas iracundas de su electorado para que se opusieran a cualquier medida que significara incrementarle el salario al edil.

El traslado definitivo al Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, del campeonato internacional de tenis Miami Open, que se celebró durante más de 30 años en Key Biscayne.

Este torneo de tenis en un momento dado fue calificado como el quinto “grand slam”, por su popularidad e importancia.

El certamen tendrá una inversión de 500 millones de dólares, según lo afirmó el dueño del equipo de fútbol Miami Dolphins, Stephen Ross, quien ahora será también el anfitrión de un evento de tenis que podría recuperar el brillo de otras épocas.

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