CARACAS.- El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al régimen de Nicolás Maduro a revelar el paradero de las víctimas de desaparición forzada en el marco de la ola de persecución y represión desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
"Ante instituciones nacionales parcializadas y disfuncionales, las víctimas recurren cada vez más a mecanismos internacionales para conocer la verdad sobre la suerte y el paradero de sus seres queridos, prevenir cualquier daño irreparable a su vida e integridad personal y buscar reparación", señalaron los expertos en un comunicado conjunto.
El grupo de la ONU y la CIDH, que mantienen contacto con la cúpula chavista para tratar los casos de violaciones de derechos humanos, han recibido denuncias reiteradas de familiares, representantes legales y organizaciones de la sociedad civil que "buscan conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos y clientes".
Los familiares, activistas y defensores de DDHH han informado, además, que "sus denuncias y recursos de habeas corpus no están siendo procesados, y en ocasiones, ni siquiera aceptados".
Desaparición forzada, un arma para silenciar
Los expertos denunciaron que la dictadura chavista utiliza la desaparición forzada como un "arma para silenciar" a la disidencia, situación que se ha agravado con el uso sistemático de las denominadas "desapariciones forzadas de corta duración" registradas en el marco de la crisis poselectoral que persiste en el país suramericano.
"El uso creciente de la desaparición forzada como un arma para silenciar a miembros de la oposición, personas percibidas como tales, activistas prodemocracia y personas defensoras de derechos humanos, busca generar un efecto disuasorio en toda la sociedad y se ve alimentado por la impunidad generalizada y la justicia selectiva", sostuvieron.
En el marco de la nueva ola de represión, que ha sido calificada como terrorismo de Estado por organismo internacionales, el grupo de trabajo de la ONU y la CIDH documentaron las detenciones arbitrarias de personas, a cuyos familiares las autoridades niegan tenerlos bajo custodia, ocultan su paradero o las colocan fuera de la protección de la ley. "Estos actos constituyen desapariciones forzadas independientemente de la duración de la detención o el ocultamiento", aseveraron.
Medidas de la CIDH
Los exhortaron a la dictadura venezolana a cumplir con las medidas cautelares otorgadas por el organización interamericana de DDHH y a responder a las solicitudes del grupo de trabajo de la ONU de información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente desaparecidas forzadamente.
Igualmente, lo urgieron a "prevenir, enjuiciar, y erradicar este crimen como una grave violación de derechos humanos bajo el derecho internacional", en el que estarían implicados altos funcionaros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el poder judicial, la Defensoría Pública y la Fiscalía, entre otros organismos estatales.
"A las personas privadas de libertad se les debe garantizar el pleno disfrute de todas las salvaguardias legales fundamentales, incluido el derecho a comunicarse y recibir visitas de sus familiares, abogados o cualquier otra persona de su elección, y a ser presentadas ante una autoridad judicial competente dentro del plazo legal para determinar la legalidad de su detención", subrayaron.
Este pronunciamiento fue celebrado por el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, cuyo yerno, Rafael Tudares, es víctima de desaparición forzada por parte del régimen desde el pasado 7 de enero.
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FUENTE: Con información de comunicado de prensa