Las solicitudes para el nuevo proceso podrán presentarse entre abril y el 30 de junio de 2026, una vez culminados los trámites del Real Decreto que regulará formalmente el procedimiento
Vista de una oficina de Extranjería este martes en Valladolid. El Consejo de Ministros tiene previsto iniciar hoy la tramitación de un real decreto que permitirá la regularización extraordinaria de aproximadamente medio millón de migrantes, concediendo papeles a quien pueda acreditar al menos cinco meses de residencia en España.
EFE/ Nacho GallegoMADRID.- El gobierno de España ha puesto en marcha los trámites para una regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular, una medida que podría beneficiar a cerca de 500,000 extranjeros y que busca facilitar su acceso a derechos, empleo formal y protección social.
El proceso, impulsado tras un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Podemos, arrancará en abril de 2026 y se extenderá hasta el 30 de junio, según informó Infobae.
La iniciativa responde tanto a la presión de organizaciones sociales y del movimiento migrante como a la necesidad de dar respuesta a una realidad demográfica y laboral cada vez más visible.
De acuerdo con estimaciones del centro de análisis Funcas, en España residen actualmente unas 840,000 personas en situación administrativa irregular, lo que equivale al 17,2% de los extranjeros extracomunitarios, una cifra muy superior a la registrada en 2017, cuando se estimaban poco más de 100,000 casos.
La nueva regulación está dirigida principalmente a personas solicitantes de protección internacional que puedan acreditar una permanencia continuada en España de al menos cinco meses antes de presentar la solicitud y que hayan llegado al país antes del 31 de diciembre de 2025. La residencia podrá demostrarse mediante documentación pública o privada, lo que amplía el margen de acceso al procedimiento.
Entre los requisitos establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se incluye no contar con antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público, conforme a los principios del Estado de Derecho.
La autorización concedida será de residencia y trabajo, válida en todo el territorio español y para cualquier sector de actividad. Tendrá una vigencia inicial de un año, tras la cual los beneficiarios podrán incorporarse a las vías ordinarias del Reglamento de Extranjería, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una “integración progresiva y estable”.
Uno de los aspectos más destacados del proceso es la protección de la unidad familiar. La regularización permitirá que hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España accedan simultáneamente a la residencia legal, con una autorización de cinco años. Fuentes del ministerio que dirige Elma Saiz subrayan que esta medida busca evitar situaciones de desarraigo y vulnerabilidad infantil.
En cuanto a los plazos, el gobierno prevé que la tramitación no supere los tres meses, aunque la admisión a trámite, que se resolverá en un máximo de 15 días, habilitará a los solicitantes a trabajar desde el primer momento.
El objetivo es reducir la economía sumergida y combatir la explotación laboral mediante la incorporación inmediata al mercado formal y la cotización a la Seguridad Social.
Desde el Ejecutivo sostienen que esta regularización extraordinaria refuerza un modelo de política migratoria “basado en los derechos humanos, la integración y la convivencia”, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social. Según datos oficiales, la medida no solo beneficia a las personas migrantes, sino también a las empresas, al aportar mayor seguridad jurídica en la contratación y contribuir a reducir la informalidad laboral.
La iniciativa actual se convierte en la séptima regularización extraordinaria llevada a cabo en España. Desde la primera, impulsada en 1986 por el gobierno de Felipe González, que benefició a unas 400,000 personas, distintos ejecutivos del PSOE y del Partido Popular han recurrido a este mecanismo para dar respuesta a situaciones de irregularidad masiva.
La regularización más amplia tuvo lugar en 2005, bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando cerca de 600,000 personas obtuvieron la residencia legal.
Las solicitudes para el nuevo proceso podrán presentarse entre abril y el 30 de junio de 2026, una vez culminados los trámites del Real Decreto que regulará formalmente el procedimiento, según el cronograma oficial.
FUENTE: Con nformación de Infobae
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