Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez mira hacia otro lado después de que la Audiencia territorial alemana de Scleswig-Holstein autorizara extraditar a España al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont sólo por delito de malversación –rechazando el cargo de rebelión–, los líderes del secesionismo catalán han exigido al ejecutivo socialista retirar la causa contra todos los políticos independentitas encausados de desobediencia y de intentar subvertir el orden constitucional.
La actuación de Sánchez ante la decisión de este tribunal alemán –que además ha resuelto que Puigdemont, que reside actualmente en Alemania, siga en libertad– es lamentable e irresponsable, y desde luego es merecedora de una total repulsa.
El Gobierno español tiene la obligación de velar ante sus socios e instituciones europeas por el cumpimiento del principio de reconocimiento mutuo constitucionalizado en el artículo 82 del Tratado de Funcionamiento de la UE, por el que los jueces europeos están obligados a cooperar con la agilización y entrega de personas entre autoridades judiciales que pertenecen a ordenamientos jurídicos diferentes.
Resulta vergonzoso que Sánchez y los portavoces de su ejecutivo se limiten a contestar ante los medios de prensa que es la justicia la encargada de tomar medidas adecuadas, cuando se trata de un hecho grave en la que un juez alemán que apenas ha conocido el fondo del problema que se juzga, se atreva a cuestionar con su resolución a uno de los pilares del Estado de Derecho como es el Poder Judicial español.
Al gobierno del PP se le reprochó en numerosas ocasiones –especialmente durante los días convulsos del referendum catalán– que se encubriera detras de la justicia ante una crisis institucional de semejante calado. Con esa misma vara de medir, resulta inaceptable que el presidente Sánchez y sus ministros sigan mirando hacia otro lado y se conviertan en nuevos rehenes de la judicialización de la política.
El verdadero problema de fondo es el marcado tacticismo con el que Sánchez pretende manipular el clima de entendimiento con los separatistas –la decisión de este tribunal le ofrece no pocas excusas–, disfrazando una falta de capacidad real para impedir un desafío de tanto calibre como es el empeño de los separatistas en la declaración unilateral de independencia y en el insidioso desmontaje del orden democrático en Cataluña.
El programa de desobediencia de los independentistas catalanes avanza a toda máquina, siguiendo una hoja de ruta que intenta enfrentar la nueva república catalana contra la obsoleta España franquista y totalitaria de las cavernas, sin que el Gobierno ofrezca señales firmes para impedirlo.
Para contentar al desafio liberticida de los sepratistas, la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, ha señalado la necesidad de una reforma constitucional y legislativa que recupere los artículos del estatuto regional de Cataluña corregidos o anulados por el Tribunal Constitucional.
Batet con su retórica ambigua y oportunista genera expectativas erróneas. Y su escenificación, pretendidamente contraria a la unidad de España, le delata frente a líderes y organizaciones anarquistas que no respetan las normas básicas de convivencia democrática. Pero sobre todo, como ministra de Política Territorial y Función Pública, incumple sus compromisos con los ciudadanos al despreciar las herramientas que velan el funcionamiento de un Estado de derecho y que exige la máxima lealtad entre instituciones.
La realidad sigue poniendo en evidencias a un gobierno demasiado hipotecado con los partidos separatistas que le apoyaron en su moción de censura.
Pedro Sánchez, utilizando tácticas de encubrimiento político, no puede seguir engañando a la opinión pública en la demagogia constante, fingiendo por un lado defender el orden constitucional mientras negocia a la sombra de una estrategia de entendimiento que oculta incapacidad y falta de proyectos leales y constructivos, condiciones inaceptables con quienes incitan al odio y a la insurrección.
En estas horas difíciles, las decisiones que se tomen entre todas la fuerzas y partidos constitucionalistas, determinarán el futuro de una España reformada y en libertad.
Analista y consultor
