Desde el 11 de marzo, una parte importante de la izquierda chilena ha reaccionado frente al gobierno de José Antonio Kast con un comportamiento que parece más determinado por el rechazo identitario que por el análisis racional de las medidas concretas impulsadas por el Ejecutivo. La discusión en torno a la denominada Ley de Reconstrucción ha sido, quizás, el ejemplo más claro de ello. Antes de leer el articulado, antes de examinar sus efectos económicos o administrativos, y antes incluso de evaluar sus impactos sociales, numerosos dirigentes políticos, economistas, parlamentarios y comentaristas mediáticos ya habían decidido su veredicto. No se trataba de discutir una ley, sino de impedir que el Gobierno obtuviera legitimidad política.
La paradoja es evidente. Muchas de las medidas incluidas en la Ley de Reconstrucción habrían sido consideradas razonables —e incluso necesarias— si hubiesen sido propuestas por un gobierno de centroizquierda hace apenas algunos años. El proyecto contempla reconstrucción de infraestructura, incentivos a la inversión, agilización administrativa, fortalecimiento fiscal transitorio y medidas para recuperar empleo y productividad. Según el mensaje presidencial del proyecto, la iniciativa busca “reconstruir la senda del desarrollo nacional” mediante cuatro dimensiones: reconstrucción física (habitacional), económica, institucional y fiscal.
Sin embargo, el debate político se desplazó rápidamente desde el contenido hacia la demonización moral del Gobierno. Lo relevante dejó de ser si las medidas eran eficaces o no. La cuestión pasó a ser otra: impedir que Kast apareciera como un Presidente capaz de gobernar con eficacia.
En este contexto, las intervenciones del ex ministro Francisco Vidal, que ha devenido en vocero de facto de la izquierda, resultan particularmente ilustrativas. El ex ministro Vidal representa una forma de comunicación política característica de cierta izquierda contemporánea: el uso selectivo de cifras, comparaciones parciales y dramatización discursiva para construir una percepción emocional antes que un juicio racional. Varias de sus críticas sobre la ley han mezclado datos reales con interpretaciones maximalistas, insinuando que toda flexibilización administrativa equivale automáticamente a desprotección social o captura empresarial. El problema no es solo político. Es también retórico. La discusión pública se vuelve imposible cuando el adversario deja de ser considerado un interlocutor legítimo y pasa a convertirse en una amenaza moral absoluta.
Algo similar ocurre con el Partido Comunista de Chile. Desde los primeros días del Gobierno, su oposición no ha sido meramente programática, sino existencial. No se combate solamente un conjunto de políticas públicas; se combate la legitimidad misma de que un proyecto político de derecha gobierne el país. Por eso, incluso medidas orientadas a reconstrucción habitacional, inversión regional o recuperación económica terminan siendo descritas bajo categorías épicas como “restauración neoliberal”, “autoritarismo económico” o “retroceso democrático”.
El fenómeno no es exclusivamente chileno. El filósofo francés Julien Freund advertía que la esencia de lo político aparece cuando el adversario deja de ser un competidor y comienza a ser concebido como enemigo. En esos casos, la política abandona el ámbito prudencial y se transforma en guerra cultural permanente. El problema es que una democracia no puede sostenerse indefinidamente bajo esa lógica. Si toda acción del Gobierno es presentada como ilegítima por definición, entonces desaparece la posibilidad misma de una deliberación racional mínima.
Más aún, algunos economistas ligados a la izquierda han reaccionado frente a la Ley de Reconstrucción con una mezcla de fatalismo y sospecha ideológica que contrasta con la situación económica heredada. Durante años, Chile experimentó bajo crecimiento, deterioro de inversión, expansión burocrática y creciente desconfianza institucional. En ese contexto, medidas orientadas a destrabar permisos, acelerar proyectos o incentivar capitales parecen responder a una necesidad objetiva del país más que a un capricho doctrinario. El propio proyecto contempla agilización de procedimientos y medidas tributarias transitorias para aumentar recursos y acelerar recuperación económica.
Pero la izquierda actual parece atrapada en un reflejo condicionado. Si una medida fortalece crecimiento, inversión o autoridad institucional bajo un gobierno de derecha, entonces debe ser sospechosa. Se critica simultáneamente el desempleo y las políticas para generar empleo; se exige reconstrucción rápida y luego se rechazan los mecanismos para acelerar permisos; se denuncia la inseguridad, pero se condena cualquier fortalecimiento efectivo de la autoridad estatal.
Existe, además, un elemento psicológico profundo en esta reacción. El gobierno de Kast rompió un supuesto cultural instalado durante años en ciertos círculos intelectuales y universitarios: la idea de que la derecha podía administrar, pero no poseer legitimidad moral o cultural. La sola existencia de un gobierno que reivindica orden, nación, tradición, crecimiento y autoridad altera el marco simbólico sobre el cual gran parte de la izquierda construyó su hegemonía discursiva desde la transición.
Por eso, la discusión sobre la Ley de Reconstrucción terminó revelando algo más importante que el contenido mismo del proyecto. Mostró el estado actual de una izquierda que parece haber perdido parcialmente la capacidad de distinguir entre oposición democrática y negación sistemática del adversario. Y cuando eso ocurre, la política deja de ser búsqueda prudencial del bien común para convertirse en una lucha permanente por la destrucción simbólica del otro.
Aristóteles advertía en la Política que las ciudades perecen no solamente por crisis económicas o militares, sino también cuando sus facciones dejan de reconocerse mutuamente como parte de una comunidad política compartida. Quizás ese sea hoy el mayor desafío chileno. No solo reconstruir viviendas, caminos o inversión. También reconstruir la posibilidad de discutir sin convertir toda diferencia en enemistad absoluta.
