Constitución portátil

En este escenario ha adquirido especial importancia la mesa de negociación política. Algunas de las decisiones que allí se discuten trascienden lo estrictamente político y alcanzan la organización constitucional del Estado: la designación de magistrados del máximo tribunal, la renovación de los órganos electorales, reformas legislativas, la recuperación de derechos políticos y las condiciones de unas futuras elecciones.

La estructura del régimen que ha gobernado durante dos décadas sigue vigente, su constitución, el poder ejecutivo, la Asamblea Nacional, su fiscalía y contraloria conservan sus competencias formales, aunque el lugar donde se define su contenido puede haberse desplazado, y las decisiones políticas deben recorrer los procedimientos que establece el entramado del ordenamiento jurídico. Pero el centro de gravedad de algunas de ellas parece haberse movido. De allí la expresión que propongo: una Constitución portátil.

No porque exista otra Constitución ni porque haya dejado de regir. La Constitución permanece en su lugar. Lo que parece moverse es el espacio donde se construye la decisión que luego será formalizada por las "instituciones" vigentes.

La expresión evoca la novela de Adriano González León, País portátil, donde Andrés Barazarte atraviesa Caracas en una sola jornada mientras la historia de su familia y de su país lo acompaña a cada paso. Aquí ocurre algo análogo, en otro registro: la Constitución no cambia de texto, pero parece ir de un lugar a otro, según dónde se construya la decisión.

La mesa que decide

En democracia, la política negocia permanentemente. Los acuerdos entre partidos se convierten en leyes y políticas públicas, de modo que la negociación no es, por sí misma, una anomalía. La particularidad venezolana está en la naturaleza de las materias que se encuentran sobre la mesa.

Cuando una negociación determina cómo se renovará el Tribunal Supremo de Justicia, cómo se reformará una ley para hacerlo posible, cómo se integrará el órgano electoral o

bajo qué condiciones se recuperarán derechos políticos, la mesa deja de ser un espacio para resolver diferencias entre actores. Se convierte en el lugar donde se construye materialmente la decisión.

Después, la decisión regresa a las instituciones. La Asamblea legisla, los órganos de postulación cumplen sus funciones, las autoridades competentes designan. Formalmente, la decisión sigue siendo institucional. Pero surge una pregunta inevitable:

¿cuánto espacio de decisión conserva el órgano constitucional cuando el contenido fundamental ya fue acordado políticamente?

Fuente formal y fuente material

Sería incorrecto afirmar que una ley es inválida solo porque fue precedida de una negociación, o que un órgano pierde sus competencias porque exista un acuerdo previo. El problema es más sutil, y exige distinguir entre la fuente formal de la decisión y su fuente material.

La primera puede seguir siendo la Asamblea Nacional o el órgano competente. La segunda puede hallarse, en buena medida, en la mesa. Una cosa es que la política construya un consenso que luego se delibere y apruebe conforme a la Constitución. Otra, muy distinta, es que el órgano termine limitándose a dar forma jurídica a lo que ya se decidió fuera de él.

Las instituciones no fueron creadas solo para revestir de legalidad las decisiones políticas. Fueron creadas para deliberar, controlar, equilibrar y decidir dentro de las competencias que la Constitución les atribuye.

Una dimensión que viene de afuera

Este proceso tampoco ocurre únicamente dentro de nuestras fronteras. Estados Unidos ejerce una influencia considerable sobre sectores estratégicos de la economía venezolana: sus decisiones han establecido mecanismos para autorizar determinadas operaciones vinculadas con el petróleo, PDVSA y los minerales, y empresas estadounidenses amplían su participación en proyectos energéticos y mineros.

Hay que reconocer que el poder se ejerce hoy en un contexto de fuerte influencia internacional. La mesa condiciona desde dentro; el entorno económico y geopolítico condiciona desde fuera. La soberanía es un tema pendiente para un futuro incierto.

Transformación, no transición todavía

Nada de esto significa que estemos ya en una transición democrática. Esta supone mucho más que reemplazar el nombre de quienes estarían al frente de algunas instituciones: exige avanzar hacia un orden con Estado de Derecho, separación de poderes, garantías de los derechos, pluralismo y elecciones libres y competitivas. Lo que existe hoy es un proceso que puede crear las condiciones para esa transición, y por eso importa tanto cómo se construyen las decisiones. Una transformación política no puede limitarse a cambiar nombres o redistribuir cargos: debe producir instituciones capaces de actuar con autonomía, asunto difícil construirlo a partir de pactos de actores con problemas serios de legitimidad.

El límite necesario

Una mesa de negociación puede ser necesaria para alcanzar acuerdos que las instituciones, por sí solas, todavía no pueden producir. Pero debe servir para reconstruirlas, no para convertirse en la institución que decide cómo funcionan. La negociación debe devolver la decisión a los poderes que representen los intereses de toda la nación, no trasladar de forma permanente las instituciones hacia la mesa. Es un mecanismo extraordinario para superar una crisis; no puede convertirse en una nueva forma ordinaria de ejercer el poder.

La Constitución debe seguir siendo el marco que limita el poder. Las instituciones, el espacio donde ese poder se ejerce. Y la negociación, cumplir su función sin sustituir a ninguna de las dos.

Porque la pregunta de fondo no es solo qué se está acordando. Es otra, más profunda:

¿quién está decidiendo realmente?