Sin gloria y con mucha pena, tal como se ha venido tambaleando desde su constitución, la Corte Penal Internacional, CPI. Nos referimos, en las actuales circunstancias, a los resultados de la XXIV Asamblea de los Estados miembros de la referida CPI, celebrada en La Haya, Reino de los Países Bajos los primeros días del presente diciembre. Veamos:
Ante los asistentes fueron expuestos los bochornosos casos de las dos damas que, según sus denuncias, fueron agredidas sexualmente, por el actual Fiscal Jefe de dicha Corte; que este último -como es también del dominio público- toleró y hasta se lucró, posiblemente, con el prevaricato o conflicto de intereses generado en el expediente “Venezuela I” al actuar como representante de la vindicta pública, en los delitos de lesa Humanidad atribuidos a funcionarios del gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, a la vez que una hermana política del susodicho Fiscal, asumió el patrocinio judicial de los mismísimos sospechosos de los crímenes. Y ¿Cuál es la respuesta de la máxima instancia de la CPI ante el referido comportamiento del Fiscal Jefe y sus compinches? Oigamos lo que dijo, al pie de la letra, una alta funcionaria de dicha Corte: Que "lo que teníamos como objetivo ´secundario´ en el panel de esta XXIV Asamblea era referirnos al 'elefante en la habitación', sin hablar del elefante en sí” (Lo del “elefante”, era para aludir al Fiscal prevaricador y lo “secundario”, sus acosos sexuales y la desfachatada colusión entre dicho Fiscal y varios magistrados de la CPI en concierto con factores del ilegítimo gobierno de Venezuela).
La idea inspiradora de la creación de la CPI, sigue vigente: Impedir que los delitos de guerra y de lesa humanidad, queden impunes cuando los jueces del país donde se perpetraron no les garanticen a las víctimas el ansiado debido proceso.
Lamentables, las anfibologías y las pretendidas tomaduras de pelo, ante los centenares de miles de muertos que contabiliza el expediente “Venezuela I”. Lamentable que estos últimos queden englobados como “secundarios” a causa de la corrupción rampante y sonante en la CPI.
Recientemente, se han agregado detonantes adicionales en lo que se refiere a la demolición de la dicha instancia judicial. Por la llamada ala progresista, ya hemos levantado sucinto inventario de sus representantes ante la propia CPI. Por el ala conservadora, por solo citar algunos, tenemos los ejemplos de Agustín Laje ( Globalismo: Ingeniería social y control total en el siglo XXI, edición en Español, Kindle, Octubre 15, 2024) y del mismísimo presidente Trump, quien no se ha andado con medias tintas, al sancionar al funcionario de dicha CPI, no obstante las inmunidades que les acuerda el Tratado Internacional, que los regula.
Hay que tratar de rescatar lo que ha quedado de la CPI. Impedir que la implementación de esta última siga dejando a los justiciables a merced de operadores de Justicia sin escrúpulos. Lo corrobora que el cúmulo de corruptelas atribuidas a quienes han ocupado la Jefatura de dicha Fiscalía, se hayan consumado a la luz pública, sin que los mecanismos de supervisión de dicha Corte hayan sido capaces de adoptar las medidas necesarias para detener los cohechos.
En cuanto a la posible holgazanería –dolosa para algunos entre ellos el cronista que suscribe– de los operadores de Justicia a cargo del expediente “Venezuela I”, los entes contralores del sistema de Naciones Unidas harían mejor en emplear las herramientas de gerencia moderna para evaluar de manera continua el rendimiento de cada funcionario y actuar en consecuencia.
La destitución, exprés, de la dama, que en la XXIV Asamblea de Estados miembros, se permitió la pretendida humorada del “elefante en la habitación”, sería un buen comienzo.
@omarestacio