Ese descubrimiento tuvo un costo. Al terminar la secundaria, mi expediente acumulativo —el registro usado para medir la integración y la “combatividad”— recogía más de dieciséis actas por “diversionismo ideológico”, la etiqueta con que el régimen castigaba cualquier conducta o idea ajena a los valores oficiales. Bastaba mencionar un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos para recibir un acta. Ese expediente, convertido en arma política, me cerró para siempre el acceso a la universidad. Así comprendí que la indefensión en Cuba empieza en las aulas: el Estado controla la educación para impedir que existan ciudadanos libres.
Lo que más me impactó del concepto de derechos humanos fue su premisa esencial: poseemos una dignidad inherente y derechos inalienables por el simple hecho de ser humanos, por encima de cualquier ideología o narrativa de soberanía. Esa visión chocaba con la del régimen cubano, que reduce al ciudadano a una masa sin voz ni poder, destinada a obedecer al Partido Comunista. El ideal del “Hombre Nuevo” exigíadisolver al individuo en la colectividad y renunciar a su propio criterio. Nada de esto es casual: constituye la piedra inicial de la indefensión estructural.
En torno al Día Internacional de los Derechos Humanos conviene recordar que esta indefensión —construida deliberadamente durante más de seis décadas— ha permitido algunas de las peores violaciones documentadas en el hemisferio. Resulta paradójico que fuera la delegación cubana presidida por el diplomático Guy Pérez-Cisneros quien, el 10 de diciembre de 1948, destacara ante la ONU la contribución de Cuba a uno de los considerandos centrales de la Declaración Universal: que los derechos humanos solo se ejercen plenamente bajo un Estado de derecho. Hoy, Cuba encarna exactamente aquello contra lo que un día advirtió.
Tras las protestas del 11 de julio de 2021, la vigilancia, el hostigamiento y el control social alcanzaron niveles no vistos en décadas, y el país se convirtió, con más de 1,000 presos políticos, en el mayor carcelero del hemisferio. En octubre de 2025, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos registró más de 200 actos represivos en un solo mes y, según datos verificados por Prisoners Defenders y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria, Cuba acumula desde 2019 el mayor número de detenciones arbitrarias confirmadas del mundo. Esta represión masiva no es accidental: es la consecuencia lógica de una indefensión judicial absoluta.
El ciudadano cubano enfrenta un sistema donde el Estado actúa a la vez como juez, policía y ejecutor. La falta de un poder judicial independiente elimina el debido proceso y normaliza la arbitrariedad. Sin justicia, el abuso deja de ser excepción y se vuelve regla.
Según el informe Tortura en Cuba (2022), elaborado por 14 organizaciones de la sociedad civil, los funcionarios del Ministerio del Interior —incluidos agentes de la Seguridad del Estado— gozan de impunidad absoluta. Los tribunales militares archivan las investigaciones mediante el sobreseimiento definitivo, que exime de responsabilidad incluso cuando se emplea violencia arbitraria o se abusa del uso de la fuerza y de armas de fuego, amparándose en la falsa ‘legítima defensa’. El caso del subteniente Yoennis Pelegrín Hernández, cuyo disparo mató a Diubis Laurencio Tejeda en La Güinera, lo demuestra: en lugar de enfrentar cargos, fue absuelto y, según reportes, solo trasladado de unidad.
La misma lógica impregna el nuevo Código Penal de 2022, que contempla 32 delitos que amenazan derechos fundamentales como la expresión, la manifestación y la asociación. Los Decretos-Leyes 35 y 370 sofocan la voz ciudadana en redes sociales. Sin libertades civiles, el cubano queda jurídicamente indefenso frente a la arbitrariedad estatal.
La indefensión también agrava la crisis humanitaria. Tras el huracán Melissa —que dejó miles de viviendas dañadas y a cientos de miles de personas necesitadas de asistencia— el Estado impuso trabas, monopolizó las donaciones y continúa negando el registro a ONG independientes capaces de ayudar a los más vulnerables. En Cuba, incluso el hambre debe pasar por el filtro del control político.
La represión más onerosa es también la cotidiana: la que los cubanos sufren en sus centros de trabajo, en un país donde el Estado sigue siendo el principal empleador y el cuentapropismo es perseguido y restringido. Amnistía Internacional documentóen 2017 que simples quejas sobre malas condiciones laborales o vínculos con opositores bastaron para que enfermeros, trabajadores sociales y guías turísticos fueran despedidos y estigmatizados mediante expedientes políticos. Ello conduce al ostracismo y, para muchos, al exilio. Sin libertad económica, el ciudadano queda completamente sometido al chantaje político del Estado.
En el plano político, la indefensión es total: la Constitución declara el socialismo ‘irrevocable’, el Partido Comunista es el único legal y, durante 25 años, los opositores que han intentado participar en elecciones municipales han sido hostigados, detenidos o incluso asesinados, como ocurrió con Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Sin vías electorales, no existe posibilidad de cambio. La indefensión se convierte en destino.
La indefensión estructural del pueblo cubano —legal, política, económica y social— es la raíz de todas las violaciones de derechos humanos que sufre hoy el país. Cuando los ciudadanos carecen de tribunales independientes, prensa libre, sociedad civil autónoma y elecciones competitivas capaces de reemplazar a quienes detentan el poder, quedan totalmente expuestos a la arbitrariedad estatal. Esta indefensión no es accidental: es la piedra angular del control autoritario.
Esta indefensión incluso ha influido en otros regímenes aliados, como Venezuela, cuyas estructuras de seguridad han adoptado métodos de vigilancia y represión inspirados en el modelo cubano. El régimen cubano es, así, un violador transnacional de derechos humanos: no solo los vulnera sistemáticamente dentro de la isla, sino que exporta su arquitectura represiva, contribuyendo a abusos contra pueblos como los de Venezuela y Nicaragua.
En este contexto, la reciente visita de la relatora de la ONU Alena Douhan revela una peligrosa incomprensión: atribuir las violaciones de derechos humanos en Cuba a las sanciones de Estados Unidos desvía la atención del verdadero problema y reproduce la narrativa del régimen. Durante su estancia, Douhanno se reunió con opositores, activistas ni familiares de presos políticos, privándose de escuchar testimonios directos de las violaciones sistemáticas. El Informe sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba (2025) muestra que solo el 3% de los cubanos atribuye sus dificultades al embargo, mientras la desaprobación del gobierno alcanza el 92%. No son las sanciones las que encarcelan manifestantes o torturan: es el propio régimen.
Mientras los ciudadanos de la mayoría de los países de América Latina pueden movilizarse, formar partidos y elegir a sus gobiernos, los cubanos siguen atrapados en un sistema diseñado para impedir cualquier transformación. Y mientras ese sistema permanezca intacto —sin Estado de derecho, justicia independiente ni libertades civiles— la represión y la crisis humanitaria seguirán siendo inevitables.
Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, la comunidad internacional debe recordar que no basta con marcar la fecha: es imprescindible comprometerse con acciones concretas, como imponer sanciones individuales a los responsables de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad, que constituyen un contrapeso frente a la impunidad y a la falta de justicia para las víctimas de la represión en Cuba. Estas medidas son más efectivas cuando se aplican de manera coordinada entre Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá y otras naciones para asegurar un impacto real. La historia demuestra que, sin presión, no hay cambio y que las dictaduras solo responden al costo político de sus actos.
Pero incluso en este contexto de control absoluto, la sociedad cubana ha demostrado que la indefensión no extingue la voluntad de cambio.
Frente a la indefensión, el cubano ha alzado su voz —muchas veces pagando con prisión— y ha demostrado que donde hay poder hay resistencia. De las protestas del 11 de julio de 2021 al reciente llamado de José Daniel Ferrer, fundador de la Unión Patriótica de Cuba, a marchas y grafitis en el Día de los Derechos Humanos, la cultura de la protesta ha despertado. Es vital apoyar a quienes luchan pacíficamente por la libertad y respaldar iniciativas como el proyecto de Ley de Amnistía y Despenalización del Disenso encabezada por el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, así como empoderar a la ciudadanía en su esfuerzo por restaurar el Estado de derecho.
La verdadera solución no está en diagnósticos complacientes que repiten la narrativa del régimen, sino en devolver al ciudadano cubano lo que le fue arrebatado: derechos, protección, libertad y la posibilidad real de decidir su propio destino. Apoyar el legítimo reclamo del pueblo cubano a vivir en democracia no es un gesto político: es un imperativo moral.
Michael Lima Cuadra es investigador y director de DemocraticSpaces, una organización no gubernamental dedicada a fomentar la solidaridad en Canadá con los defensores de derechos humanos y la sociedad civil cubana. Posee una maestría en Historia de América Latina por la Universidad de Toronto.
