El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

La pregunta que bulle y que se reduce, para las élites en el poder causahabiente y en sus asociados, adentro y afuera de Venezuela, es si la cuestión de la recuperación petrolera y, por añadidura, la de la mera reconciliación entre las víctimas y los victimarios que sumieran al país en el horror del mal absoluto, desmaterializando a la república y pulverizando a la nación, bastan para conjurarlo.

María Corina Machado, en su histórica intervención ante el conglomerado global petrolero reunido en Houston – leo la muy lúcida consideración de Elizabeth Sánchez Vegas – les habló de sus negocios y del ecosistema que demanda el éxito; como también para ganarse el afecto sincero del pueblo venezolano: “la gobernabilidad … la seguridad jurídica y la reconstrucción de un país que lleva demasiado tiempo reducido a ruina, arbitrariedad y saqueo”.

Mas de una década ha consumido la Corte Penal Internacional, a manera de ejemplo, en sus investigaciones sin destino cierto sobre los responsables de los crímenes de lesa humanidad que aún afectan a la población, mientras se acumulan los Informes de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela designada por Naciones Unidas (2020-2025).

En uno de estos, el de 2020, reza que “las violaciones y los crímenes allí documentados pueden dar lugar a responsabilidad penal individual como crímenes de lesa humanidad y como delitos específicos establecidos en la legislación nacional. Las pruebas recabadas durante las investigaciones permitieron sostener, con motivos razonables para creer, que el presidente [Nicolás Maduro] tenía conocimiento de las violaciones y delitos y que en ocasiones daba órdenes al director general y a los directores de otras unidades del SEBIN. La Misión también constató que él o la vicepresidente [Delcy Eloína Rodríguez] conocía o debió haber conocido la comisión de esos delitos en el SEBIN. A pesar de que tenía la autoridad efectiva para hacerlo, no evitó los crímenes y violaciones ni los reprimió. La Misión también constató que Diosdado Cabello ejercía una influencia significativa dentro del SEBIN, a pesar de que durante el período examinado no tuvo una posición dentro de la jerarquía de la organización”.

Simplificar lo ocurrido el 3 de enero como creer que se puede pasar la página sólo abriéndole las puertas al necesario acompañamiento del conglomerado petrolero y de sus inversiones, bajo la égida de los mismos responsables de la destrucción de Venezuela y omitiéndose los ominosos datos de la experiencia, es, por consiguiente, ganarse el camino seguro hacia el fracaso. Todo quedaría en ejercicio virtual y de utilería, para consumo del narcisismo político y de redes. “Sin legitimidad democrática no habrá seguridad duradera para el capital; sin instituciones confiables no habrá reconstrucción real para el país”, ha señalado Machado, con escalpelo a mano.

Se trata, justamente, de la forja en Venezuela y de la permanencia, con otros rostros, de una organización o entramado criminal trasnacional organizado y estructurado, que juntó al terrorismo con el narcotráfico; que avanzó al secuestro del territorio del Estado para disponer de sus poderes públicos formales, como garantías de impunidad; dejando a la vera a sus millones de víctimas.

El asunto no es trivial. No lo resuelven ejercicios leguleyos, en un país sin constitución. Tampoco ayuda el mero voluntarismo militante, por los oficiantes de la política menor. La permanencia visible de los actores reales del entramado represor que se estructurara a lo largo de casi tres décadas le da un claro sentido a la alerta de María Corina ante CERA Week, la asamblea del poder petrolero y energético mundial. En otras palabras, mal puede realizar el imperio de la ley una espuria Asamblea dirigida por tales actores y sí obstruirla la Justicia que le sirve con obsecuencia; esa que los causahabientes de Maduro aún manejan a su arbitrio.

Un repaso de pocos datos históricos basta para conjurar la simplicidad de las hipótesis críticas esgrimidas sobre los hechos del 3 de enero y sobre sus actuales derivaciones. Aquéllos desnudan lo que permanece oculto tras el telón, a saber, más que prejuicios ideológicos, intereses dinerarios internos y externos muy próximos a la expoliación petrolera y minera ocurrida durante casi 5 lustros. Arriesgan quedar en evidencia, una vez como se ventilen, en sede judicial federal norteamericana, los graves casos de corrupción y narcotráfico habidos; sobre todo, de ocurrir un verdadero quiebre democratizador en Venezuela.

Téngase presente, en orden a lo anterior, que, “de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (2023), Venezuela es, junto con Sudán del Sur y Siria el segundo país más corrupto del mundo, solo superado por Somalia”. Entre 1999 y 2014, durante la bonanza petrolera que acallaba toda resistencia en los círculos del poder económico y político global, el régimen del que a su vez es heredero Maduro Moros recibió USD 960.589.000.000, o si prefiere leerlo en letras: novecientos sesenta mil quinientos ochenta y nueve millones de dólares, es decir, un promedio de USD 64.000.000.000 anuales, durante 15 años”.

En la actualidad, Venezuela ocupa de manera consistente el último lugar en el índice de Estado de derecho del World Justice Project (WJP): deterioro estructural crónico, falta de límites al Poder Ejecutivo, corrupción, impunidad y un sistema judicial sin independencia.

El tiempo de la bonanza evitó, ciertamente, que se sintiese en lo inmediato el peso de la destrucción emprendida por Hugo Chávez Frías, y de sus esfuerzos para someter la voluntad democrática de los venezolanos y la de América Latina en su conjunto, haciéndoles depender de su inagotable prodigalidad corruptora. Y algunos hitos se olvidan. Son los que delinearon al Estado criminal en el que se transformó Venezuela a partir de 1999.

Datos del narcoestado terrorista

Ese mismo año, a través de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) – lo que provoca la inmediata renuncia del comandante Jesús Urdaneta Hernández – Chávez pacta por escrito un “modus vivendi” con las FARC, el movimiento narcoterrorista colombiano. Les promete asistencia económica y posibilidades para el desarrollo de empresas en la frontera colombo-venezolana. Al efecto, el 10 de agosto la policía política le informa al presidente Chávez sobre las tareas que emprenderá para asegurar la plataforma ideológica y las metas concretas con las que están comprometidos. Y a fin de obtener la cooperación narcoguerrillera, que se obliga a no entrenar venezolanos sin la previa autorización oficial y a comportarse dentro del marco de la ley cuando se encuentre dentro de nuestro territorio, le ofrecen a las FARC “apoyos especiales”, “venta de petróleo”, “registro y contratación de empresas, en el área bancaria un Banco de los Pobres, y apoyos “para asilo y tránsito”.

No ha de sorprender, entonces que, si antes de asumir este el poder el 2 de febrero de 1999 ocurrían en Venezuela un promedio de 4.450 homicidios al año, a partir de 2003, bajo el nuevo estatus narco criminal del Estado venezolano sumen 11.342 los homicidios. Al morir Chávez, en 2012, le deja como herencia a su sucesor, Maduro Moros unos 16.072 asesinatos durante dicho año. Este asume el poder, autorizado por el Tribunal Supremo, violando una prohibición constitucional, mientras se acrecienta con su violencia modeladora el número de homicidios, que frisan 19.030 en 2014. Es la antesala de la diáspora de millones de venezolanos.

En 2018, cuando Maduro se vuelve a autoelegir presidente y es desconocido por la comunidad internacional junto al integrante de su régimen, 23.047 muertes violentas sitúan a Venezuela como el país más peligroso de América Latina. La violencia criminal declina progresivamente, luego, al mudarse al extranjero y luego de haber dejado tras de sí una tierra arrasada. Pero volvamos atrás.

En el año 2000, teniendo Chávez bajo su férula la totalidad de los poderes del Estado, ingresan al país los primeros 30.000 legionarios cubanos travestidos en su mayoría de médicos, provenientes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). El anuncio es celebrado con vítores ante el propio presidente, acompañado del comandante cubano Juan José Ravilero. Serán «comisarios» dentro de las instituciones venezolanas, incluida la militar. El territorio nacional, ya ocupado por la narcoguerrilla vecina desde el año anterior, queda desde entonces bajo el tácito gobierno de La Habana.

Linda Robinson da cuenta del entrenamiento que reciben los venezolanos hacia 2003, a manos de las narcoterroristas FARC en la Sierra de Perijá, mientras avanza la afirmación de la presencia árabe, esta vez como la variable terrorista, sobre la zona costera norte de Venezuela. Nadie se escandaliza, ni adentro ni afuera.

En 2005, tras el referendo revocatorio del mandato de Chávez – del que lo salva la mediación del presidente norteamericano Jimmy Carter – la canciller colombiana, Carolina Barco denuncia que 500.000 cédulas de identidad venezolanas estaban en manos de la narcoguerrilla; y que Rodrigo Granda, canciller de las FARC poseía una. Con ella, en efecto, en 2007 visita a Chávez en Caracas, en el Palacio de Miraflores. Nada costaba concluir sobre el maridaje ya sedimentado del narcoterrorismo con las estructuras constitucionales y políticas de Venezuela. Mas ello era irrelevante para las cancillerías europeas y americanas.

En 2006 hace su bautizo Hezbollah Venezuela, sita en la Universidad Bolivariana, al lanzarle bombas a los frentes de las embajadas americana e israelí en Caracas. Margarita, Ciudad Bolívar, Barquisimeto, Maicao, sirven de refugios al talibán y en ellos caminan a sus anchas los realizadores de la Yihad. Y en 2008, en mensaje ante la Asamblea Nacional Chávez reconoce y pide al mundo reconocer a las narcoguerrillas de las FARC y al ELN, pues “tienen un proyecto político que debe ser respetado”. El ensamblaje político-criminal deja de ser una estratagema. Queda sobre la mesa como tema para su normalización, léase para su legitimación, en el marco de la deconstrucción social y cultural que ha tomado cuerpo durante los dos decenios anteriores en Occidente, luego de la fundación del Foro de São Paulo.

Haciendo la historia corta, ya dueño absoluto de Venezuela, en el año de 2010, a través de la televisión encadenada y desde la Plaza Bolívar de Caracas dicta Chávez, indiscriminadamente, su orden terminante: ¡Exprópiese! Desde entonces, no queda en pie propiedad privada o actividad productiva alguna en Venezuela, salvo los mendrugos con los que se conforman los actores económicos y editores de medios que aceptan lo que el mismo Chávez manifestase una década atrás, en 2001: ¡La ley soy yo, el Estado soy yo!

Seguidamente, adoptados los Principios y Estatutos por su partido oficial, el PSUV, se alinea con el decadente socialismo científico. Y como consta en declaraciones de las autoridades venezolanas y cubanas, hacia 2011 ingresan a territorio venezolano otros 100.000 funcionarios procedentes de La Habana, ya sin la necesidad de los asaltos armados dirigidos por Fidel Castro contra el país durante los años ’60.

“El país no sólo quiere salir de la tiranía; quiere saber qué viene después”, y Machado despejó la incógnita. Obliga cambiar el terreno del debate, considera Sánchez Vegas. “En Houston, María Corina Machado no presentó sólo un modelo para la industria: ofreció una visión de gobernabilidad que la oposición venezolana nunca había logrado articular con tanta precisión”, afirma. Y añade: “Puso sobre la mesa, en pocas palabras, exactamente lo que los grandes inversionistas necesitan escuchar para creer que Venezuela puede dejar de ser una apuesta tóxica y volver a ser un país serio”.