El artículo del New York Times, “Venezuela, Estados Unidos y el espectro del cambio de régimen” (29 de septiembre de 2025), presenta la crisis venezolana únicamente como un choque ideológico entre soberanía e intervencionismo. Sin embargo, esa visión resulta claramente parcial, pues omite elementos esenciales que revelan la verdadera gravedad de la situación. Entre ellos destacan el papel estructural del régimen de Nicolás Maduro en el narcotráfico, incluyendo el tráfico de cocaína y fentanilo, un factor crítico en la crisis de salud pública que afecta a Estados Unidos.
Al reducir la compleja realidad venezolana a un relato exclusivamente político, el medio pasa por alto evidencias contundentes que muestran la participación directa de altos funcionarios del gobierno, incluidos generales, en redes internacionales de narcotráfico. Organismos oficiales estadounidenses —como el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y la DEA—, junto con centros de investigación independientes como Insight Crime, han documentado de manera detallada la existencia del Cartel de los Soles y su papel estratégico en la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
Venezuela pasa de ser país de tránsito a productor de cocaína
La crisis de drogas en Venezuela ha dejado de ser una preocupación periférica para convertirse en un fenómeno estructural. El país, tradicionalmente considerado como corredor de tránsito para el narcotráfico, comienza a consolidarse como productor de cocaína, según revela el Informe Mundial sobre las Drogas 2023 de la ONU.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 2004 y 2020 transitaron por Venezuela más de 600 toneladas de cocaína con destino a Estados Unidos, Centroamérica, Europa y África, una cifra basada en decomisos realizados fuera del país y en investigaciones federales sobre redes de narcotráfico transnacional (Departamento de Justicia de EE.UU., 2020). En 2024, autoridades estadounidenses interceptaron tres embarcaciones en el Caribe sur cargadas con cocaína proveniente de Venezuela, como parte de operaciones conjuntas lideradas por la DEA y el Comando Sur del Departamento de Defensa (U.S. Southern Command), según reportes oficiales publicados en el sitio justice.gov.
En Europa, el Servicio de Vigilancia Aduanera de España y la Policía Judicial de Portugal han reportado incautaciones de cargamentos con origen venezolano. En 2024, se decomisaron 3.300 kilos de cocaína en un barco pesquero con bandera venezolana que navegaba hacia las costas ibéricas, según datos compartidos por Europol (Europol, 2024).
Asimismo, en Guinea-Bissau, las autoridades locales, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), interceptaron un avión procedente de Venezuela con 2,6 toneladas de cocaína, lo que refuerza el papel del país como punto de partida en rutas transatlánticas de tráfico ilícito (UNODC, 2024).
Adicionalmente, Venezuela figura como punto de partida de vuelos ilícitos que transportan cocaína desde Colombia hacia destinos como Estados Unidos y Europa. Esta transformación en el rol del país dentro del tráfico internacional de estupefacientes se refleja en las cifras: en 2023 se incautaron 43,7 toneladas de cocaína, y en 2024, 35,1 toneladas, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Más allá del volumen incautado, los reportes del Departamento de Justicia y la DEA señalan una participación del régimen de Nicolás Maduro en estas operaciones, con el Cartel de los Soles como eje central en la exportación de drogas. La implicación de altos funcionarios del gobierno ha sido documentada por diversas agencias internacionales.
Europol identifica a Venezuela como un país de tránsito estratégico en las rutas hacia Europa, utilizadas por organizaciones criminales transnacionales que operan mediante redes de corrupción y métodos sofisticados de transporte (Cocaine Insights, 2023). Este reconocimiento refuerza la gravedad del involucramiento estatal en el narcotráfico global.
Entre los nombres señalados por la DEA y el Departamento de Justicia figuran generales y altos oficiales como Hugo Carvajal Barrios, Clíver Alcalá Cordones, Henry Rangel Silva y Diosdado Cabello. Carvajal, exdirector de inteligencia militar, se declaró culpable en 2025 por narcoterrorismo en Nueva York. Alcalá Cordones fue condenado a más de 21 años de prisión por enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Rangel Silva, sancionado por la OFAC en 2008 por presunta colaboración con las FARC, y Cabello, actual ministro de Interior y Justicia, han sido vinculados al Cartel de los Soles por testigos como Leamsy Salazar. La relación entre la cúpula militar venezolana y el narcotráfico se remonta al año 2000 y ha sido ampliamente documentada por agencias internacionales que combaten el tráfico de drogas a nivel global.
Fentanilo: una amenaza sanitaria creciente
El problema no se limita a la cocaína. Estados Unidos enfrenta la peor crisis de sobredosis de su historia, con más de 14.000 kilos de fentanilo decomisados en 2024, según la DEA (National Drug Threat Assessment 2025). Dosis mínimas pueden ser letales, y el fentanilo se ha convertido en la principal causa de muertes por drogas en el país.
Aunque México sigue siendo el epicentro de la producción de fentanilo, la UNODC y Insight Crime documentan la expansión de este opioide en América Latina, incluyendo redes que lo extraen de hospitales o lo distribuyen mediante recetas médicas falsas. Con sus puertos y conexiones con carteles regionales, Venezuela se perfila como un territorio vulnerable a la proliferación de este mercado ilícito, con la complicidad de altos mandos militares del régimen.
La omisión del New York Times y sus consecuencias
Al excluir el narcotráfico y el tráfico de fentanilo de su cobertura, el New York Times construye una narrativa que, aunque se intenta presentarse como equilibrada, termina favoreciendo indirectamente al régimen de Nicolás Maduro. Venezuela deja de ser percibida como un Estado capturado por redes criminales transnacionales y se retrata, en cambio, como una víctima pasiva de la política exterior estadounidense.
Esta simplificación no es inocua. Al omitir elementos clave como el narcotráfico y el fentanilo, se distorsiona gravemente la comprensión de la crisis venezolana. Se ocultan amenazas reales para la seguridad regional y para la salud pública en Estados Unidos, que no pueden ser ignoradas sin consecuencias.
La relación entre ambos países no puede entenderse cabalmente sin considerar estas dimensiones. Ignorarlas no es un descuido menor, sino una omisión que transforma el análisis en relato político. Y cuando el periodismo omite lo esencial, deja de informar y empieza a encubrir.
Perfil del autor
Miguel Angel Martin
Doctor en Ciencias (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB); Resolución de Conflictos (Government Institute, Minneapolis); y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D.C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región.
