Con el único y deliberado propósito de perpetuarse en el poder, la dictadura buscó instaurar mecanismos perversos de control social en Venezuela, siendo de ellos quizás el más eficaz el manejo de la información.

Desde sus inicios el régimen se ha encargado de controlar, tergiversar u ocultar toda información sensible a ser consumida por la ciudadanía, manipulando a los entes emisores de data estadística y censurando a los medios de comunicación.

Toda empresa humana, desde la más pequeña hasta la más compleja, el presupuesto del ama de casa, el proyecto del empresario, el manejo de una universidad o la gestión del gobernante requiere contar con información oportuna y confiable para medir, planificar, proyectar, tomar decisiones, mitigar riesgos, rectificar y lograr sus objetivos.

Cuando los entes encargados de recabar, procesar, analizar y comunicar datos estadísticos u otras informaciones de carácter sensible para la ciudadanía están adscritos directa o indirectamente a los órganos del Poder Ejecutivo, su sentido de objetividad, de relevancia, de pertinencia e incluso de urgencia termina por supeditarse a la conveniencia e interés de los altos funcionarios políticos.

La medición de la gestión de cualquier gobernante se basa generalmente en datos estadísticos que representan la concreción de una realidad resultante de su buen o mal gobierno. De manera tal que permitir a los gobernantes ejercer el control, directo o indirecto, sobre los entes encargados de administrar la data estadística que mide su gestión es equivalente a permitir al cajero bancario que haga él sólo el arqueo de su caja al final del día. Como dice el refrán, “con el Arca abierta, hasta el justo peca”.

Mención especial a este respecto merecen el Banco Central de Venezuela, que desde hace muchos años dejó de reportar datos creíbles sobre la inflación, la deuda externa e interna o las reservas internacionales, entre otros indicadores económicos; PDVSA que ya no publica oportunamente sus Estados Financieros, los verdaderos niveles de producción petrolera o de reservas nacionales, el monto de su deuda comercial o el estado de sus compras y licitaciones; CNE que no permite la realización de una Auditoría seria del registro electoral y al que hasta su principal proveedor de tecnología lo califica de manipulador; INE que ya ni credibilidad ofrece sobre los datos demográficos del censo nacional. Son muchos los malos ejemplos de información manipulada u ocultada por fines políticos durante las últimas décadas.

Para el próximo capítulo republicano de Venezuela, todos los entes encargados de recabar, procesar, analizar y comunicar data estadística o información que sea de utilidad para la ciudadanía venezolana deben contar con autonomía. A dicho efecto, la propuesta concreta de Control Civil es que todos dichos entes que hoy dependan, directa o indirectamente, del Poder Ejecutivo pasen a quedar adscritos bajo el control exclusivo del Poder Civil.

Los ciudadanos venezolanos hemos de tener derecho a conocer todos los indicadores que reflejen la eficiencia o ineficiencia en la gestión de cada uno de nuestros gobernantes, a fin de que nuestra elección se base más en hechos y méritos que en promesas de campaña electoral.

Aunque su desarrollo será objeto de próximas entregas, cabe enunciar ahora las propuestas de que esos mismos indicadores sirvan de base, tanto para definir el mandato a todos los gobernantes, como para premiar a los que sean eficientes con bonificaciones significativas o castigar a los que sean deficientes con procesos revocatorios.

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@juanriquezes

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