Las dictaduras del castrochavismo en las Américas usan la justicia como instrumento de persecución política para encarcelar, exiliar y asesinar la reputación de los opositores, aplicar miedo a los ciudadanos y mantener en la impunidad al régimen. La función legítima de los tribunales de justicia de garantizar la vigencia de los derechos humanos, sancionar la corrupción, hacer respetar el estado de derecho y controlar la constitucionalidad de los actos de los gobernantes aterroriza a los dictadores y por eso los sistemas de justicia de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua son “infames” y funcionales a sus regímenes a los que complacen, encubren y asisten en sus crímenes. La justicia infame sostiene a las dictaduras y la justicia legítima termina con las dictaduras.

El denominado Poder Judicial u órgano del poder público encargado de la administración de justicia es fundamental para la libertad y por eso la “separación e independencia de los poderes públicos” es un elemento esencial de la democracia. El nivel de independencia del sistema de justicia es una señal de la salud democrática de un Estado. Los jueces en sus sentencias y resoluciones solo deben atender la aplicación correcta de la Constitución y las leyes respecto a los casos específicos sometidos a su conocimiento y de esa manera constituirse en la principal garantía tanto de los derechos fundamentales de las personas como de la vigencia del estado de derecho, la institucionalidad y la democracia del país.

Los jueces que ejercen legítimamente sus funciones son garantía de libertad y democracia porque están encargados de controlar y en su caso sancionar las conductas y los actos de los otros poderes u órganos del poder. Las decisiones del Poder Ejecutivo y de sus miembros están sometidas al Poder Judicial; las decisiones del Poder Legislativo y de sus miembros están sometidas al control del Poder Judicial; los actos y decisiones del órgano o Poder Electoral están sometidas al control de la Justicia; en suma, los actos de todo ciudadano en ejercicio del poder o fuera de él tienen a la Justicia como control definitivo.

La vida, la libertad, los derechos humanos de las personas, la dignidad, la propiedad y la democracia misma -en el marco del estado de derecho- están en manos y son competencia legítima de los Tribunales de Justicia. Es en esta constatación donde se funda la importancia de tribunales independientes y por lo tanto legítimos, alejados de la manipulación, dependencia o digitación del poder político al que en lugar de someterse tienen la obligación de controlar y limitar en base a las leyes.

La importancia de los tribunales de justicia es conocida por los violadores de la libertad y la democracia y por eso todas las “reformas” constitucionales y legales de los regímenes de Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua han estado destinadas al control total de los fiscales, jueces y tribunales de justicia con los que han construido un sistema opresivo de “tribunales infames” que lejos de ser de derecho es simplemente dictatorial. Lo prueban las centenas de presos políticos, los miles de perseguidos y exiliados acusados y procesados por los tribunales infames de las dictaduras por delitos que fueron cometidos por sus acusadores que usan todos los medios del estado para infamar a sus víctimas.

Los tribunales infames de las dictaduras han avalado el fraude electoral en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Han habilitado ilegalmente a Nicolás Maduro para ser candidato y han inhabilitado a sus opositores legalizando el fraude; han permitido ilegalmente tres reelecciones de Evo Morales y en pocos días le autorizarán la cuarta; han amparado la ley mordaza de Rafael Correa y aprobado y encubierto todos los abusos contra la libertad individual y de prensa que ha cometido en beneficio propio; han reconocido como derecho humano la ilegal candidatura de Daniel Ortega, el año 2009 (como ahora intenta Morales en Bolivia) y habilitado la liquidación de la oposición y la democracia en 2016. Esos son actos de los tribunales infames de las dictaduras.

En cambio en democracia, los tribunales legítimos han procesado por corrupción presidentes y empresarios en Brasil, como el caso Odebrecht; han limitado resoluciones ejecutivas en Chile, Perú y Estados Unidos; han procesado actos de corrupción en el Perú, procesan casos de corrupción del régimen Kirchner en Argentina, protegen el derecho de propiedad y libre iniciativa en Canadá, Estados Unidos, Chile, Uruguay… y más. Se trata del cumplimiento normal de los tribunales legítimos en los países que respetan el estado de derecho.

En este marco se ha presentado una luz de esperanza para el pueblo venezolano en su lucha por liberarse de la dictadura que los oprime. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, legítimamente nombrado y posesionado por la Asamblea Nacional, cuyos miembros perseguidos por el dictador Nicolás Maduro fueron forzados al exilio, se ha instalado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y ha anunciado el ejercicio de sus funciones constitucionales. Se trata de un gran aliento en la esperanza de que el estado de derecho retorne a Venezuela con la función judicial en manos de su más Alto Tribunal ejerciendo funciones legítimas.

Los jueces y tribunales de justicia infames sostienen a las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador, pero los jueces y tribunales de justicia legítimos pueden acabar con las dictaduras.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institue for Democracy

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