La región está ante una oportunidad histórica: desmontar las redes criminales que se disfrazaron de proyectos políticos y devolverle a América Latina la posibilidad de un futuro donde la democracia no sea una excepción, sino la regla
“… Resulta casi predecible que la izquierda invoque ahora tratados internacionales, soberanía y legalismos que jamás defendió cuando el narco-régimen venezolano violaba sistemáticamente esos mismos principios. Solo apelan al derecho internacional cuando sienten amenazada su propia impunidad.”
En América Latina, la democracia nunca ha dependido únicamente de elecciones, discursos o instituciones formales. La historia demuestra que, para que exista un orden democrático real en sus países, las Fuerzas Armadas deben querer que exista democracia. No se trata de romantizar su rol, sino de reconocer un hecho elemental: quien controla las armas controla la estabilidad. Cuando los militares se subordinan al Estado de derecho, la región avanza; cuando se subordinan a tiranos, ideologías o redes criminales, la gobernabilidad se derrumba. La paz no es un accidente: es una decisión de quienes tienen la capacidad material de garantizarla.
La caída de Nicolás Maduro —y el inminente colapso de su estructura delictual— marca un punto de inflexión para el continente. Durante años, su régimen funcionó como la caja pagadora de la sedición hemisférica, financiando movimientos desestabilizadores, campañas de desinformación y redes criminales que cruzaban fronteras con absoluta impunidad. Con su captura, ese flujo de recursos ilícitos se corta de raíz. Y cuando se corta el financiamiento, se desinfla la capacidad de desorden que tantos gobiernos democráticos han debido enfrentar sin apoyo y con un costo político enorme.
En este contexto, resulta casi predecible que la izquierda invoque ahora tratados internacionales, soberanía y legalismos que jamás defendió cuando el narco-régimen venezolano violaba sistemáticamente esos mismos principios. La selectividad moral es evidente: solo apelan al derecho internacional cuando sienten amenazada su propia impunidad. Y mientras intentan construir un relato antiestadounidense, omiten un dato esencial: dentro y fuera de Venezuela, millones de ciudadanos celebran la captura de Maduro como el primer rayo de luz después de décadas de oscuridad. No hay propaganda que pueda borrar esa realidad emocional y política.
Además, la inminente caída del régimen venezolano obliga a revisar el mapa completo de influencias en la región. Durante años, varios gobiernos y movimientos políticos se beneficiaron —directa o indirectamente— del dinero, la logística y la protección diplomática que emanaban desde Caracas y La Habana. Ese entramado permitió sostener campañas, financiar agitaciones internas y blindar a individuos que jamás habrían sobrevivido sin ese soporte externo. Con el derrumbe de ese eje, América Latina entra en un reacomodo inevitable, donde cada actor deberá demostrar si su fuerza política se sostiene por convicción democrática o por dependencia de redes criminales transnacionales.
Lo ocurrido en Venezuela resuena con fuerza en Cuba. Los cubanos —dentro y fuera de la isla— observan con esperanza la acción estadounidense contra el narcorégimen comunista que sostuvo a Maduro y que, a su vez, se sostuvo de él. Saben que su sistema de dominación regional empieza a resquebrajarse. Y cuando un eslabón cae, los demás tiemblan. Nicaragua también lo siente.
La región está ante una oportunidad histórica: desmontar las redes criminales que se disfrazaron de proyectos políticos y devolverle a América Latina la posibilidad de un futuro donde la democracia no sea una excepción, sino la regla. La administración del Presidente Donald Trump lo tiene claro y está actuando en consecuencia.
El año 2026 viene vertiginoso y con viento a favor de la democracia y la libertad.
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