Por Vladimiro Mujica*

El fenómeno migratorio venezolano es uno de los más importantes de la historia contemporánea, tanto por su magnitud como por su origen. Más de siete millones de personas, que aún en el contexto de las opacidad de las estadísticas oficiales equivale a un poco más de 20% de la población residente en Venezuela, se encuentran en una alarmante situación de desprotección en cuanto a sus derechos ciudadanos, consagrados en la Constitución, especialmente los relativos a la identidad y la participación política. La conflictividad internacional que ha generado la conducta del régimen venezolano ha generado el cierre de consulados y representaciones diplomáticas o ha transformado en inoperativasa muchas de las existentes. El caso de los Estados Unidos es especialmente patológico, porque ningún consulado está activo y la embajada, bajo el control del gobierno interino, está inhabilitada de facto para asumir muchas de sus funciones de protección a los venezolanos, por el arrebato de equipos, archivos y documentos que se ejecutó cuando la representación chavista abandonó las instalaciones de la sede diplomática.

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A todas las circunstancias políticas conectadas con el aislamiento internacional del régimen, se une el carácter retrógrado y primitivo de la ley electoral venezolana que hace prácticamente imposible el voto remoto y no presencial, que ya se encuentra consagrado en las legislaciones de muchos países a través de plataformas digitales. Todo ello conforma un cuadro tremendamente preocupante sobre el cual los venezolanos en el exterior estamos obligados a actuar no solamente en los espacios legislativos y del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, sino ante los organismo internacionales, denunciando abiertamente que la imposibilidad de expresar nuestros derechos ciudadanos constituye una grave violación a la legislación internacional sobre protección de los derechos humanos. Esto puede resultar una exageración para mucha gente que considera que este es un asunto estrictamente interno de los países y que ninguna intervención internacional en la materia es requerida o admisible. La verdad del asunto es muy distinta. A pesar de que la Declaración Universal de derechos Humanos, un texto fundamental de la historia de humanidad, no consagra la democracia como un derecho humano, si establece condiciones básicas para su ejercicio. En particular el artículo 21 de este texto fundamental, señala:

Artículo 21. Declaración Universal de los Derechos Humanos

  • Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
  • Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
  • La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Quedan pocas dudas sobre lo que esto significa en el caso venezolano: negar el derecho ciudadano fundamental a votar y a elegir a las autoridades de la nación es absolutamente insostenible. Por otra parte, entender el contenido y los alcances del mencionado artículo pone en un contexto diferente lo que algunas organizaciones internacionales pretenden acerca de la necesidad de avanzar el apoyo humanitario al tiempo que desentenderse de los temas políticos y de los derechos ciudadanos. En rigor, esto no es defendible y trae riesgos considerables para cualquier proceso de recuperación de la democracia y la libertad en Venezuela. La crisis humanitaria venezolana tiene su origen en el ejercicio del populismo autoritario, de modo que resolver lo primero pasa por superar lo segundo. Ambos temas están inextricablemente conectados.

VenAmérica tiene entre sus objetivos fundacionales la defensa de los derechos ciudadanos y esto implica que sus actividades se extienden tanto a presionar al interior de Venezuela, incluyendo las instancias legales, como a hacerlo en el plano internacional. Nuestra organización está adelantando una iniciativa concreta y fundamentada en una narrativa sólida para avanzar hacia un evento mundial de los venezolanos, donde se ratifique que la diáspora está movilizada en la defensa de sus derechos. Ello incluye de manera central el derecho al voto tanto en las elecciones presidenciales, cuando las mismas se produzcan, como a la participación en cualquier evento interno de la oposición a través de elecciones primarias que por principio ético deben incluir a la diáspora. www.venamerica.org.

* Vicepresidente de VenAmérica

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¿Los gobiernos locales deben ofrecer alternativas asequibles ante el alza de precios de alquileres? 35.64%
¿Las personas jubiladas deben recibir algún tipo de asistencia para poder enfrentar esos precios? 33.51%
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