Los venezolanos hemos estado acostumbrados a reconocer y a elegir a nuestros gobernantes por las razones incorrectas. Político avezado, líder carismático, incuestionable revolucionario e incluso, viejo zamarro con mucho burdel han sido apelativos comúnmente utilizados para justificar la elección de gobernantes, con muy mala experiencia para el País. Llegó la hora de comenzar a cambiar ésta aberrante desviación. Cuando los entes generadores de datos estadísticos y de información en Venezuela dejen de ser manipulados por el Poder Político y pasen a ser controlados por el Poder Civil, la información que de ellos derive será confiable y los venezolanos podremos comenzar a conocer con objetividad el resultado de las ejecutorias de los gobernantes y a dotar de contenido a los mandatos conferidos.

Imagínese por un instante que el Poder Civil conformado por representantes legítimos de los cuerpos intermedios de la sociedad (Sindicatos, Gremios, Cámaras, Iglesias, Colegios profesionales, Centros de estudiantes, etc.), antes de cada proceso electoral y luego de sondear lo que los ciudadanos que constituyen sus bases consideren sus necesidades y clamores más importantes, proponga una decena de indicadores de gestión aplicables para cada cargo de elección popular, de manera tal que al momento de elegir, cada uno de los venezolanos tengamos la opción de seleccionar no sólo el candidato de nuestra preferencia sino también los tres indicadores de gestión que midan los aspectos y las tareas que como electores consideremos más importantes y a los que deseemos que el gobernante dedique sus mayores esfuerzos durante su gestión.

De esta manera pudiera darse el caso de que un agricultor de Turén, Estado Portuguesa al votar por su candidato a Alcalde le encomiende mejorar los índices de distribución de gas doméstico, red de acueducto y transporte público urbano; mientras que al votar por su candidato a Gobernador le encomiende mejorar los índices de vialidad agrícola, de frecuencia de vuelos desde y hacia el Estado y reducir el índice de criminalidad; y cuando le corresponda votar por su candidato a Presidente de la República le encargue mejorar los índices de inflación, PIB Alimentario y Desarrollo Humano.

Un encargado del manejo de una Posada en la Isla de Margarita al votar por su candidato a Alcalde, probablemente desee otorgarle el mandato para mejorar los índices de número de balnearios habilitados, kilómetros de vías públicas locales y número de turistas por año.

Un pescador artesanal de Cumaná al votar por su candidato a Gobernador quizás seleccione mejorar los índices de producción local de sal y de acceso a los servicios portuarios y reducir el índice de hurto de embarcaciones.

Y un industrial en Valencia al votar por su candidato a la Presidencia de la República posiblemente le encargue incrementar el índice del PIB No Petrolero y reducir las tasas de desempleo y de pobreza extrema.

Entre todos los votantes eligiendo candidatos y seleccionando indicadores, el resultado sería que para cada gobernante electo se determinarían públicamente los tres principales indicadores por lo que habrá de medirse su gestión, estableciendo muy claramente el alcance del contenido de los mandatos conferidos, en beneficio tanto de los ciudadanos como de cada gobernante.

La conjunción de la existencia de fuentes de data estadística confiable bajo el control del Poder Civil, con un mecanismo generador de claridad del mandato como el anteriormente enunciado, serviría como base para implantar en Venezuela un esquema de evaluación pública de la gestión de los funcionarios electos, bajo términos de premios y castigos.

Tal mecanismo serviría como herramienta gerencial al mismo gobernante para trazar o corregir su plan de acción, con especial énfasis en sus tres principales indicadores seleccionados, al tiempo de producir certeza para el Poder Civil que, en representación de la ciudadanía, procedería: a) a premiar con bonificaciones económicas anuales por buena gestión a cada gobernante que logre la mejora de por lo menos dos de sus tres indicadores seleccionados; o, b) a exigir la implantación de correctivos oportunos a cada gobernante que no logre una buena gestión y, en caso de no lograr la corrección en un tiempo determinado, proceder automáticamente a un referéndum revocatorio de su mandato.

Cuentas claras, pues!.

juanriquezes@gmail.com

@juanriquezes

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Aparecen en esta nota:

 

Deja tu comentario