Por Hector J. Riquezes

El principal ingrediente de cualquier mercado, tanto de bienes como de servicios, es la información. En el caso del mercado de trabajo los demandantes de empleo deben estar informados de las características de las vacantes existentes, pues es la única forma que pueden cotejarlas contra su perfil y optar a un puesto de trabajo. Los oferentes de empleo, por su parte, deben conocer las características y expectativas de los recursos humanos disponibles en el mercado, pues solamente tomando medidas con base a esa información pueden llegar a satisfacer sus requerimientos de mano de obra. La ausencia, carencia, dispersión o falta de calidad de esa información atenta contra la existencia misma de un mercado de trabajo formal.

El caso venezolano

En el caso venezolano, no existe ni física ni virtualmente un sitio donde converjan, en forma significativa, la información sobre la oferta y la demanda de trabajo. Las agencias de empleo, los anuncios en los periódicos y las ferias de empleo apenas satisfacen muy tímida y parcialmente esa necesidad. Es decir, el venezolano es un mercado de trabajo desarticulado.

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A esa desarticulación del mercado de trabajo podemos atribuirle la carencia de información que existe entre el sector empleador y los institutos de formación de recursos humanos, al igual que entre el sector empleador y los desempleados. Esta incomunicación entre sectores propicia una situación en la que los institutos de formación de recursos humanos tienden a formar al recurso humano en especialidades menos solicitadas en el mercado y, por desconocer las reales exigencias de los empleadores dejan de formar, las especialidades más requeridas. El mercado de trabajo venezolano es un mercado desequilibrado.

Las consecuencias de tal desorganización afectan gravemente instituciones clave del sistema democrático, como son las empresas, los trabajadores, las instituciones educativas.

Un ejemplo a seguir

Al producirse un cambio político en nuestro País que conduzca hacia la Democracia, será necesario y urgente atender este importante aspecto de la economía nacional.

El autor de esta nota tuvo la oportunidad de conocer internamente el Instituto Nacional del Empleo Español (hoy Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE) por invitación del Gobierno de ese país y pudo comprobar su sencillez y efectividad.

El ciudadano español tiene derecho a recibir una prestación transitoria por desempleo al cumplir ciertas condiciones. El Gobierno delega en el Servicio Público de Empleo la administración de esa prestación y este, a su vez, la paga al desempleado solamente mientras el desempleado permanezca registrado en el SEPE. Es así como la prestación por desempleo se constituye en el mayor acicate para que el SEPE concentre un registro corriente de la demanda.

Por otra parte, el SEPE está oficialmente facultado para aprobar un crédito fiscal al empleador que le reporte las plazas vacantes de su empresa, así como, la contratación de candidatos ofrecidos por el SEPE. Es así como el crédito fiscal se convierte en la motivación que logra centralizar en el SEPE la oferta de plazas de trabajo.

Esta es la forma como España ha logrado la imprescindible convergencia entre demanda y oferta de empleos; constituyéndose de hecho un mercado de trabajo formal y funcional. ¿Un ejemplo a seguir?

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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