Miguel Uribe y el incómodo número 97

Indepaz existe desde 1984 y es una de las ONG más activas en el monitoreo del conflicto interno en Colombia. Su registro de los líderes asesinados inició en 2020 y se ha convertido en una herramienta que visibiliza la magnitud de la violencia del país contra los líderes sociales, siendo citado por medios de comunicación y organismos nacionales e internacionales.

Y es por eso que, ya que Indepaz suele documentar la violencia política con rigor casi litúrgico, causó gran sorpresa e indignación en diversos sectores la decisión de que este caso merecía ser una excepción. ¿Por qué? Porque la memoria, como la paz, también se negocia y como toda negociación, tiene sus vetos, sus silencios y sus cláusulas de confidencialidad.

La organización explicó que retiró la publicación en X (antes Twitter) para “proteger a la familia”. ¡Noble gesto! Pero uno no puede evitar preguntarse: ¿fue realmente una decisión autónoma? ¿O simplemente se atendió una llamada que no podía ignorarse?

Debo agregar que hasta ahora no he encontrado ningún antecedente en el que Indepaz haya decidido “despublicar” o “esconder” un registro de un asesinato de un líder social. Y eso convierte este caso en algo más que una excepción: lo transforma en un muy mal síntoma. Y es que cuando la memoria se edita, lo que se borra no es solo un nombre, sino el derecho a incomodar incluso después de muerto.

Indepaz produjo una cobertura inusualmente extensa: cartel gráfico, video en TikTok, columna editorial, base de datos actualizada. Todo apuntaba a que Miguel Uribe Turbay sería recordado como una víctima más del conflicto. Pero bastaron unas horas de insultos en redes sociales para que la publicación desapareciera. ¿Fue la presión digital lo que borró el homenaje? ¿O fue la presión política disfrazada de sensibilidad?

“La memoria no puede ser escenario de odio”, dijo Indepaz. Pero ¿puede ser escenario de omisión? ¿De discriminación?

La familia de Miguel Uribe Turbay fue atacada en redes. Es comprensible que se quiera evitar su revictimización. Pero si el criterio editorial se basa en el volumen de insultos, ¿no estamos entregando la curaduría de la memoria a los ‘trolls’ y las bodegas? ¿Desde cuándo es un algoritmo quien decide quién merece ser recordado y quién no? La memoria no debería depender de las tendencias en redes sociales y menos aún de la susceptibilidad institucional.

Miguel Uribe Turbay dejó una huella profunda en quienes lo conocieron y en quienes lo enfrentaron. Su trayectoria pública estuvo marcada por una defensa firme de la institucionalidad, el debate respetuoso y la confrontación de ideas sin adjetivos. Fue concejal opositor al alcalde Petro, secretario de Gobierno en la alcaldía de Peñalosa, candidato a la alcaldía, y en cada rol sostuvo posturas que incomodaban tanto a los extremos como a los acomodados.

Su legado no se mide en cargos, sino en la persistencia de su voz: una voz que incomodaba por decir lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a pronunciar. Su deseo de un país sin violencia y con justicia no era una consigna: era una provocación para quienes esgrimen la paz como excusa y la justicia como un simple elemento decorativo. Borrarlo del registro no elimina su impacto; apenas confirma que, incluso muerto, sigue siendo más incómodo que muchos vivos.

Otras preguntas incómodas flotan en el aire: ¿fue una decisión técnica o una sugerencia estratégica? ¿Hubo una llamada, un mensaje, una insinuación desde algún despacho, tal vez una sugerencia para evitar un posible recorte de aportes a la ONG? No hay pruebas, claro. Pero en Colombia, la ausencia de pruebas nunca ha sido garantía de inocencia.

“Pocas veces producimos tantos contenidos en torno a un solo caso”, dijo Indepaz. Y nunca los habían borrado tan rápido, agregaría quien escribe.

En Colombia, hasta los muertos deben pasar por filtros ideológicos para ser dignos de memoria. Miguel Uribe Turbay no fue asesinado por error: fue asesinado por incómodo. Y en Colombia, ser incómodo es pecado capital.