La investigación de la corrupción en Petróleos de Venezuela (PDVSA), está provocando el enfrentamiento entre el régimen de Nicolás Maduro, representado por el actual fiscal general Tarek William Saab, y su antecesora en el cargo, Luisa Ortega Díaz, hoy en el exilio.

Y es que mientras el equipo de Ortega asegura que fue el Gobierno de Maduro el que bloqueó las investigaciones, el actual fiscal general Tarek William Saab asegura que fue la anterior gestión del Ministerio Público la que “ordenó cerrar la investigación y echarle tierra al caso de Andorra”.

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Pero la historia que cuentan quienes fueran miembros del equipo de Ortega es otra. Uno de sus colaboradores, también en el exilio y quien pidió mantener su nombre en el anonimato, afirma que en el caso de Andorra se redactaron solicitudes para saber qué venezolanos tenían cuentas en Andorra, España y Suiza, y si alguno de ellos estaba siendo investigado por legitimación de capitales u otros delitos, pero que estas “nunca salieron de Venezuela”.

Explicó que las rogatorias fueron entregadas a la Cancillería, como manda la ley, para ser gestionadas, pero nunca fueron entregadas “porque estaban protegiendo a quienes ahora persiguen. Para aquel entonces, era Delcy Rodríguez, actual presidente de la Constituyente, era la ministra de Relaciones Exteriores.

Diego Salazar, primo del ahora exembajador ante Naciones Unidas y zar petrolero durante más de una década Rafael Ramírez, era uno de esos “protegidos”, pero ahora es culpable porque el nuevo fiscal afirma que informes de inteligencia lo señalan como el líder de una “organización criminal”, que desde 2006 desvío 4.200 millones de dólares de fondos públicos.

Pero ahí no queda el enfrentamiento, pues el equipo de Luisa Ortega Díaz insiste en señalar que el bloqueo no solo vino de la Cancillería sino de la propia PDVSA que nunca respondió a las solicitudes de información formal sobre supuestos casos de corrupción.

El Poder Judicial, también hizo lo suyo, al cerrar aún más el cerco en 2016, cuando el Tribunal Supremo de Justicia dictó tres sentencias que impedían al Parlamento y al Ministerio Público investigar.

El resultado en esta historia, el hecho cierto de que el desfalco del fondo de pensiones, las irregularidades en el manejo de recursos y el supuesto desvío de fondos de PDVSA hacia cuentas en la intervenida Banca Privada D’ Andorra, quedaron engavetados, hasta nuevo aviso.

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