En la OEA está operando un grupo de quince gobiernos orientado a definir acciones conjuntas ante la crisis en Venezuela. Al margen de los mecanismos formales de la OEA, el grupo ya emitió dos pronunciamientos, el más reciente fue distribuido el 11AGO16 en el cual hacen un llamado a las “autoridades venezolanas” para que se “cumplan de manera, clara, cierta y sin demoras las etapas restantes para la realización del Referendo Revocatorio Presidencial”.

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El comunicado del “Grupo Venezuela” de la OEA del 11AGO16 fue elaborado pocas horas después que las autoridades electorales venezolanas del CNE, de mayoría abiertamente chavista, se negaran a anunciar la fecha para la recolección de firmas que convocarían al referendo contra Nicolás Maduro.

La oposición venezolana presentó el 09MAR16 su solicitud al CNE para activar el proceso revocatorio. Cinco meses después, el 09AGO16, la rectora electoral Tibisay Lucena informó que se tomará varios meses más para evaluar si se cumplen las “normas” (redactadas por el propio CNE) antes de convocar la recolección de firmas, validarlas y llamar eventualmente a referendo, el cual según el chavismo sólo ocurriría en el primer trimestre del año 2017. De posponerse para el próximo año, la derrota del chavismo en el referendo no conllevaría a la convocatoria de nuevas elecciones ya que la Presidencia sería asumida por el vicepresidente designado por Maduro.

La celebración de un referendo revocatorio para desplazar a Maduro fue asumida por la oposición venezolana, entre otras razones, por tratarse de una vía constitucional y electoral aceptable por la “comunidad internacional”. A su vez, diversos gobiernos americanos y europeos, e incluso el propio Vaticano, mostraron simpatía por la vía del referendo para superar la crisis venezolana. La maniobra chavista para posponerlo, basándose en normas procedimentales, disparó las alarmas internacionales y su primera manifestación fue el comunicado del grupo de países en el seno de la OEA.

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El “grupo Venezuela” en la OEA está conformado por los representantes de Argentina, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Perú, Panamá, Paraguay y Uruguay. Las siete principales economías del continente, los cuatro países fundadores de Mercosur, siete de los doce gobiernos suramericanos incluyendo dos de tendencia socialista y, casi la mitad de los miembros de la OEA figuran en esta lista. No es poca cosa en términos de peso político internacional.

El grupo hizo su debut el 15JUN16 emitiendo un comunicado durante la Asamblea Anual de la OEA celebrada en República Dominicana. En esa oportunidad expresaron su respaldo a la solicitud del Secretario General Luis Almagro para presentar su informe sobre Venezuela invocando la Carta Democrática. Ese comunicado de junio sirvió para frenar las maniobras del régimen venezolano para impedir la sesión solicitada por Almagro.

Por cierto, las gestiones del español José Rodriguez Zapatero para un “diálogo nacional” en Venezuela han perdido rápidamente el apoyo internacional del cual gozaban. El grupo de quince países de la OEA que en junio “apoyaba los esfuerzos” de Zapatero, en su pronunciamiento de agosto apenas lo mencionan.

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El juicio a la presidente brasileña Dilma Rousseff comenzará el 25AGO16 y todo señala que al finalizar el mes ya habrá sido destituida.

La madrugada del 10AGO16, la plenaria del Senado brasileño realizó siete votaciones como parte del proceso de impeachment. En todas ellas resultaron derrotados los seguidores de Rousseff. En las votaciones participaron 80 senadores ya que el presidente del cuerpo, Renan Calheiros, optó por asistir a la sesión pero absteniéndose. La sesión que había comenzado a media mañana del día 09AGO16, fue conducida por el Presidente del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, confirmando que el proceso de impeachment sigue las normas constitucionales. Tras largas horas de discursos y de escuchar a los abogados acusadores y defensores, los senadores de Brasil debían pronunciarse a favor o en contra del informe preparado por una comisión especial la cual encontró méritos para enjuiciar a Rousseff. Además de valorar el informe, el Senado debió considerar seis recursos introducidos por senadores asociados al PT y al Partido Comunista de Brasil que trataban de limitar el alcance de las acusaciones contra Rousseff. Con un total de 59 votos fue aprobado el informe convirtiendo a Rousseff en imputada, para lo cual sólo eran necesarios 42 votos. En las restantes votaciones de la noche, 58 senadores se opusieron a los textos presentados por los senadores aliados de Rousseff.

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Para que prospere la destitución de Rousseff durante el juicio de finales de mes, serán necesarios 54 votos en el Senado. Esa cifra ya fue superada en las votaciones del 10AGO16 que decidieron enjuiciar a la mandataria. Salvo en el más cercano entorno de Rousseff donde aún calculan poder atraer algunos senadores a su causa, nadie en Brasil ya duda que el gobierno del Partido de los Trabajadores llegará a su fin en las próximas semanas.

En el seno del PT existen movimientos que, dando como un hecho la destitución, procuran una línea política que aleje al partido de la imagen de Rousseff tratando de ganar el rol de activa fuerza opositora. La consiga petista “volta Dilma” (regresa Dilma) fue reemplazada por “fora Temer” (fuera Temer), develándose la intención de la izquierda brasileña de no facilitar la gobernabilidad del país en los próximos años. Como ya intenta el kirchnerismo en Argentina, el petismo se apresta a crear un clima conflictivo en las calles de Brasil. Mientras, la cabeza del petismo, Lula da Silva, confronta crecientes complicaciones judiciales que lo podrían llevar a la cárcel o al exilio.

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Las gestiones de la izquierda brasileña en procura de apoyo propagandístico extranjero lograron poner en labios del derrotado precandidato demócrata estadounidense Bernie Sanders la defensa de Rousseff. El 08AGO16, Sanders distribuyó una declaración del senador por Vermont en la cual aseguró que “los esfuerzos para remover a la presidente democráticamente electa” se producen por “motivos dudosos” y son en realidad un “golpe de Estado”. Obviando que se trata de un proceso contemplado en la Constitución brasileña, Sanders afirmó que “no se trata de un juicio legal sino político”. Y atacando al mandatario provisional Michel Temer, Sander afirmó que carecía de “mandato para gobernar”. El exaspirante a la Casa Blanca demostraba así que había comprado todo el paquete propagandístico producido por el castrochavismo para desacreditar el proceso de impeachment que se sigue en Brasil.

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Ya en el pasado, Bernie Sanders había mantenido cercanos nexos con la izquierda castrochavista y había servido como vocero en Washington. En 2006, en su condición de representante por el estado de Vermont, Sanders pactó con el gobierno de Hugo Chávez la entrega por la empresa venezolana Citgo de combustible de calefacción a comunidades de “bajos ingresos”. En aquel entonces el enlace de Sanders con el régimen chavista era Bernardo Alvarez, el actual representante de Nicolás Maduro ante la OEA y quien ejercía como Embajador en Washington.

El 10OCT11, cuando el Senado de EEUU aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia, Sanders se opuso alegando violaciones de derechos humanos contra sindicalistas colombianos. Se trataba de una argumentación promovida por la izquierda colombiana asociada a las Farc, asumida por sindicatos estadounidenses y que sirvió para retrasar la aprobación del tratado alcanzado por los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y George W. Bush en 2006. Con ese argumento también habían coqueteado importantes sectores demócratas en EEUU, incluyendo al entonces senador y candidato Barack Obama. La izquierda castrochavista, incluyendo a las Farc, se oponía al TLC EEUU-Colombia y Sanders repitió en Washington sus argumentos.

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Hebe de Bonafini, la octagenaria argentina que ganó figuración internacional en los años ochenta como activista en pro de los Derechos Humanos, está siendo investigada por un millonario fraude a las finanzas públicas de su país. El 04AGO16 la prensa internacional registró la orden contra Bonafini para ser llevada a testificar a un tribunal de Buenos Aires. La izquierda argentina e internacional reaccionó indignada contra la medida pero sin referirse a las causas que motivaron al juez Marcelo Martínez de Giorgi quien declaró en rebeldía a la anciana que se niega concurrir al tribunal. Bonafini continúa ejerciendo como líder de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y encabeza sus actividades.

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De luchadora contra las dictaduras argentinas, la organización de madres de la Plaza de Mayo derivó en aparato de propaganda de los gobiernos de los esposos Kirchner. La asociación incluso recibió millonarias transferencias del gobierno de Hugo Chávez. Las “madres de la plaza de mayo” se convirtieron en empresa constructora de viviendas, para lo cual recibieron aproximadamente US$ 160 millones del gobierno Kirchner en un programa denominado “sueños compartidos” supuestamente con fines de “inclusión social”. El destino del dinero es incierto y por lo menos un tercio podría haber sido desviado a fines distintos de la construcción de viviendas. El número de viviendas efectivamente construidas fue sólo una fracción del total prometido. El 10AGO16, el juez Martínez fue personalmente a la sede de la Asociación para interrogar a Bonafini quien se negó a declarar.

Una relación publicada por el diario bonaerense La Nación el 24JUN16 fijaba en 16 el número de altos funcionarios kirchneristas a los cuales, para esa fecha, se habían abierto procesos judiciales. La lista ha ido creciendo y está encabezada por la propia exmandataria Cristina Kirchner, seguida por el otrora poderoso Julio de Vido, el hombre encargado de los negocios argentinos con el régimen chavista.

Las opiniones emitidas en esta sección no tienen que reflejar la postura editorial de este diario y son de exclusiva responsabilidad de los autores.

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