CARACAS.- El “huracán Nicolás” arrasa con los restos de las libertades de información y expresión en Venezuela. Llevándose por delante todo lo que aún queda en pie, el régimen de Nicolás Maduro cierra televisoras y radios, deja a periódicos sin papel, ataca a periodistas y redobla su ofensiva contra páginas web y redes sociales. Devastación total.

La instalación de la Asamblea Constituyente -violando la Carta Magna y producto de unos comicios tachados de “fraudulentos”- agudizó la persecución contra los medios. A finales de agosto, el Gobierno chavista eliminó de las operadoras de cable a los canales colombianos RCN y Caracol, y borró del dial a las emisoras de frecuencia modulada 92.9 y 99.1. De esta manera, “el número de emisoras y canales de TV cerrados en 2017 asciende a 50”, apuntó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS-Venezuela).

No conforme con maniatar a las voces críticas internas, desplegando una “hegemonía comunicacional” que impone la censura y autocensura en la prensa local, el oficialismo embiste contra los medios foráneos. En estos ocho meses sacó del aire a CNN en Español, Todo Noticias (TN), de Argentina, y a las colombianas El Tiempo, RCN y Caracol. Asimismo, ha negado el acceso y expulsado del territorio nacional a corresponsales extranjeros.

Maduro arremete contra las grandes corporaciones internacionales, pero también propina golpes quirúrgicos para silenciar a la disidencia. La presión de Miraflores habría forzado al periodista Nelson Bocaranda a tomarse unas “vacaciones” y separarse momentáneamente de la conducción del espacio La Cola Feliz, en Unión Radio. El “descanso” de Bocaranda, reconocido por denunciar la corrupción y revelar datos confidenciales del régimen, coincide con la campaña que ya inició para las elecciones regionales de octubre.

A sus 85 años de edad, Teodoro Petkoff, director del semanario Tal Cual, recibió la “visita” de un juez acompañado por efectivos de la Guardia Nacional, que se acercaron a su residencia supuestamente para constatar su estado de salud. Tal Cual publicó un reportaje sobre las empresas de los primos del exministro de Infraestructura y constituyente Diosdado Cabello que -según la destituida fiscal general Luisa Ortega Díaz- habrían recibido 100 millones de dólares por pagos de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Pese a estar enfermo, Petkoff debe presentarse mensualmente ante los tribunales y tiene prohibido viajar fuera del país, a consecuencia de una demanda por difamación agravada que en 2014 introdujo en su contra el propio Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Una investigación sobre los presuntos vínculos entre Maduro y la empresa Group Grand Limited, señalada por Ortega Díaz de participar de manera irregular en el plan gubernamental de distribución de cajas de alimentos, le costó al portal Armando.info convertirse en blanco de una serie de amenazas anónimas. En apoyo a esta página web, diversos sitios difundieron el reportaje en cuestión.

En la mira

Apelando a leyes restrictivas y engorrosos trámites burocráticos, el chavismo ha neutralizado a los medios tradicionales desde su acenso al poder en 1999. Manipulando el proceso de asignación y renovación de las concesiones, puso contra las cuerdas a televisoras y radios, liquidando en 2007 a Radio Caracas Televisión (RCTV) y a 32 emisoras en 2009. Igualmente, utiliza a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para amedrentar a Venevisión y Televen, los únicos canales de señal abierta que llegan a todo el país.

A los periódicos los ha arrodillado limitando el suministro de papel. En estas semanas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha indicado que los diarios regionales Frontera (Mérida), La Nación (Táchira) y Última Hora (Portuguesa) enfrentan dificultades para circular por falta de los insumos básicos. “El gobierno sigue negando el papel y poniendo trabas a medios críticos, ocasionando sus cierres. La prensa agoniza en Venezuela”, alertó el SNTP.

Ahora el oficialismo tiene en la mira al último reducto de las libertades de información y expresión: las páginas web y las redes sociales. Para aplastar a los medios digitales, la Constituyente -foro integrado por 545 militantes chavistas- discute una “ley contra el odio” impulsada por Maduro.

“Vamos a regular a las empresas proveedoras de servicios de redes sociales porque hemos sido víctimas de guerra psicológica”, adelantó la jefa de la Constituyente, Delcy Rodríguez. El borrador del texto que se filtró a la prensa establece que la difusión de supuestos “mensajes de odio” acarreará la “revocatoria de la concesión” de radios y televisoras, así como el “bloqueo de los portales” digitales.

Siguiendo las directrices del Ejecutivo, Rodríguez definió a las redes sociales como “la plataforma más grotesca y brutal para atentar contra la integridad de nuestro pueblo”, y recalcó que la “ley contra el odio” incluirá “penalizaciones a las empresas proveedoras de redes sociales”. En el marco de las recientes protestas contra Maduro, que arrojaron un saldo de más de 130 muertos, los venezolanos utilizaron Twitter y Facebook para burlar la censura oficial, mantenerse informados y compartir testimonios sobre la represión.

La ONG Espacio Público contabilizó hasta el 30 de julio un total de 800 violaciones a la libertad de expresión, entre actos de intimidación, agresiones, censura, restricciones administrativas, amenazas, hostigamientos verbal y judicial, y ataques. De las 680 víctimas que han registrado este año, la mitad son periodistas (50,29%). La mayoría de los victimarios son funcionarios de los cuerpos de seguridad y las instituciones del Estado.

La “ley del odio” y la intención de limitar las redes sociales, reforzaría la mordaza contra la sociedad venezolana. “El gobierno pretende censurarnos a partir del miedo, frente a la amenaza de ir a la cárcel por opinar o emitir mensajes que no estén dentro de los estándares determinados arbitrariamente por ellos”, observó Espacio Público.

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