El objetivo de utilizar el llamado poder comunal en contra del funcionamiento de la democracia en Venezuela, es una vieja aspiración del régimen de Chávez&Maduro, que toma su primer impulso significativo en el año 2008, una vez que el 2 de diciembre de 2007, la sociedad venezolana le propinara una histórica derrota, cuando intentó cambiar la Constitución para tomar el control total de la sociedad. Entonces los venezolanos reaccionamos en contra, cuando entendimos lo que estaba detrás del proyecto de Chávez.

Fue entonces cuando Juan Carlos Monedero y sus socios, como parte de una de las asesorías más costosas contratadas por la corrupción chavista –costosas no solo desde el punto de vista financiero, también por los sufrimientos que ha causado a la nación venezolana–, formularon las líneas de una organización popular y comunal, que derivara en un Estado comunal. Las primeras leyes relativas al Poder Popular y Comunal se dictaron en 2008. Luego siguieron otras en 2011 y 2012. Pero esta relación no estaría completa si no se explicara que, de forma paralela, comenzaron a aprobarse leyes, siempre de forma unilateral e inconsulta, para dotar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –FANB– de un poder total sobre el país, y para promover la paramilitarización de la sociedad venezolana, a través de ese bodrio conceptual que es unión cívico-militar.

La tesis, desde un primer momento, ha sido la de usar el poder comunal en contra del parlamento y reemplazarlo, tal como se pretende ahora. Pero también no debemos olvidarlo, que no faltaron voces que propusieron tribunales comunales. Y hay más. Desde un primer momento se estableció que el poder comunal reemplazaría las elecciones de voto universal, directo y secreto, por unos falsos procesos, controlados por el aparato político del poder, conformado por el Partido Socialista Unido de Venezuela, las Unidades Bolívar-Chávez, el Frente Francisco de Miranda, las misiones y, ahora, más recientemente, por los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Hay todo un expediente de atropellos y acciones abusivas de estructuras populares y comunales en acciones de fiscalización, toma ilegal de bienes inmuebles, robo de mercancías, saqueos a la propiedad privada y otras.

Si el avance de la estructura comunal no ha ocurrido a la velocidad que se esperaba, es porque se pretendía de ella, algo que requiere de una implantación de muchos años: que fuese ideológica. Se esperaba crear un colectivo capaz de repetir la confusa doctrina del chavismo, espeso batiburrillo, que no es sino una sucesión de consignas creadas para mantenerse en el poder al costo que sea.

Todas esas veleidades han quedado atrás. El poder comunal ha derivado en minoritarias unidades político-partidistas, ajenas a los intereses de la sociedad, con objetivos claros y siniestros: reemplazar el poder legislativo, reemplazar a los partidos políticos, a las alcaldías y gobernaciones y a la Asamblea Nacional. Se quiere que se ocupen de las delaciones, del control y denuncia de la disidencia política, de controlar los precios, de espiar a los vecinos, de actuar como bandas armadas en el ataque a los opositores indefensos, tal como ya vienen haciendo.

En días recientes, ante el anuncio de Maduro de que convocará a una Constituyente Comunal, expertos del más alto nivel, han explicado de forma clara e inequívoca, que se trata de una operación ilegal en todos sus extremos. Se está violentando la Constitución para destruir las bases funcionales del sistema democrático. El Estado comunal equivale, nada menos, que a la implantación por tiempo ilimitado de la dictadura de Nicolás Maduro.

Se trata de un enorme peligro, que debe ser denunciado con todos los medios disponibles. El propósito es una Venezuela controlada por las unidades del poder comunal y unas FANB convertidas en guardianas del régimen: esas que, en estos días, han reprimido con ferocidad y alevosía, y asesinado a decenas de venezolanos, solo porque exigen el cumplimiento de la ley. Insisto en pedirle a los demócratas de Venezuela y el mundo que intenten imaginar los riesgos a los que se vería sometido nuestro país, si en Venezuela se eliminaran todas las instituciones del sistema democrático y los procesos electorales, y el país entero quedara en manos de un poder delincuencial y narcotraficante.

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