SAN JOSÉ.- Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay emitieron una declaración conjunta para manifestar su rechazo a los actos de violencia contra manifestantes opositores en Venezuela, que ha dejado seis muertos en los últimos días.
En un comunicado conjunto, los 11 países manifestaron su solidaridad con los familiares de las víctimas, rechazaron la violencia y exhortaron al régimen de Nicolás Maduro a garantizar el derecho a la manifestación pacífica, de cara a la protesta opositora y oficialista del 19 de abril.
“Nuestros gobiernos reiteran su rechazo a la violencia. Asimismo, teniendo en cuenta que para el miércoles 19 de abril se anuncia una jornada de marchas por parte del oficialismo y de la oposición, hacemos un llamado al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que garantice el derecho a la manifestación pacífica, tal y como lo consagra la Constitución”, dice el comunicado.
“Y que impida cualquier acto de violencia contra los manifestantes. Asimismo hacemos un llamado a la oposición para que ejerza con responsabilidad su derecho a manifestarse y así lograr una jornada pacífica donde la gente se exprese con tranquilidad”, añade la petición de los países.
Los 11 países abogan por una pronta salida electoral a la crisis política, social y económica de Venezuela, por lo tanto urgen al régimen de Maduro a que rápidamente se definan fechas para dar cumplimiento al cronograma de elecciones.
Costa Rica ha sido uno de los países que ha criticado con vehemencia los desmanes de Maduro en su país y aboga para que se respete la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica, y que esta se ejerza en orden y con apego a la legalidad.
"Hacemos un llamado porque se respeten los derechos humanos de los ciudadanos de Venezuela, y que los manifestantes ejerzan sus derechos de forma pacífica y ordenada", añadió el canciller costarricense Manuel Gonzalez.
El pasado 9 de abril Costa Rica también manifestó su profunda preocupación por la inhabilitación del gobernador del Estado de Miranda, Henrique Capriles Radonski, electo por elección popular, libre y democrática, al ejercicio de cargos públicos por 15 años.
Los derechos políticos de las personas son pilares fundamentales de toda democracia. Sin la garantía del respeto a la voluntad popular, el Estado de Derecho es peligrosamente socavado y las libertades fundamentales entran en un vacío que mina, aún más, la institucionalidad en la República Bolivariana de Venezuela, considera Costa Rica.
“Costa Rica hace con vehemencia un llamado para que se deje sin efecto la proscripción política del gobernador Capriles, y se le respete su investidura y potestades, y se garantice plenamente su seguridad”, dijo este gobierno.
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