La diputada ante la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Adriana Pichardo expresó que es urgente la aplicación de protocolos sanitarios en las cárceles del país por el coronavirus COVID-19, pues de lo contrario la población carcelaria, incluyendo presos comunes y políticos, están "condenados a muerte".
La parlamentaria resaltó las condiciones de hacinamiento e insalubridad en la que se encuentran los reclusos en Venezuela, informó el Centro de Comunicación Nacional.
"Con condiciones inhumanas, sin alimentos y sin atención médica adecuada, así están los presos. Un caldo de cultivo para que ocurra una tragedia... Presos políticos y comunes serán condenados a muerte a menos que se tomen acciones inmediatamente", dijo Pichardo.
Agregó que en Venezuela hay más de 100 mil presos hacinados; una cifra que supera el 350% de la capacidad de los centros de reclusión. Indicó que se desconoce la cifra de enfermos por el coronavirus COVID-19 en las cárceles y si se están practicando pruebas para descartar la existencia de contagios entre los privados de libertad.
El Foro Penal Venezolano alertó que 326 presos políticos están en riesgo en las cárceles del país ante la pandemia del coronavirus COVID-19, que según cifras del régimen de Nicolás Maduro ya ha contagiado a 175 venezolanos.
La alerta la realizó el director del Foro Penal, Alfredo Romero, quien dijo que al menos 42 hombres y mujeres que están privados de libertad tienen problemas de salud, lo que los hace más vulnerables ante la enfermedad, informó el portal Caraota Digital.
La oposición venezolana ha alertado sobre la situación de los presos políticos después de que se confirmaran cuatro casos de coronavirus COVID-19 en el Helicoide, el cuartel general en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), donde hay muchos recluidos.
A final de marzo la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos Michelle Bachelet instó a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas para evitar que el coronavirus se extienda de forma masiva en las cárceles, para lo cual exhortó a reducir la población carcelaria, teniendo en cuenta los colectivos de riesgo y los "presos políticos".
"El COVID-19 comenzó a afectar a prisiones, cárceles y centros de detención de migrantes, así como a instituciones de acogida y hospitales psiquiátricos", afirmó Bachelet, al hacer repaso de colectivos "extremadamente vulnerables" por ver limitados sus movimientos.
El riesgo se agudiza en centros ocupados por encima de su capacidad, donde "las personas a menudo están en malas condiciones higiénicas y los servicios médicos son inadecuados o casi inexistentes". Bachelet aseguró que guardar las distancias o permanecer aislados en estos contextos es "prácticamente imposible".
FUENTE: Redacción/Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional
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