BRASILIA.- El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, afirmó este martes junto a su homólogo paraguayo, Mario Abdo Benítez, que su país "no dará asilo a terroristas o a cualquier otro bandido preso o refugiado político".

Esa declaración pareció aludir a la situación de dos ciudadanos paraguayos acogidos en Brasil como refugiados, un estatus que el Gobierno paraguayo ha pedido que sea retirado para dar lugar a un proceso de extradición.

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Se trata de dos exdirigentes del Partido Patria Libre, que están procesados por la Justicia de Asunción por un secuestro ocurrido en 2001, un asunto que, según dijeron a Efe fuentes oficiales, fue tratado durante la reunión que Bolsonaro ha tenido con Abdo Benítez, que realiza una visita oficial a Brasilia.

La semana pasada, el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Luis Alberto Castiglioni, admitió que la respuesta que el Gobierno de Abdo Benítez espera de Brasil en relación al estatus de Juan Arrom y Anuncio Martí genera "mucha ansiedad" y optimismo.

Arrom y Martí fueron procesados por la Justicia paraguaya por su presunta implicación en el secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, esposa de un empresario del país y nuera del exministro de Hacienda Enzo Debernardi, que fue liberada a cambio de un millón de dólares.

Antes del juicio, los dos acusados desaparecieron y fueron liberados con signos de tortura, en un caso que provocó la renuncia de dos ministros y de tres jefes de la policía paraguaya.

Posteriormente huyeron a Brasil, que en 2003 les otorgó el estatus de refugiados políticos.

Actualmente, Paraguay está siendo juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la presunta responsabilidad del Estado en las posibles torturas que denunciaron los dos dirigentes.

En Brasil, la decisión final sobre la anulación del estatus de ambos ciudadanos no depende directamente del Gobierno de Bolsonaro, sino de la Comisión Nacional de Refugiados (Conare), que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia pero está integrada también por organismos humanitarios y de la sociedad civil.

FUENTE: EFE

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