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Una salida abrupta o incluso negociada de Nicolás Maduro de la presidencia de Venezuela, golpearía la proyección exterior de China en un momento en el que rivaliza con Estados Unidos y el dogma “monroista” de la administración del presidente Donald Trump.

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Pero hay algo más. Los dirigentes chinos hallaron en la Venezuela de Hugo Chávez “El Dorado” de las inversiones, en muchos casos en detrimento de los intereses nacionales del país caribeño. Erigir esa compleja alianza tuvo un altísimo precio.

El acceso a recursos naturales y sectores estratégicos venezolanos se dio en muchos casos bajo un manto de opacidad y sobornos, que ahora las élites empresariales de ambos regímenes temen se expongan en una eventual transición de poder en Caracas.

Los dirigentes chinos financiaron a Venezuela con 67 mil millones de dólares en préstamos del poderoso Banco de Desarrollo de China (BDC), que entre 2007 y 2018 fue la entidad vital para costear las inversiones bilaterales, muchas de ellas hoy en día abandonadas.

China no está defendiendo “la soberanía venezolana” de la injerencia exterior, o únicamente sus inversiones y acuerdos. En el fondo, en las penumbras, está el poder económico que amasaron los “príncipes rojos y sus “camaradas” venezolanos, emparentados con el sistema financiero del país asiático y su stablishment.

Diversos conglomerados comerciales del país asiático, afines con altos jerarcas del Partido Comunista chino, en alianza con burócratas y empresarios corruptos del chavismo, obtuvieron y desembolsaron en los últimos diez años cientos de millones de dólares en coimas para captar contratos, ganar información privilegiada y tranzar negocios estratégicos, un hecho que podría salpicar a lo más alto del Politburó.

En 2016, como muestra, hallé por una investigación periodística que una empresa de Venezuela que usurpó la identidad del gigante chino del acero Liaoning Northen Steel Pipes, y los contratistas venezolanos --consentidos por la estatal Petróleos de Venezuela--, que ejecutaron el plan, habrían facturado 56,4 millones de dólares -12 de ellos en sobreprecio- a cargo de una firma registrada en Texas, pero colocando en la factura el nombre de la sociedad china.

Al final ambas compañías firmaron un acuerdo y encarpetaron el escándalo triangulado a través del sistema financiero estadounidense. Ahora, en Texas, una corte de Houston investiga una parte de este caso, pero los principales actores están en libertad.

En 2015, sin embargo, la Fiscalía de Venezuela abrió una investigación criminal –por ahora en el limbo--, debido a que los mismos protagonistas de la trama de las tuberías, Joseph Benoudiz y Pablo Cárdenas, habrían ejecutado una millonaria operación de estafa al Estado venezolano con similar modus operandi.

En el peor de los escenarios los actos de corrupción chino-venezolana se dieron en violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero conforme a varias de esas sociedades que sobornaron o trazaron negocios tienen subsidiarias en suelo estadunidense o utilizaron el sistema financiero.

La poderosa Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, máximo órgano de planificación económica del Estado chino, fue responsable de los contratos firmados con Venezuela, y las empresas que ese ente designaba, ejecutó los proyectos.

Algunas compañías chinas acusadas de sobornar a jerarcas chavistas están bajo investigación del Principado de Andorra, con asistencia de fiscales de EEUU, y una decena de estas son brazos operativos de China National Machinery Industry Corporation (Sinomach).

Este conglomerado de propiedad estatal --en el ranking Fortune Global 500--, y con presencia en Norteamérica, está administrado directamente por el gobierno central chino. Para 2012, en sus alardes de expansión, Sinomach hacía gala de contratos en Venezuela que hoy están abandonados o no cumplieron las exigencias.

Un reflejo de ello es una emblemática planta de arroz en el estado de Delta Amacuro, donde la estatal CAMC Engineering Ltd de China, perteneciente a Sinomach, pagó según la justicia de Andorra, 100 millones de dólares en sobornos a burócratas chavistas, cómo adelantó una investigación de Reuters en mayo.

Para enfrentar las sanciones del Departamento del Tesoro, los cleptócratas venezolanos están registrando compañías en Hong Kong o China continental, además de migrar sus fortunas a la banca de ese país, aprovechando la internacionalización que tiene su sistema financiero.

Al interior del Partido Comunista chino la interrogante es si dejar caer al régimen chavista no socavaría su imagen e influencia global frente a otras tiranías en África o Medio Oriente, cuando es incapaz de sostener a su camarada caribeño.

El pragmatismo de la política china les ha permitido a sus últimas tres generaciones de presidentes --Jiang Zemin, Hu Jintao y ahora Xi Jinping--, sortear trabas ideológicas para entrar en terrenos hostiles, ganar confianza e invertir.

Los chinos tienen un objetivo ya no oculto: proyectar su riqueza y poder militar para disuadir y persuadir a todo aquel que se antepongan a sus intereses. Reconocen que la caída de la Revolución Bolivariana representaría un regreso al status quo estadounidense en la política venezolana, contraria a intereses de Pekín.

Lo que se da en Venezuela rompió ese esquema armonioso con el que Pekín se mantenía distante de los problemas domésticos de cualquier socio y está obligándolo a tomar dos opciones, defenderlo a apartarse. Lo primero, por ahora, es lo evidente.

*Es un reportero freelance de investigación venezolano. Por nueve años trabajó en la sección Internacional del Diario El Universal de Caracas donde fue responsable de la cubrir las relaciones entre Caracas y Pekín. Sus trabajos están centrados en temas de narcotráfico y corrupción

Frlopezbll@gmail.com

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