Ese año, Chávez nacionalizó la industria aurífera del país y definió como "zonas de seguridad" las áreas sujetas al desarrollo de la actividad de exploración y explotación del oro y le asignó su control a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Cinco años después, Nicolás Maduro avanzó en esta estrategia al crear la "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco", la cual ocupa un área 113.598 kilómetros cuadrados, que corresponde a 12,4% del territorio nacional, con la finalidad de extraer y comercializar los yacimientos de oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, cobre, caolín y dolomita de la zona, a través de concesiones entregadas a 150 empresas de 35 países.
La extensión del Arco Minero es de tal magnitud que su tamaño es mayor al de países como Austria, Bélgica, Costa Rica, Cuba, Irlanda o Suiza.
Sin embargo, lo ilícito es la marca de presentación de la explotación intensiva de las riquezas minerales del país.
En 2019 Maduro anunció que procedería a “entregar una mina de oro (…) en plena capacidad productiva, a cada gobernación, para la producción de recursos en divisas convertibles, para nuestro pueblo».
Según explicó Maduro los gobernadores “podrían disponer de forma inmediata de los recursos que la mina produjera para invertir en las necesidades de sus estados y sortear el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos”.
En el caso de los estados gobernados por la oposición, la asignación se realizó al llamado” protector de la entidad”, una figura creada por Maduro para desconocer a los gobernantes regionales y locales que no son afines a su proyecto político.
El secretismo gubernamental en torno a la actividad minera hace casi imposible conocer con exactitud cuántas de las áreas contempladas en el Arco Minero del Orinoco están operativas, cuantas han sido entregadas a gobernadores o a integrantes del Alto Mando Militar y en esencia cuántos kilos de oro han reportado al Banco Central de Venezuela.
La ausencia de información -y la asignación discrecional de los proyectos de explotación minera- no se limitan a la zona del Arco Minero del Orinoco, porque los yacimientos de minerales preciosos se encuentran distribuidos entre varios estados, todos controlados por figuras políticas o militares cercanas al gobierno de Maduro.
En los estados de Amazonas y Bolívar, abundan los yacimientos de hierro, oro, magnesio, caolín, cuarzo, diamante, bauxita, mármol, carbonaticos y cloríticos, uranio, coltán; mientras los yacimientos que se encuentran en la Cordillera de la Costa, formada por los estados Cojedes, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Vargas, Anzoátegui y Sucre, presentan manifestaciones de fosfato, carbón, yeso y sal.
Por otra parte, en los estados Táchira, Mérida y Trujillo, que conforman la Cordillera de Los Andes, así como una parte de los estados Apure, Barinas y Portuguesa y Lara, se localizan minas de carbón, yeso, mica, cobre y azufre.
De igual manera, en las formaciones de la Sierra de Perijá y en la de Falcón-Lara, los minerales presentes son el carbón y feldespato.
Hasta el ELN y las FARC
El control de las áreas mineras del país no es exclusivo de políticos o militares. Según un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) de Washington el grupo armado colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN) y algunas disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) llegaron a obtener más de la mitad de su financiación por medio de la minería ilegal en Venezuela. En un informe correspondiente al año 2020 los analistas del CSIS sostienen que entre 2019 y 2020 el ELN expandió su control en el Arco Minero. Según el informe, el ELN se financia por lo menos en un 60% y las FARC en un 50% con la explotación de minas en Venezuela.
De espaldas a la Ley
Según el análisis de los integrantes de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia “la asignación discrecional de minas a los gobernadores apoyados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), así como a otras personalidades viola las disposiciones establecidas en los artículos 12, 311, 312, 313, 314 y 315 de la Constitución de la República, fracturando el principio de unidad del tesoro referente a los ingresos que competen a la República como propietaria única de los minerales habidos en el territorio nacional”.
Según Acceso a la Justicia “la realidad es que se desconoce el procedimiento que ha usado el Gobierno de Maduro para la adjudicación de los yacimientos o minas de oro del país a las gobernaciones y los protectorados, así como a otras entidades públicas o privadas (…) Solo se sabe que se trata de una medida llevada a cabo en ejecución del Plan Minero Tricolor, un proyecto anunciado en junio de 2019 en el marco del denominado Arco Minero del Orinoco y sobre la que ha regido la más absoluta opacidad al no publicarse cifras e información sobre las actividades realizadas, especialmente respecto a la extracción del oro y otros minerales, así como tampoco sobre los recursos obtenidos de esas operaciones y las empresas asociadas e instaladas en ese ámbito”.
“Nicolacito” también tiene su mina
En conversación con distintos medios de comunicación el diputado Américo de Gracia (electo en el año 2015) denunció que “Nicolás Maduro Guerra (hijo de Nicolás Maduro) maneja y opera las minas de coltán, que el ELN guarda y custodia en la zona de Parguaza, municipio Cedeño del estado Bolívar, al suroeste del estado Bolívar, frente a los estados Apure y Amazonas y Colombia”
Según la denuncia del parlamentario “no es solamente él (Nicolás Maduro Guerra) quien se beneficia, también están en las minas de Guayana los hijos de Cilia Flores, el propio Tareck El Aissami, Diosdado Cabello, Maykel Moreno y militares. Por concepto de coltán no se registran ingresos al tesoro nacional. A pesar de haber transcurridos cuatro años de explotación no ha ingresado ni un centavo de dólar al fisco nacional, tal como se puede verificar en la página web del Banco Central de Venezuela, mientras que, por concepto de oro, triangulado como mascarón de proa de la empresa CVG-Minerven, ingresaron en el año 2018 lo equivalente a tres días de petróleo, actividad productiva para los bolsillos de ellos, pero no para el fisco nacional”.
En su momento De Gracia también denunció que por concepto de coltán y diamantes “no ingresa nada, ya que en esos minerales no tienen de mamparas empresas tipo Minerven para justificar ingresos al BCV. Maduro Guerra es uno de los operadores de ese triángulo de las Bermudas del coltán, oro y diamantes, donde se saquea a Venezuela”.
Ausencia o complicidad del Estado
La situación de los derechos humanos en Arco Minero ha sido objeto de creciente preocupación por parte de los organismos internacionales y regionales de derechos humanos.
En su resolución 45/20, el Consejo de Derechos Humanos expresó su “profunda preocupación por la situación de los derechos humanos y el medio ambiente” en la región, incluso con respecto a la explotación laboral de los mineros, el trabajo infantil, la trata de personas y la prostitución forzada, y manifestó su “especial preocupación por las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas” en la región.
Según el informe de la La Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas sobre Venezuela “estas violaciones y delitos son perpetrados tanto por agentes estatales, en particular por militares encargados de la seguridad en la región minera, así como por actores no estatales. Estos actores no estatales incluyen grupos criminales (conocidos como “sindicatos” y “pranatos”) y grupos guerrilleros de Colombia.
Desde 2014 hasta la actualidad, la Misión registró 832 muertes violentas de personas, de las que 237 fueron presuntas privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes estatales. La Misión también identificó 96 posibles desapariciones de personas, 107 presuntas violaciones por tortura y por tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes, 142 por presuntas detenciones arbitrarias por agentes estatales, y 729 presuntos delitos contra la libertad cometidos por agentes no estatales.
El control militar
En octubre de 2018, la empresa minera del estado venezolano (Minerven) se convirtió en una empresa mixta junto con una empresa privada recién constituida y controlada por Alex Nain Saab Morán, el empresario colombiano posteriormente acusado de blanqueo de dinero del chavismo y actualmente detenido en los Estados Unidos.
La empresa mixta resultante, Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía-Venezuela S.A. (Mibiturven), se hizo cargo de los importantes activos mineros de Minerven, y, por consiguiente, se convirtió en un actor central en la producción de oro en El Callao.
Según el informe de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas “la FANB no solo tiene un papel especial en el marco de seguridad del Arco Minero, sus diversas ramas tienen también intereses económicos variados y amplios en la región. Estos van desde entidades de propiedad militar creadas para explotar los recursos naturales, hasta ingresos aparentemente ilícitos generados por oficiales individuales (…) Ya en 2016, las inversiones de propiedad militar incluían 17 empresas y compañías mixtas. La Camimpeg fue creada el 10 de febrero de 2016 apenas dos semanas antes de la creación del Arco Minero. Camimepg es propiedad en su totalidad del Ministerio del Poder Popular para la Defensa (Ministerio de la Defensa), y es la principal empresa de propiedad militar en la industria minera”.
Aparte de la participación formal de los militares en la industria minera, la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas concluyó que existe información “creíble de que miembros de las fuerzas de seguridad están en connivencia con sindicatos y otros elementos criminales involucrados en el sector minero. Dicha colaboración ha ido desde la aceptación tácita de la presencia de grupos armados, la colusión activa entre actores estatales y no estatales de bajo rango, hasta supuestas alianzas estratégicas de alto nivel para limpiar las minas de ciertos sindicatos.
Según el informe “los funcionarios de bajo rango de la FANB también han usado la extorsión y a otras formas de abuso de poder para obtener beneficios económicos. Sin embargo, las fuentes de ingresos extraoficiales son difíciles de rastrear, y no está claro hasta qué punto estas actividades son llevadas a cabo por individuos deshonestos, o si son respaldadas, toleradas o controladas a través de las estructuras y las líneas de mando de la FANB”
Entre las actividades ilícitas en las que, según se informa, están implicados funcionarios de la FANB se encuentran: la prestación de servicios de seguridad a las minas ilegales; el control de la distribución de combustible y del transporte aéreo en las zonas mineras; el contrabando transfronterizo de mercurio; y el cobro de sobornos o impuestos extorsivos procedentes de la explotación de las minas ilegales o para acceder a infraestructura, a menudo ejercidos en los puestos de control militares
Otra de las principales fuentes de ingresos militares extrapresupuestarios es el presunto contrabando de oro a los países vecinos, especialmente Brasil y Colombia. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2021 las autoridades colombianas y estadounidenses investigan conjuntamente un esquema en el que el oro supuestamente recogido de las minas por la GNB era ocultado y enviado a Bogotá, con destino final a los Estados Unidos de América y otros terceros países.
Hasta 1.700 millones de dólares
Según la investigación conjunta entre Ecoanalítica y Transparencia Venezuela “a opacidad que ha marcado el negocio del oro en Venezuela hace que, a siete años de la creación del Arco Minero del Orinoco, sea muy complejo precisar las toneladas de minerales que se están explotando anualmente”.
Aunque en el informe se aclara que “pese a que las estadísticas internacionales contribuyen a estimar cuánto material sale legalmente de Venezuela, es muy difícil saber con exactitud cuánto es realmente lo que está extrayendo de los yacimientos auríferos, cuánto de eso llega a los canales regulares (centralizados) y cuánto sale del país por contrabando (flujos dispersos, como identificó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE en su último informe sobre los flujos ilícitos del oro en Venezuela).
No obstante, fuentes oficiales consultadas para la investigación de Ecoanalítica y Transparencia Venezuela indican que que solo alrededor de 25% del oro que se está extrayendo llega al BCV (es decir, entre 7,5 y 9 ton/año o entre USD 500 y 580 millones), el instituto emisor posteriormente comercializa ese material con traders o intermediarios; aproximadamente 30% puede quedar en manos de organizaciones criminales irregulares con control territorial en el
Arco Minero del Orinoco (entre 9 y 11 ton/ año o USD 600 y 700 millones/año) y el resto se destina a transacciones realizadas por funcionarios corruptos (entre 13.5 y 17 ton/año o USD 900 y 1000 millones/año).
Las conclusiones del estudio sugieren que actualmente el contrabando de oro ejercido por grupos irregulares y corruptos genera rentas anuales de entre USD 1.500 millones y USD 1.700 millones.
