MIAMI.- La despensa de Sofía Gómez tiene comida para una semana, y hasta finales de abril puede costear la renta de la casa donde vive con su familia. Su petición de asilo ha quedado ahora atrapada en lo más profundo de la burocracia migratoria: el mismo día que tenía asignado colocar sus huellas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), las oficinas cerraron temporalmente.

La carne y el pollo se acabarán en un par de días en el hogar de los Gómez, y los vegetales enlatados y congelados, junto a otros alimentos no perecederos, serán los últimos comestibles que la familia pueda tener, si la crisis causada por la propagación de la enfermedad por coronavirus continúa matando la producción nacional.

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Con el gobierno federal trabajando a medias ante el avance de la pandemia por todo Estados Unidos, Sofía tiene a cuesta una doble preocupación. Evitar contagiarse, y que su proceso migratorio no se ralentice, aún más, para poder recibir el Social Security y reclamar un Permiso de Trabajo.

El USCIS dijo en un comunicado el 18 de marzo que, al reanudar sus operaciones normales, en ese entonces prevista para 1 de abril, reprogramará automáticamente las citas enviando por correo postal la nueva fecha de presentación. Pero con la pandemia extendiéndose, muchos creen que la espera será larga.

“Entre más tarde este proceso de las huellas, más desesperante será para nosotros. No podemos acceder a la documentación para la licencia de conducir, y, por ende, no podemos manejar y no tenemos identificación”, dice Sofía, a quien la División de Servicios para Conductores de Florida (FLHSMV) no le permitió tramitar una licencia sin la constancia del USCIS de gestión de huellas.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración requiere que se le tomen las huellas dactilares, fotografía y/o firma, a los solicitantes de asilos, con el propósito de confirmar su identidad y llevar a cabo las verificaciones de antecedentes y de seguridad. Desde ese momento corren 180 días para solicitar su Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés).

Sofía llegó en junio de 2019 a Miami junto a su esposo y niña de cinco años huyendo del régimen socialista de Nicolás Maduro en Venezuela. Su marido fue víctima de persecución en la empresa estatal en la que trabajaba, al grado de que su vida corrió peligro en varias oportunidades por criticar al gobierno y respaldar al líder opositor Juan Guaidó.

En el peor de los escenarios, Sofia y su esposo temen quedar en la calle con su niña si no logran reactivarse en las próximas semanas las actividades en un restaurante donde fueron contratados sin documentación laboral. Esto ha sido un auxilio vital todos estos meses mientras esperaban para introducir su petición de asilo ante el USCIS.

Junto a Sofía y su familia viven su cuñada y los hijos de esta, y entre todos tratan de compartir los gastos del hogar y servicios que ascienden, sin alimentos, a unos 2.500 dólares mensuales.

“Hambre creo que no vamos a pasar aún, pero es el alquiler de la casa lo que más nos angustia”, expresa esta venezolana, que mensualmente debe abonar 800 dólares para costear su parte de la vivienda, de unos 1.600 dólares.

“El sueldo que recibo me ayuda a pagar las cosas básicas, y, si bien la niña va a la escuela y tiene comida allí, estos días estando en casa, los gastos se incrementaron”, cuenta Sofía mientras limpia unas cebollas en su puesto de trabajo.

Hasta 2018 un total de 28.401 peticiones de asilos de venezolanos fueron recibidas en Estados Unidos, según el último informe del USCIS. Fue el doble en comparación con 2016 cuando se presentaron 14.795 casos. Hasta junio de 2019, el último dato disponible, había cerca de 7.000 peticiones de nacionales de Venezuela.

La ciudad de Miami es el principal bastión de la comunidad venezolana en el exilio en Estados Unidos, y frente a una crisis económica previsible, producto de la pandemia, miles de ciudadanos de Venezuela que aún no reciben respuesta a la primera fase de sus peticiones de asilo, corren el riesgo de quedar más desamparados.

Las organizaciones caritativas de venezolanos, que de por sí ya están desbordadas por las peticiones de ayuda que a diario reciben de su comunidad, pueden verse afectadas a partir de ahora que la falta de empleos amenaza con impactar a gran parte de Estados Unidos.

El rescate aprobado para asistir a los millones de trabajadores y familias contribuyentes afectadas por el parón laboral, no contempla a solicitantes de asilo sin un número de Seguro Social.

La misma situación aplicaría para los inmigrantes indocumentados en general, incluso, si pagan impuestos a través de un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN, por sus siglas en inglés).

“Uno está como invisible en estos momentos, porque las ayudas económicas no serán para personas con el estatus migratorio que tenemos”, lamenta Juan Carlos Fernández, un venezolano que a sus casi 60 años tuvo que emigrar a EEUU para trabajar en un restaurante, cuando fungía de gerente en una importante empresa en Caracas.

Sofía trabaja junto a su esposo en el restaurante de comida latina y ambos están padeciendo la falta de horas para completar la jornada laboral por semana. “El peligro es que tenemos que conducir sin licencia del estado de Florida porque el USCIS tardó más de lo debido en enviarnos la cita para las huellas, sumado a la paralización por la pandemia”, dice Sofía.

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados comentó que para obtener una licencia del estado deben ceñirse a las reglas dispuestas, como lo son tener una constancia de trámite de huellas en la USCIS, en el caso de los demandantes de asilo, y por ahora no tienen instrucciones de hacer lo contrario.

La mayoría de los colegios en el condado de Broward comenzaron a repartir el almuerzo escolar para los niños que deseen ir hasta las instalaciones, pero otros centros han estado en comunicación con los padres para entregarles bolsas de comida, en su mayoría alimentos procesados y no perecederos, como una forma de ayudar a las familias.

“Esto nos sirve de algo y más para nosotros que estamos en esta condición sin poder trabajar legalmente”, dijo Juan Carlos.

Su exesposa, que reside desde hace varios años en Miami, se hizo de tres paquetes con distintos tipos de alimentos que, durante algunas semanas, le servirán para ahorrar dinero mientras espera que su trabajo como repartidora de Uber Eat vuelva a tomar impulso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración informó que tiene planteado la puesta en marcha de sus operaciones para el 1 de abril, aunque no hay garantías de que esto ocurra. “Estamos trabajando para que las operaciones de la USCIS, apenas vuelvan a la normalidad, arranquen de la mejor manera, sin retrasos”, dijo un funcionario del Servicio de Inmigración.

Hasta entonces casos como el de Sofía Gómez esperando por unas huellas o la de miles de extranjeros a la espera de un asilo, quedarán atrapados en el limbo de la burocracia en tiempos de coronavirus.

@franchuterias
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Este reporte es de DIARIO LAS AMÉRICAS en alianza con el proyecto de periodismo ITEMP (Investigación de Temas Periodísticos)

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