Manifestantes cubanos antigubernamentales se manifiestan frente a la ONU el 23 de junio de 2021 mientras la ONU celebra una sesión sobre la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.
AFP. Imágenes de algunos de los que protestaron en el 11J en Cuba.
Cortesía de Justicia 11J ¿Qué pasa con los cubanos residentes en el extranjero encarcelados tras las protestas del 11 de julio?. En la foto referencial una prisión en Cuba
AP/Archivo vía Radio Tv Martí Policías cubanos el 11J de 2021 cerca de Toyo, en 10 de octubre, La Habana.
DLAMIAMI.-En 2022, el gobierno cubano mantuvo a cientos de personas privadas de libertad por motivos políticos y negó el acceso a prisiones y centros de detención a las organizaciones humanitarias internacionales y a Naciones Unidas. Así lo documentan organizaciones independientes de la sociedad civil y lo evidencia además el informe de país sobre prácticas de derechos humanos en 2022 que emitió recientemente el Departamento de Estado de EEUU.
El texto disponible en la web state.gov indica que Cuba es un estado autoritario y expone una serie de prácticas que atentan contra los derechos humanos. “La constitución de 2019 codifica que Cuba sigue siendo un sistema de partido único en el que el Partido Comunista es el único partido político legal”. Declara además que las elecciones de 2019 no fueron libres, justas ni competitivas”.
En ese contexto, el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario, en tanto la Policía Nacional Revolucionaria del ministerio es la principal organización encargada de hacer cumplir la ley.
“Las unidades especializadas de la rama de seguridad del estado del ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente”, describió el informe y precisó que “hubo informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos” contra los derechos humanos, los cuales atribuyó directamente a funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores. “Como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos. La impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial”.
Violaciones de DDHH
Las cuestiones importantes de derechos humanos levantadas en el citado documento incluyeron informes creíbles de: ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales, por parte del gobierno; torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, detenidos y presos por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arrestos y detenciones arbitrarias; prisioneros políticos; represión transnacional contra individuos en otro país; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o las amenazas de violencia contra los periodistas, la censura, los arrestos o enjuiciamientos injustificados de los periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes penales contra la difamación para limitar la expresión; serias restricciones a la libertad en internet.
Esto último es coherente con un planteamiento de la organización Access Now, dedicada a registrar este tipo de hechos en el entorno digital: “Cuba ha ocupado rápidamente uno de los primeros puestos entre los países perpetradores reincidentes en la región en provocar más apagones de internet. Anteriormente, bloqueó la internet al menos en cuatro oportunidades en 2021”. En su nuevo informe, producido en conjunto con #KeepItOn y titulado Armas de control, escudos de impunidad: Apagones de internet en 2022, Access Now desentrañó el resurgimiento global de los apagones de internet en el lapso de ‘un año catastrófico para los derechos humanos, incluso en algunos países de América Latina y el Caribe’.
“Nos preocupa cómo, en la región, estás interrupciones suceden en medio de protestas sociales a través de mecanismos para dañar la infraestructura”, dijo Agneris Sampieri, analista de políticas públicas para Latinoamérica y el Caribe en Access Now. “Si no hay internet accesible, abierto y seguro, no hay libertad de prensa”, valoró la experta Ángela Alarcón, activista de la campaña para América Latina y el Caribe en Access Now. “Los apagones de internet son ataques directos contra las libertades y los derechos”.
Por otra parte, el Departamento de Estado refirió entre sus puntos sobre Derechos Humanos en Cuba interferencia sustancial con el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación, incluidas leyes demasiado restrictivas sobre la organización, financiación o funcionamiento de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil; severas restricciones a la libertad religiosa; restricciones a la libertad de circulación y residencia dentro del país y al derecho a salir del país; incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas; restricciones graves e irrazonables a la participación política; corrupción gubernamental grave; falta de investigación y rendición de cuentas por violencia de género, incluido el feminicidio; trata de personas, incluido el trabajo forzoso; y la ilegalización de los sindicatos independientes.
Reportes de la sociedad civil
La organización no gubernamental Cuban Prisoners Defenders, con sede en España, estimó que había al menos 1.026 presos políticos hasta septiembre; al tiempo que Justicia 11J, grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba mantiene un listado que recoge nombres de 1812 personas, quienes han estado en detención entre julio de 2021 y la fecha, asociadas a protestas sociales.
De ellas, 768 continúan en prisión, mientras otras, con posterioridad a su excarcelación, han tomado el camino del exilio.
El Ministerio de Justicia de Cuba, a través de la Fiscalía General de la República admitió en enero del año pasado haber procesado penalmente a 790 personas en relación con el estallido social de julio de 2021. Fuera de las cifras oficiales, solo queda disponible para consulta el subregistro de las organizaciones de la sociedad civil.
“La falta de transparencia gubernamental, junto con el abuso sistémico de los derechos al debido proceso —reconoció el informe del Departamento de Estado sobre Derechos Humanos en Cuba en 2022—, oscureció la verdadera naturaleza de los cargos penales, las investigaciones y los enjuiciamientos. Esto permitió a las autoridades gubernamentales enjuiciar y condenar a activistas pacíficos de derechos humanos por presuntas infracciones penales. El gobierno utilizó la designación de ‘contrarrevolucionarios’ para los reclusos que se oponían al gobierno, pero no dio a conocer el número de estos reclusos. El gobierno supervisó de cerca a las organizaciones que rastreaban a las poblaciones de presos políticos, y las organizaciones a menudo sufrían hostigamiento por parte de las autoridades estatales”.
Asimismo, los presos políticos informaron que el gobierno los mantuvo en aislamiento durante períodos prolongados y que no recibieron las mismas protecciones que otros presos o detenidos.
@cabezamestiza
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