La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta
Los dictadores sandinistas Rosario Murillo y Daniel Ortega.
Captura de pantalla/19 digital/portal del régimen sandinistaMANAGUA - El Congreso de Nicaragua aprobó este viernes una reforma constitucional que otorga al gobernante sandinista Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, como "copresidenta", un control absoluto de los poderes del Estado.
La Asamblea Nacional (legislativo), controlada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), aprobó "por unanimidad" la iniciativa presentada el martes por el mandatario, anunció el jefe parlamentario Gustavo Porras ante el plenario.
La polémica reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, pues eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.
El texto concede un poder total al Ejecutivo pues establece que los copresidentes coordinarán "a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales", que antes la Constitución reconocía como independientes.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua durante la primera dictadura sandinista en la década de 1980 tras el triunfo de la llamada revolución sandinista que instauró el socialismo, volvió al poder en 2007. Desde entonces, señalan sus críticos, ha continuidad a los planes de esa "dictadura" y el "nepotismo", ahora junto a su esposa, seis años menor.
"La reforma formaliza la decisión de garantizar la sucesión presidencial de Murillo y su hijo Laureano Ortega", de acuerdo con Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, al señalar que los copresidentes podrán nombrar a alguno de sus hijos como vicepresidente, antes un cargo de elección popular.
Ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad nicaragüense tras las protestas de 2018, cuya represión dejó màs de 350 muertos producto de la represiòn según la ONU, consideradas por el gobierno un intento de golpe de Estado patrocinado por Washington.
La iniciativa, que será ratificada en una segunda legislatura en enero -dijo Porras- por tratarse de la Constitución, desató una ola de rechazos de los nicaragüenses en el exilio y organismos internacionales, a la que se sumó Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado "revolucionario" y socialista", e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del FSLN, exguerrilla bajo cuyo liderazgo una insurrección popular derrocó al gobernante Anastasio Somoza en 1979, con el apoyo de la dictadura cubana.
"Todo lo que está ahora en la reforma es lo que, de hecho, ha estado pasando en Nicaragua: una dictadura de facto. Lo nuevo es que ahora estará en la Constitución", aseguró la excomandante guerrillera Dora María Téllez, quien fue parte de la primera dictadura sandinista en la década de los 80, y una de las protagonistas del Asalto al Palacio Nacional en 1978.
Téllez, una disidente del régimen de Ortega, estuvo presa y ahora vive exiliada en Estados Unidos, país que no le permitía la entrada por terrorismo, pero tras una negociación entre el régimen sandinista actual y la administración demócrata de Joe Biden, 222 presos fueron liberados, la mayoría expresos políticos.
La reforma establece que el Estado "vigilará" a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a "intereses extranjeros", y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto de manera individual a funcionarios e instituciones vinculadas a la represión y crímenes.
También oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados "traidores a la patria", como hizo la dictadura con unos 450 críticos y opositores en los últimos años.
La Constitución reformada también crea una "Policía Voluntaria", integrada por civiles, como "cuerpo auxiliar y de apoyo" a las fuerzas de seguridad, lo que hace referencia a lo ocurrido en 2018, con la creación de grupos paramilitares responsables de crímenes.
Durante las protestas, hombres encapuchados y fuertemente armados, que el régimen llamó el "pueblo", intervinieron para levantar las trincheras que montaron universitarios y controlar a los manifestantes.
La iniciativa cambia la Constitución de 1987, reformada en unas docena de ocasiones por los diputados afines al sandinismo, incluida la que estableció la reelección presidencial indefinida, cuyo principal responsable, hoy también se encuentra en el exilio.
FUENTE: Con informaciòn de AFP
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