MANAGUA.- El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, condenó este lunes las nuevas capturas en Nicaragua de personas que han protestado contra el presidente Daniel Ortega, en medio de la crisis sociopolítica que vive el país y que ha dejado cientos de manifestantes presos, muertos o desaparecidos.

"Condenamos esta situación violatoria de los derechos humanos, de estar deteniendo de forma ilegal y abusiva a los compatriotas, hacemos un llamado al Gobierno, que si ya la Asamblea Nacional (aprobó) una Ley de Reconciliación, empiece a dar muestras de buena voluntad y parar esta ola de secuestros", dijo Carmona, en conferencia de prensa.

El activista reaccionó así dos días después de la captura de al menos cinco personas, entre ellos un policía, en los municipios de San Marcos y Masatepe, en la zona Pacífico de Nicaragua.

Los testigos afirmaron que grupos de policías, algunos de ellos encapuchados, ingresaron a las viviendas sin orden judicial y se llevaron por la fuerza a los varones, así como objetos personales de las familias.

Uno de los capturados, Álvaro Cortez, de 35 años, intentó evitar su detención al mostrar su identificación de policía, pero logró el efecto contrario, ya que la reacción de los encapuchados fue apuntarle con sus armas, dijeron sus familiares.

"No entendemos que, aun cuando hay una Ley de Reconciliación, se continúa capturando con paramilitares", expresó Carmona, quien afirmó que la Policía de Nicaragua busca emitir un mensaje de "que tienen en control, pueden apresar, capturar, torturar, a cualquier persona que proteste".

La Ley de Reconciliación que alegó el activista declara que en Nicaragua debe haber una "cultura de paz", y que la misma está a cargo de la Policía Nacional, pese a las críticas sobre las acciones de dicha institución desde el estallido social de abril pasado.

La Policía Nacional aún no se ha referido a esas denuncias ni ha informado sobre esas detenciones.

Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, de 340 a 767 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.

El presidente Ortega reconoce 199 muertos y 340 detenidos a los que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Mientras el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tutelados por la CIDH, asegura que existen pruebas para argumentar que el Gobierno de Ortega ha incurrido en delitos de lesa humanidad en el marco de la crisis.

Ortega, quien lleva doce años en el poder de manera continua, no acepta responsabilidad en la crisis ni tampoco los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de un intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.

FUENTE: EFE

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