lunes 25  de  marzo 2024
Cuba

Desaprobar nuevo Código de Familias no es ser "homofóbico"

Una de las trampas de este nuevo Código de las Familias es unir varios aspectos polémicos que pone a confrontar a uno y otro sector de la sociedad civil
Diario las Américas | CAMILA ACOSTA
Por CAMILA ACOSTA

El próximo 25 de septiembre se someterá a referendo en Cuba el Nuevo Código de las Familias. En un sistema dictatorial como el que impera en la isla, donde los medios de comunicación responden a la ideología del Partido Comunista de Cuba (PCC), solo ha sido posible desarrollar el debate en redes sociales y medios de prensa independientes. En este texto expongo algunos puntos sobre por qué varios nos oponemos a este proyecto.

1. Según el artículo 1, las normas contenidas en este Código “se rigen por los principios, valores y reglas contenidos en la Constitución de la República de Cuba”. O sea, que, si usted apoya ese documento, estaría apoyando una Constitución que, a su vez, sostiene el sistema socialista y el partido único.

Por otro lado, el sistema electoral en Cuba no es confiable, sino que es controlado y manipulado por el PCC. De nada vale que la persona vote No o anule la boleta, pues existen denuncias de fraude electoral. Este referendo es un teatro, pues ya el documento ha sido aprobado por el Parlamento cubano.

Por tales motivos, votar es legitimar un sistema y un proceso que no es genuino, transparente.

2. Votar y/o celebrar este Código es aceptar formar parte de la instrumentalización de demandas sociales hechas por Mariela Castro a través del CENESEX, pues la infanta ha convertido el tema en un negocio.

Por ejemplo, solamente en 2010 el CENESEX recibió casi 89.000 USD por parte de la organización norteamericana Atlantic Philanthropies. Cuatro años más tarde, según un reporte de The New York Times, el embajador noruego en La Habana, John Petter Opdahl, declaró haber aportado “más de 230.000 dólares a la organización de Mariela Castro durante los últimos dos años”. Hacia 2019, una exfuncionaria del CENESEX reveló que anualmente la entidad recibía unos dos millones de dólares provenientes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los cuales, en su mayoría, se embolsillaba Mariela Castro y su séquito.

De igual forma, GAESA, Grupo de la Administración Empresarial S.A.), entidad dirigida hasta su muerte -el 1 de julio último- por el ex cuñado de Mariela Castro, Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, y emporio de la familia Castro, ha inaugurado al menos dos hoteles destinados a la comunidad LGBTIQ+. El primero en Cayo Guillermo, Ciego de Ávila, y el segundo en La Habana.

Asimismo, desde hace más de una década, en la Isla se realizan operaciones de cambio de sexo. No es de extrañar que Castro Espín se haya estado preparando fundamentalmente para hacer de ello un negocio que atraiga al turismo y los fondos de cooperación.

3. Desaprobar el Código de las Familias no significa necesariamente estar en contra de la unión civil de personas del mismo sexo, sino de otros aspectos del proyecto de ley como la sustitución de la “patria potestad’ por “responsabilidad parental”, pues esto representa una mayor intromisión del Estado en las familias. Según ha asegurado el abogado Fernando Almeyda, no se trata de que va a desaparecer la “patria potestad” sino que esta la va a asumir el Estado.

De hecho, el documento establece la creación de la Defensoría Familiar (artículo 451), una institución “encargada de proteger, garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de (…) personas víctimas de discriminación o violencia en cualquiera de sus manifestaciones”.

Y, por supuesto, va a ser esta Defensoría Familiar, institución que responde al Estado, la encargada de determinar cuándo hay discriminación. Si uno o ambos padres son acusados de “discriminación”, corren el riesgo de ser privados de la responsabilidad parental (artículo 155).

Además, en estos casos, se establece la “obligación” de denunciar, lo cual refuerza la vigilancia del Estado o personas ajenas al entorno familiar.

4. De igual forma, los padres pueden ser privados de la responsabilidad parental si violan los deberes establecidos en este Código (artículo 191). Al remitirnos a esos deberes (artículo 138), vemos que en el inciso l) establece como deber el propiciar a los hijos una “educación inclusiva”.

Precisamente, este tipo de educación fue rechazada el pasado año por miles de familias. A mediados del 2021 el Ministerio de Educación (MINED) publicó la Resolución 16 que imponía la educación con enfoque de género en las escuelas. En un mes, mediante la campaña “A la escuela, pero sin ideología de género”, los padres y tutores legales reunieron 140.000 firmas que presentaron ante el MINED. Esto constituye un suceso sin precedentes en Cuba, nunca un proyecto de oposición había logrado similar respaldo, ni siquiera el Proyecto Varela, el cual logró reunir 11 200 firmas; y estas personas las reunieron de puño y letra, casa por casa, y sin siquiera tener acceso a los medios de comunicación. La respuesta del MINED fue aplazar la implementación de esta Resolución, la cual podría ser impuesta con este nuevo Código de las Familias.

Por tanto, si los padres se opusieran a esta “educación inclusiva” pudieran ser privados de la responsabilidad parental, pues estarían violando uno de los deberes establecidos en este Código (ver artículos 138 y 191). Se trata, una vez más, de afianzar el poder del Estado sobre toda la sociedad y fundamentalmente sobre las familias. Y, una vez más, violan el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos referida al derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.

5. Se refuerza, además, la autoridad del Estado para privar -en este caso- de la responsabilidad parental a padres opositores políticos. En el artículo 191 se establece que pueden ser privados en casos en los que se observe una “conducta viciosa, corruptora o delictiva”. Es sabido que los activistas pro-derechos humanos, los opositores políticos y los periodistas independientes constantemente somos acusados y llevados a prisión por supuestos delitos comunes, que somos considerados delincuentes comunes.

Por tanto, para el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones, este Código evidencia que toda la actividad legislativa de la Asamblea Nacional desde 2019, se ha centrado en institucionalizar aún más el poder del Estado sobre toda la sociedad y las familias cubanas.

Al final, queda la disyuntiva de si aprobar el Código en beneficio de una parte interesada en aprobar el “matrimonio igualitario” pero en detrimento del derecho de las familias a decidir sobre la educación de sus hijos, o rechazar el Código en beneficio de las familias, pero en perjuicio de la legalización del “matrimonio igualitario”. Precisamente, una de las trampas de este nuevo Código de las Familias es unir varios aspectos polémicos que pone a confrontar a uno y otro sector de la sociedad civil, lo cual solo beneficia a la dictadura.

Los defensores de este proyecto sostienen que la posibilidad de que personas del mismo sexo contraigan matrimonio es un derecho que ha sido reclamado durante décadas y que los derechos no se plebiscitan. En este caso, ¿por qué entonces aceptar la humillación de un referendo? ¿Dónde quedan entonces los derechos de las familias? ¿Quién o quiénes deciden qué derechos son más importantes?

En última instancia, en una dictadura no existen derechos humanos fundamentales y, por tanto, los derechos positivos no valen de nada, el régimen los viola a su antojo y es lo que ha hecho, por ejemplo, con derechos establecidos en la Constitución de 2019; de igual forma, Mariela Castro y el CENESEX ha defendido a aquellos activistas que le son útiles, y aplastado a aquellos que se le han opuesto, como sucedió el 11 de mayo de 2019 en la represión a marcha pacífica por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. El régimen solo instrumentaliza los derechos para mostrarse inclusivo y progresista ante la comunidad internacional, insertándose, a su vez, en la Agenda globalista 2030.

Independientemente de que considero que el Código está aprobado de antemano y que de nada sirve el referendo, el debate constituye un ejercicio de democracia. Donde realmente se va a demostrar el rechazo es en las cifras de aquellos que se nieguen a participar de ese teatro, en colegios electorales vacíos.

En este punto cito a mi colega Yoe Suárez: Si usted defiende la libertad, no vaya a votar; si usted defiende a la familia, vote No; pero lo que nunca vamos a entender es el Sí. No obstante, la decisión final corresponde a cada persona.

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