CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares de 27 opositores presos en Nicaragua, entre ellos dirigentes políticos, exministros y estudiantes detenidos en los últimos ocho meses, pidieron el martes al régimen de Daniel Ortega y a la Iglesia católica que encabecen y apoyen un proceso diálogo para “escucharnos unos a otros” y que ayude a la excarcelación de presos políticos.

El llamado lo formularon en una declaración firmada por parientes de 27 “presos políticos” en Nicaragua, entre ellos los exaspirantes presidenciales Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, la líder opositora Violeta Granera, el empresario José Adán Aguerri, los universitarios Lésther Alemán, Max Jerez y Samantha Jirón, los exdiplomáticos Mauricio Díaz y Francisco Aguirre, y los exvicecancilleres José Pallais y Víctor Hugo Tinoco.

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La declaración fue leída ante periodistas vía zoom por Martha Lucía Urcuyo, esposa del periodista y exdiputado opositor Pedro Joaquín Chamorro, también incluido en la lista por sus familiares. No se permitieron preguntas a la prensa.

“Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”, señalaron.

Los firmantes no aclararon si ese texto supondría un apoyo al “diálogo” anunciado por el régimen de Ortega en diciembre pasado, días antes de que el dictador sandinista se reeligiera para un quinto mandato, el cuarto de forma consecutiva, tras ganar unas elecciones cuestionadas por más de 40 países y con sus principales rivales en prisión.

Los familiares de los opositores presos dijeron actuar “motivados no por ideología política alguna o por rencor de ningún tipo”, sino “por las fuerzas del amor y la lealtad, para fomentar un esfuerzo común en aras de la liberación de los 170 hermanos y hermanas que hoy se encuentran tras las rejas”.

La dictadura se ha mostrado sin compasión y acusa a los presos políticos de "terrorismo" y "lavado de dinero".

El régimen mantiene a 170 disidentes encarcelados en Nicaragua desde la revuelta social de abril de 2018, que derivó en represión estatal y la muerte de al menos 355 personas, además de unas 2.000 heridas y más de 100.000 exiliadas según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En su declaración, los familiares apelaron a una reciente encuesta de Cid Gallup en la cual el 73% de la población consideró injusto el encarcelamiento de opositores y un 67% abogó por su liberación inmediata.

“Su liberación se puede ver como el paso inicial en un proceso que conlleve un mayor grado de serenidad para los hogares nicaragüenses, dentro y fuera de nuestras fronteras; y que ayude gradualmente a reducir grietas en nuestra sociedad”, agregaron.

La lista de firmantes no incluye a los exaspirantes presidenciales detenidos Cristiana Chamorro (bajo arresto domiciliario), Miguel Mora y Félix Maradiaga, ni a los líderes del movimiento opositor Unamos, antes Movimiento Renovador Sandinista, cuyos fundadores gobernaron con Ortega durante la primera etapa de la dictadura sandinista.

Tampoco lo respaldan familiares del exembajador ante la OEA Edgard Parrales, detenido como ellos en la última ola de arrestos de opositores (junio-noviembre 2021), pero los firmantes invitaron al resto de parientes de “presos políticos” a apoyar su iniciativa.

El régimen de Nicaragua no reaccionó de inmediato al pronunciamiento, como tampoco voceros ni autoridades de la Iglesia católica.

La oposición se ha pronunciado en contra del diálogo argumentando que sería legitimar al régimen ilegítimo del dictador sandinista.

FUENTE: Con información de AP

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