El nuevo Tribunal Supremo mantiene dependencia política a Maduro

"Recientemente la Asamblea Nacional, luego de un proceso ejemplar, cumpliendo todos los mandatos de los artículos de la Constitución y de la Ley del Poder Judicial procedió a elegir a los 20 integrantes del Tribunal Supremo de Justicia”, señaló el gobernante venezolano.

No obstante, hasta aliados ideológicos naturales de Maduro, como los integrantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), rechazaron la ratificación y/o designación de estos magistrados al denunciar que el proceso violó el artículo 264 de la Constitución Nacional, en el que se establece que los magistrados serán elegidos por un periodo único de 12 años.

En esencia, el proceso de ratificación y/o designación de los magistrados aumentó los vicios denunciados en la administración de justicia en Venezuela.

Los integrantes del nuevo TSJ, como sus antecesores, están claramente identificados con el Gobierno de Maduro.

Solo dos de los 20 magistrados que integran el tribunal no han ocupado cargos en la administración de Maduro o en la previa de Hugo Chávez, ni han militado en el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

La nueva presidenta del TSJ es la magistrada Gladys Gutiérrez, quien regresó al máximo tribunal después de estar seis meses en el Consejo Nacional Electoral (CNE), la institución que organizó las cuestionadas elecciones parlamentarias del año 2020, además de formar parte de la embajada de Venezuela ante la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Para los integrantes de la organización Acceso a la Justicia, el regreso de Gutiérrez “es otro motivo para no esperar que el Poder Judicial deje de comportarse como el brazo represor del Gobierno”. No se puede olvidar que durante el tiempo que Gutiérrez fue presidenta de la Sala Constitucional y del TSJ (2013-2017) el organismo levantó el cerco judicial contra la Asamblea Nacional electa en 2015, no ofreció amparo a los ciudadanos que, por ejercer su derecho a la protesta, fueron víctimas de ataques por parte de los cuerpos policiales, y además sentó las bases para el encarcelamiento de alcaldes opositores.

Acceso a la Justicia recuerda que la actual presidenta del TSJ, como su antecesor, Maikel Moreno, fue sancionada por organizaciones internacionales por su actuación jurisdiccional contraria a la democracia y los derechos humanos. También lo fueron nueve de los 12 magistrados que repiten período en el TSJ.

Según los informes de Acceso a la Justicia, el resultado de la remodelación del TSJ, la sexta que sufre el organismo desde el año 2000, “confirma los temores que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) habían formulado semanas atrás.

“Diferentes medidas probablemente habrían asegurado la independencia en la selección de los magistrados, algo que hemos señalado como fundamental para la independencia de todo el sistema, por la importancia del TSJ en el resto del Poder Judicial”, afirmó la presidenta de la instancia, Marta Valiñas, cuando en un encuentro en Washington DC se le preguntó su opinión sobre el proceso ahora concluido”.

Según los integrantes de Acceso a la Justicia la Asamblea Nacional electa en 2020 “desperdició la oportunidad de sentar las bases de un Poder Judicial verdaderamente autónomo, independiente, confiable, creíble y eficiente. En su lugar, optó por realizar unos pequeños retoques que claramente serán insuficientes para atacar los problemas que padece la justicia venezolana, muchos de los cuales, por cierto, son producto de las decisiones u omisiones de quienes hoy nuevamente ocupan los cargos de magistrados”.

Con la mirada de la Corte Penal Internacional

Mariano de Alba, abogado especialista en derecho internacional, sostiene que el nombramiento de Gladys Gutiérrez como nueva presidenta del Tribunal Supremo de Justicia “podría guardar relación con que viene de ser la embajadora ante la Corte Penal Internacional (…) Pero su nombramiento hace más evidente falta de independencia del poder judicial. Para la Corte Penal Internacional, lo crucial es que se produzcan avances tangibles en investigaciones y juicios por presuntos crímenes de lesa humanidad. Pero incluso si se dieran esos procedimientos, para la Corte también es relevante determinar qué tan genuinos son estos juicios”.

Según De Alba las autoridades de Venezuela “tienen tres problemas que atentan contra la autenticidad de las escasas investigaciones y juicios que vienen adelantando: no incluyen a altos responsables; hay un retraso procesal irracional y la justicia en Venezuela está politizada (…) Según las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, “los tribunales nacionales deben cumplir con normas y estándares internacionalmente reconocidos para la investigación y enjuiciamiento independiente e imparcial”. Venezuela no cumple con esas normas. Que ahora el TSJ esté presidido por quien hace días detentaba el cargo de embajadora y recibía instrucciones del Ejecutivo reforzará apariencia y evidencia de que existe interferencia política en el Poder Judicial, afectando seriamente la posibilidad de que se haga justicia”.

Retroceso

Organizaciones de la sociedad civil, agrupadas en el Foro Cívico, cuestionaron la selección de los 20 magistrados del TSJ.

A través de un comunicado rechazaron la selección hecha por la Asamblea Nacional, electa en 2020, porque “continúa la política de subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, así como su ocupación ideológica. Esta decisión desconoce la necesidad impostergable de construir, en el marco de la Constitución, con participación de todos, la institucionalidad judicial del país, atendiendo a las cualificaciones profesionales, la honorabilidad y la imparcialidad de los aspirantes a jueces o magistrados, todo en aras de la independencia judicial, el respeto del debido proceso y las garantías a todos los ciudadanos de su derecho a la justicia".

De igual forma reiteraron en el comunicado que "esta decisión desconoce la necesidad impostergable de construir la institucionalidad judicial del país en el marco de nuestra constitución y ofrece señales sombrías sobre el ejercicio de la justicia, con consecuencias gravísimas para el futuro de la nación".

Una posición similar exhibió Miguel Pizarro, comisionado del Gobierno Interino de Venezuela ante la ONU, quien explicó que no ocurrió la “renovación del sistema de justicia, aquí hubo una repartición de puestos que obedecen al régimen (…) El listado de magistrados tiene clara tendencia política, esto no garantiza imparcialidad ni independencia del Poder Judicial. De hecho, enfatiza y prolonga la impunidad".

Por otra parte, la organización de contraloría electoral Súmate recordó que la designación de los magistrados “incumplió la primera de siete recomendaciones prioritarias que ofreció la Misión de Observación Electoral de Unión Europea para mejorar futuros procesos electorales”.

Según la organización, 17 de los 20 magistrados principales “no tienen independencia. A pesar de que la Constitución lo prohíbe, el 60% de los magistrados designados por la cuestionada Asamblea Nacional son repitientes en sus cargos y varios de ellos están sancionados por socavar el estado de derecho y la democracia en Venezuela”

La organización recordó a través de un comunicado que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acordó “reforzar la separación de poderes y la confianza en la independencia del TSJ con la aprobación de una nueva Ley de la Carrera Judicial y una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para alinearlas con las garantías constitucionales que aseguran una selección de jueces transparente, apolítica y basada en el mérito, evitando la invasión de las competencias del poder electoral (…) Sin embargo, el proceso de reforma de la Ley Orgánica del TSJ y la designación de los magistrados estuvo plagado de irregularidades, oscurantismo e incumplió con los plazos establecidos por la Constitución”.