Un juez federal de Estados Unidos aprobó el viernes que prosiga la venta de las preciadas refinerías venezolanas CITGO asentadas en territorio estadounidense, y autorizó a una minera canadiense cobrarse 1.400 millones de dólares que perdió por la estatización efectuada por el fallecido presidente socialista Hugo Chávez.

El juez Leonard P. Stark, de la Corte Federal de Distrito, en Delaware, emitió su orden después de que la Corte Suprema de Estados Unidos le ratificara el lunes un fallo previo en el que había autorizado la liquidación de CITGO.

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Antes de proceder a la venta de CITGO, la quebrada minera canadiense Crystallex debe conseguir un permiso del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que había blindado temporalmente a la oposición venezolana para que no perdiera CITGO.

Crystallex y los abogados que representan a Venezuela también tienen que ponerse de acuerdo en cómo se efectuará la venta de CITGO, según el fallo más reciente de Stark.

Chávez tomó control de la concesión de la minera de oro en Venezuela, así como las operaciones de otras compañías internacionales como parte de su revolución bolivariana que ha dejado a la nación sudamericana en una crisis política y económica.

Crystallex demandó a Venezuela para recuperar sus inversiones perdidas. El caso es único porque la corte permitió a la minera embargar activos a la compañía matriz de Citgo, la empresa estatal PDVSA, tras determinar que Caracas había eliminado los vínculos entre el régimen y su firma petrolera.

Venezuela ha sido propietaria de CITGO desde la década de 1980 como parte de PDVSA. Tiene tres refinerías, en Luisiana, Texas e Illinois, además de una red de oleoductos que cruzan 23 estados. Suministra entre 5% y 10% de la gasolina que se consume en Estados Unidos.

Después de que el gobierno del presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como el presidente legítimo de Venezuela, cortes estadounidenses aprobaron una junta nombrada por la oposición para que asumiera el control de CITGO, valuada en unos 8.000 millones de dólares. Sin embargo, más de un año después, Maduro continúa en el poder, gracias al firme apoyo de las fuerzas armadas de su país y de importantes aliados internacionales como Rusia, China e Irán.

La oposición encabezada por Guaidó indicó en un comunicado que ya se preveía este paso en el proceso legal tras el fallo de la Corte Suprema. La acción es un resultado directo de la “desastrosa política” y expropiaciones de Chávez y su sucesor, Maduro, se afirma en el texto.

“El gobierno legítimo continuará luchando por la protección de los activos de nuestro país", señalaron. "Es nuestro compromiso mantener esta defensa en nombre de todos los venezolanos”.

FUENTE: Con información de AP

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