LA PAZ.- La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dejó su celda por unas horas el martes para realizarse una tomografía y debió ser conducida en silla de ruedas y sostenida por sus hijos debido a su débil estado físico.

Los estudios buscan determinar las causas de la debilidad de la exmandataria, dijo a periodistas una funcionaria del centro médico que no se identificó. La hija de Áñez, Carolina Rivera, comentó que su madre permanece sedada gran parte del tiempo debido a su estado depresivo. La política de 53 años además padece hipertensión, según autoridades penitenciarias.

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La exmandataria -acusada de terrorismo, sedición y conspiración- se infringió cortes en la manos el sábado. Desde que fue detenida en marzo reclama su excarcelación para ser procesada en libertad debido a su estado de salud. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dijo que Áñez se hizo los cortes para “llamar la atención”. La reacción del presidente Luis Arce, delfín de Evo Morales, ha sido indiferente ante los padecimientos de la exmandataria boliviana.

La política tiene tres procesos relacionados con la crisis que detonó un estallido social con 37 muertos a fines de 2019 y precipitó la renuncia de Evo Morales (2006-2019) tras unos comicios denunciados como fraudulentos. Las mayoría de las muertes habrían ocurrido durante el mandato de Morales, quien todavía no es procesado por los crímenes, y los juicios entablados contra Morales tras fugarse del país durante la administración de Áñez, fueron cerrados por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del exmandatario que controla los poderes del Estado.

Ante el vacío de poder, la entonces senadora de la oposición se proclamó presidenta y llamó a nuevas elecciones 11 meses después que fueron ganadas por el heredero político de Morales, Luis Arce, cuyo gobierno impulsa juicios contra opositores. Pero los crímenes por los que es señalado Morales, entre ellos el estupro, permanecen en la impunidad.

Otro de los procesos contra Áñez es por dos masacres perpetradas por las fuerzas del orden en las que murieron 20 seguidores de Morales.

Organizaciones internacionales y 23 expresidentes de América Latina han demandado un “trato humanitario” para la exmandataria. En tanto, el expresidente Morales ya no tiene ningún proceso pendiente y se mantiene activo en política.

Hace unos días el Fiscal General, Juan Lanchipa, exfuncionario de su gobierno, cerró el caso penal por fraude electoral ante "falta" de pruebas, alega el régimen socialista.

Un grupo de expertos internacionales que investigó los hechos de 2019 concluyó que la responsabilidad de la crisis y de las muertes recae en los gobiernos de Morales y Áñez y reclamó una reforma pronta para evitar que el Poder Judicial y la Fiscalía sigan siendo usados por el poder político con fines de “persecución”.

FUENTE: Con información de AP

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