Santiago Peña podría ser condenado a 15 años de prisión por los delitos de instigación a la lesión de confianza y administración en provecho propio
La vicefiscal de Paraguay, Verónica Valdez, habla sobre el caso de Santiago Peña y el Ueno Bank durante conferencia de prensa este miércoles 11 de noviembre de 2026
EFE/ Juan Pablo PinoASUNCIÓN.- El destituido presidente de Paraguay, Santiago Peña, se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel, de ser condenado en la investigación que se le sigue por el caso del intervenido banco Ueno, entidad con la que ha sido vinculado y en la que distintas organizaciones estatales depositaron millonarios recursos durante su gestión.
"La pena que podría ser aplicada (…), conforme a las calificaciones que ahora están previstas, es de hasta 15 años de pena privativa de libertad por un concurso, ya que es más de un hecho punible", explicó la fiscal Verónica Valdez, en una conferencia de prensa.
Peña, en el desempeño presidencial, vendió en 2025 su participación accionario del conglomerado financiero.
Contra los exdirectivos se prevé "una expectativa de pena de hasta 12 años”, según dijo el fiscal Francisco Cabrera, quien también actúa en el caso.
"Eventualmente, si hay una modificación de una calificación (de los delitos imputados), también va a haber una modificación del marco penal, pero esa es la expectativa de pena mayor (a la) que están expuestos", explicó el fiscal.
Peña, quien gobernó el país desde 2023, fue destituido el viernes pasado por el Senado luego de ser considerado responsable de "mal desempeño de funciones" a raíz del escándalo de Ueno Bank, al que estuvo vinculado como socio y amigo de los propietarios.
Por este hecho también son investigadas otras 27 personas de Ueno y de sus empresas relacionadas, entre ellas ocho exdirectivos de la entidad.
El Ministerio Público imputó el pasado sábado a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, después de que compareciera a declarar en una diligencia, horas después de haber sido detenido tras la conclusión del juicio político.
La imputación fiscal indica que el expresidente "habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales" en ese banco.
En concreto, detalla la acusación fiscal, tenía acciones en Uneo Holding, que representaban el 1,58 % del capital de esa compañía, un certificado de depósitos de ahorro en Ueno y un bono en la firma Itti, todas estas compañías del Grupo Vázquez, propietario del conglomerado de empresas.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú, luego de la imposición de los cargos, argumentó que Peña debía estar en “prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento", y determinó que permanezca en el Regimiento Guardia Presidencial, una unidad militar en Asunción, la capital del país.
FUENTE: Con información de EFE
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