Fiscales chavistas se ensañaron contra jurista Allan Brewer Carías

“Esta decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU me otorga la justicia que he venido reclamando por casi 20 años, primero ante los tribunales de Venezuela, que, careciendo totalmente de autonomía e independencia, obedecían una orden del gobierno, que era perseguirme a toda costa, utilizando como sus brazos ejecutores al fiscal general, un tal Isaías Rodríguez, y a una fiscal subalterna, una tal Luisa Ortega Díaz”, dijo el letrado en declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMÉRICAS.

A lo que sumó: “Esos dos señores son los culpables de esa persecución que hicieron como instrumentos del gobierno. De manera que 20 años después, encontrar justicia es realmente muy satisfactorio y sobre todo en este caso, con una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU que le da una vuelta completa al tema”.

El citado comité, en concordancia con su decisión, pidió al régimen venezolano que anule el proceso penal contra el reconocido jurista y solicitó a través de su dictamen que Venezuela indemnice a Brewer, quien abandonó el país hace 15 años por amenazas en contra de su seguridad.

Brewer Carías fue procesado en 2005, con cargos de presunta participación en la elaboración del llamado ‘Decreto Carmona’, que ordenaba el establecimiento de un gobierno de transición tras un golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, en el que el fallecido presidente Hugo Chávez fue destituido por un lapso de 47 horas.

Carlos Gómez Martínez, uno de los miembros del comité, explicó que “de la información proporcionada por el señor Brewer Carías se desprende que los cinco jueces y los cuatro fiscales que actuaron en el proceso judicial fueron nombrados temporalmente y que tres jueces fueron de hecho destituidos inmediatamente después de tomar decisiones que podrían considerarse beneficiosas para el caso del señor Brewer Carías”.

El órgano también informó que se violó la presunción de inocencia de Brewer Carías, a raíz de las declaraciones públicas del fallecido Hugo Chávez y la publicación de un libro del entonces fiscal general que afirmaba que Brewer Carías había participado en la redacción de un decreto contra el gobierno.

En este sentido, Gómez indicó que “las autoridades judiciales deben poder trabajar de manera independiente y libre de injerencias o influencias indebidas por parte de los organismos ejecutivos”.

Precluir el proceso

Tras las conclusiones, el Comité de Naciones Unidas pidió a Venezuela que declare la nulidad del proceso penal contra Brewer Carías y que se le conceda una indemnización “adecuada”, además de adoptar medidas para “evitar que se repitieran estas violaciones”.

Al respecto, Brewer Carías dijo que “el gobierno está obligado a acatar esta decisión, que es obligatoria para el gobierno, dictada por el órgano competente de la ONU, de acuerdo con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual es parte Venezuela”.

“Eso significa”, según el letrado, “que [el sistema judicial venezolano] está obligado a declarar la nulidad de todas las actuaciones y el proceso que se desarrolló en Venezuela, conducido por esos fiscales a quienes me referí”.

Entre otras cosas, explicó, “el Estado venezolano tendría que empezar a pedirle responsabilidad a los que originaron este daño tan fuerte de denegar justicia y de denegar los derechos de un ciudadano, en este caso mi persona, a tener un acceso a un poder judicial independiente”.

Además, dijo, “de haberme violado el derecho a la presunción de inocencia, porque desde un inicio todos esos funcionarios declararon y consideraron que yo era culpable, es decir, revirtieron el principio sagrado de la presunción de inocencia y empezaron a presumir mi culpabilidad y así me persiguieron durante 20 años”.

Acusado de conspiración

Brewer Carías fue acusado en su momento de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos” por su papel en la “discusión, preparación, redacción y presentación” del ‘Decreto Carmona’ y durante el proceso penal de los meses siguientes. Brewer Carías asegura que todos los fiscales y jueces implicados en su caso fueron nombrados temporalmente por el gobierno.

El jurista salió de Venezuela hacia Estados Unidos en septiembre de 2005 y en junio de 2006 un juez de control provisional ordenó su detención preventiva.

En opinión de Brewer Carías, el Estado venezolano debería demandar a los funcionarios responsables, “entre ellos el fiscal general de entonces y la fiscal sexta, que luego fue fiscal general y que fueron artífices de toda esta persecución”.

Recordó que en el año 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una reclamación internacional similar que hizo con sus abogados Pedro Nikken, Claudio Grossman, Juan Méndez, Douglas Cassell, Héctor Faúndez y Carlos Ayala Corao, esa instancia declaró inadmisible una contra Venezuela por el mismo caso “porque supuestamente yo no había agotado los recursos internos en el país para ir a instancias internacionales”.

Y acotó: “Ahora la ONU revierte ese criterio con razón, porque yo sí había agotado el único recurso disponible, que era el amparo penal que había intentado en su momento. Y, además, no se puede declarar inadmisible una demanda cuando este recurso está basado en la ausencia de autonomía e independencia del poder judicial, y no se puede enviar a una víctima a someterse a un poder judicial que carece de autonomía para supuestamente agotar algún recurso”.

Tras repetidos intentos, que no prosperaron, de impugnar su acusación, el jurista anunció que no regresaría a Venezuela hasta que se le garantizara su derecho al debido proceso y llevó su denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2016.

FUENTE: Europa Press