Varios gobiernos latinoamericanos exigen a Nicolás Maduro el respeto pleno de los Derechos Humanos en Venezuela y la vigencia del Estado de derecho
Una bandera de la ONU y de Venezuela cuelga afuera del edificio que alberga la Oficina de Asesoría Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Caracas, Venezuela, el jueves 15 de febrero de 2024.
AP/Matias DelacroixMIAMI_ Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Uruguay han rechazado este jueves la decisión de Venezuela de expulsar al personal de la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
"Rechazamos las recientes medidas contra la oficina técnica de asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela y reclamamos por el respeto pleno de los Derechos Humanos, la vigencia del Estado de derecho y la convocatoria de elecciones transparentes, libres, democráticas y competitivas sin proscripciones de ningún tipo", reza un comunicado conjunto.
Estos cinco países latinoamericanos manifestaron también su "profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel e hicieron un "enérgico" llamado al régimen venezolano a liberarla y deponer los cargos realizados.
Por otro lado, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, se limitó a señalar en una rueda de prensa que esta medida anunciada por Maduro, obviamente" es algo que les "preocupa y que van "a seguir monitorizando".
Maduro dio un plazo de 72 horas al personal de la oficina para abandonar Venezuela, y anunció una "revisión integral de los términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina en los próximos 30 días". Asimismo, afirmó que esta medida se mantendrá vigente hasta que la oficina rectifique "públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora" de la Carta de Naciones Unidas.
Esto se produce en el marco de la campaña de detenciones en el país latinoamericano después de que el dictador Nicolás Maduro afirmara en enero que durante el año pasado desmantelaron cuatro supuestos intentos de magnicidio en su contra.
Coincide además, con la detención de la activista venezolana de Derechos Humanos Rocío San Miguel, la ACNUDH expresó en su cuenta oficial en la red social X su profunda preocupación por la detención de Rocío San Miguel, señalando que su paradero era desconocido, lo que podría constituir una desaparición forzada, y exigió su liberación inmediata.
Las denuncias de violaciones a los derechos humanos en torno al caso de San Miguel han generado una ola de condenas tanto dentro como fuera de Venezuela.
FUENTE: EUROPA PRESS
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