El Informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional (AN) expresó que en Venezuela se encuentran secuestrados por el régimen de Nicolás Maduro 162 presos políticos militares, quienes son sometidos a torturas y tratos crueles.

Así lo informó la presidente del Observatorio de DDHH de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, en rueda de prensa online, conjuntamente con la presidenta de la Comisión Especial de Justicia y Paz de la AN, Delsa Solórzano, quien dio detalles del informe de la Misión de Verificación de hechos del Consejo de DDHH de la ONU, reseñó el Centro de Comunicación Nacional, portal informativo de la presidencia encargada de Venezuela.

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La diputada Pichardo explicó que el Observatorio de Derechos Humanos fue creado el 17 de julio 2020, con el fin de documentar y visibilizar las violaciones de los DDHH a los que ha sido sometidos la población venezolana y crear una memoria histórica sobre estos hechos, que puedan servir de insumo a las instancias nacionales e internacionales.

Mostró unas gráficas de los presos políticos militares en Venezuela que suman 162 y reflejan que el punto más alto de detenciones fue en 2019, mientras que en 2020 disminuyeron, a causa de la pandemia.

“Destacamos que el 2019 se refleja la detención arbitraria de 65 militares. Por rango militar. el 40,74% representa a sargentos, el 27,78% a tenientes, 9,6 a coroneles, el 8,64 de capitanes, 6,79 generales el 4,94 son mayores, 1,23 tenientes coroneles y un soldado que representa el 0,62 por ciento”, agregó.

Dijo que de los 162 presos militares víctimas del régimen, 67 pertenecen a la Guardia Nacional, 66 al Ejército, 18 a la Aviación, 7 a la Armada y 4 que se desconoce a cuál componente militar pertenecen. “El 95,68% son hombres y el resto son mujeres. El 56,17% fueron aprehendidos en el Distrito Capital”.

Precisó que el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU representa lo que el Observatorio y los diputados de la Asamblea Nacional han denunciado al mundo durante años.

“Quiero agradecer y elevar la valentía de las víctimas, con testimonios atroces. Estas no son solo cifras de secuestrados, son las familias, son víctimas de violación de DDHH. Detrás de estas 162 personas torturas, hay violación al debido proceso. Nosotros vamos a continuar elevando la voz y denunciando estos hechos”, dijo.

El Informe de la Misión acusa directamente a los responsables

Por su parte, la diputada Delsa Solórzano explicó la diferencia entre este informe y el resto que se han presentado a lo largo de los años. Destacó que el documento de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachelet se limita a la descripción de los hechos sin determinar responsables. En el caso del informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela de la ONU, se especifica la responsabilidad de las violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país.

“Se refiere en primer término a lo que tiene que ver con la persecución y violación de DDHH de los parlamentarios y sus familiares. Son más de 100 los diputados perseguidos o sometidos a acoso. El informe establece desde sus primeras páginas un nexo entre corrupción y violación de DDHH, destacando que los principales motivos para llevar a cabo los crímenes, son para recibir beneficios económicos, es decir, corrupción”, dijo.

Destacó Solórzano que el informe de la Misión de Hechos expresa que fueron levantadas de manera ilegal la inmunidad parlamentaria de los diputados, porque se hizo a través del Tribunal Supremo de Justicia, cuando eso le corresponde a la Asamblea Nacional.

Precisó Solórzano que el informe señala el papel integral de los servicios de inteligencia en los crímenes de lesa humanidad. Mostrando detenciones arbitrarias de opositores o críticos al régimen que fueron llevadas a cabo de manera sistemática.

Dijo que al Sebin y DGCIM los señalan como dos de los órganos principales de represión a los venezolanos. Identifican un patrón con el cual el Sebin utilizó actividades en flagrancia para llevar a cabo la detención, con la cual se llevaban a las personas en calidad de declarantes y no de imputados.

Precisó que la Misión expresa que se ha violado la constitución a través del establecimiento de distintos mecanismos, entre ellos, la designación ilegal de los actuales magistrados del TSJ.

“El informe detalla de manera específica como la AN saliente de 2015 designó jueces principales y suplentes para intentar acabar con la Asamblea que asumía en 2015, y detalla también las características de la Asamblea Nacional Constituyente, todo para deslegitimar, la legítima Asamblea Nacional”, manifestó.

Señaló que en el caso de Roberto Marrero el documento de la Misión indica que es el vivo ejemplo de una fabricación de pruebas en contra de un ciudadano. “El exdirector del Sebin dijo que había recibió órdenes directas de Nicolás Maduro para sembrar armas en su casa, al mismo tiempo que declaró que era Maduro quien decidía quién era detenido, liberado y torturado”, indicó Solórzano.

Manifestó que el informe de la Misión se refiere que hay siete casos de violencia sexual, amenazaban a los detenidos incluso con violar a sus parejas. “Testigos que se encontraba en Helicoide principalmente en celda de mujeres, entre 2014 y 2018 declararon haber escuchado torturas durante interrogatorios”.

Indicó Delsa que el informe describe de manera minuciosa lo que es la tumba, con celdas de 2×3 metros, sin aire, ni ventilación natural, a 15 metros bajo tierra.

“El personal de la DGCIM, bajo la dirección del Coronel Franco Quintero participaron en la detención del capitán de Navío Luis De la Sotta. El personal que estuvo bajo la dirección del coronel Quintero y posteriormente del coronel Hannover Guerrero participaron en tratos crueles e inhumanos y degradantes”, indicó.

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Subrayó Solórzano que el informe señala directamente a los responsables. También está reseñado en el informe de la Misión que el excapitán Rafael Acosta Arévalo murió torturado por la DGCIM en presencia de un juez que no llevó a cabo la detención en flagrancia de sus torturadores.

“Además la comisión tiene el caso de una joven que ya no se encuentra en el país y que fue obligada a ingerir más de 10 litros de cloro. Ella es familiar de un preso político y casi la matan”, relató.

Manifestó que esta comisión realizó una serie de recomendaciones y hacen un llamado a la comunidad internacional, para colaborar con la situación de Venezuela Ante la Corte Penal Internacional.

“No nos vamos a rendir, queremos lograr un país democrático y justicia para las víctimas, no queremos un país de venganza”, culminó.

FUENTE: Redacción/Nota de Prensa/Centro de Comunicación Nacional

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