El gobierno de Keiko Fujimori busca facultades legislativas para enfrentar los retos del país con una respuesta más efectiva del Estado frente a la delincuencia
La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, habla durante la ceremonia en la que recibió sus credenciales presidenciales en Lima, el 15 de julio de 2026
AFPLIMA.- La nueva presidenta de Perú, la derechista Keiko Fujimori, encabezó este miércoles la primera reunión de su gabinete ministerial. Allí acordó pedir autorización al Congreso para emitir sus primeros decretos de mano dura contra el crimen.
De acuerdo con un comunicado de la presidencia peruana, durante la sesión de 90 minutos, se evaluó "una serie de medidas para fortalecer la seguridad ciudadana".
La propuesta pide autorización al Congreso para permitir que el gobierno tenga facultades legislativas para "enfrentar con firmeza los retos urgentes del país, permitiendo una respuesta del Estado más ágil y efectiva frente a la delincuencia y las necesidades de la población".
Fujimori asumió el poder el martes. La hija del expresidente autócrata Alberto Fujimori (1990-2000) prometió durante la campaña que enfrentaría a la delincuencia con puño de hierro, como su padre.
En su discurso de investidura, la mandataria anunció que los militares liderarán la lucha contra el crimen para recuperar el control interno en zonas donde actúan extorsionadores, el narcotráfico y la minería ilegal.
Fujimori fue reconocida por las Fuerzas Armadas y la Policía como su jefa suprema. Luego asistió a un desfile militar, con ocasión del aniversario 205 de la independencia de Perú.
El martes anunció que su otra prioridad, además de la criminalidad, será la prevención frente al fenómeno climático El Niño, que genera lluvias, sequías y calor extremos.
Los meteorólogos estiman que será el más intenso desde 1998, lo que podría golpear la economía y dejar serios daños en zonas vulnerables.
Perú, de 34 millones de habitantes, atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000). Los homicidios en el país pasaron de 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025 y las denuncias por extorsión, de 3.200 a 26.500.
"La gran demanda que tiene el pueblo (...) es que luchemos contra la inseguridad ciudadana. Estoy seguro de que la oposición" va a apoyar este pedido, dijo a la prensa el canciller Carlos Espá.
FUENTE: Con información de AFP
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