GINEBRA.- El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) prorrogó dos años más el mandato de la Misión Independiente de Investigación para que continúe evaluando la situación en Venezuela en la cual persisten las violaciones y los abusos.
La instancia aprobó la resolución este martes, luego de presentar hace días el más reciente informe en el que señaló que la estructura de represión del régimen sigue “intacta” aún después de la caída del depuesto Nicolás Maduro en enero de este 2026.
La resolución, que fue aprobada con 25 votos a favor, 17 abstenciones y los cinco votos de China, Cuba, Vietnam, Egipto y Burundi en contra, expresa preocupación por las "continuas y graves violaciones y abusos", aunque señala avances positivos en el país, señala el reporte.
Entre los avances menciona el restablecimiento de la cooperación y el diálogo con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos
Venezuela se opone
En la resolución, la Comisión pidió a la misión de tres expertos, Sofía Macher (Perú), Alex Neve (Canadá) y María Eloísa Quintero (Argentina/México), conformada en 2019, que presentara informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela durante las sesiones que se celebrarán en el otoño de 2027 y 2028.
Según el reporte, la delegación venezolana ante el Consejo de Derechos Humanos, antes de la votación, se mostró contraria a que la misión continuara su mandato en el país.
"Ha llegado el momento de superar los mecanismos de escrutinio establecidos sin el consentimiento del Estado concernido", señaló.
"Consideramos igualmente necesario que cualquier renovación de este mecanismo contemple una perspectiva clara para su terminación. Los mecanismos extraordinarios no deberían perpetuarse indefinidamente ni renovarse de manera automática", agregó la delegación.
Cambios exigentes
La experta Sofía Macher, presidenta de la misión, argumentó en días previos que la labor independiente era más importante que nunca para poder acreditar si se producen cambios efectivos en Venezuela, particularmente frente a un eventual escenario de transición política.
La resolución muestra preocupación por "persistentes deficiencias en el Estado de derecho, el espacio cívico y la independencia del sistema judicial" en Venezuela que, en su opinión, amenazan con contribuir a "una impunidad generalizada".
Por ello, en el texto se instó a Venezuela a respetar y proteger las libertades de expresión, reunión pacífica y asociación, se pidió el fin de las restricciones al espacio cívico y democrático y se exhortó a liberar de forma "inmediata e incondicional" a todas las personas recluidas arbitrariamente.
Además, recordó que la crisis humanitaria y de derechos humanos en el país obligó desde 2016 a millones de personas a abandonar el país en condición de refugiados y solicitantes de asilo en otros países.
FUENTE: Con informaión de EFE